El mecanismo de Obras por Impuestos fue diseñado para acercar las empresas a la paz. Con la Ley 1819 de 2016, el Gobierno Nacional lo creó como una forma alternativa de pagar el impuesto de renta, a través de la ejecución de proyectos de inversión en zonas afectadas por el conflicto. La FIP, con el apoyo de la Embajada de Suecia, le ha venido haciendo seguimiento al mecanismo desde su primera vigencia y cuatro después concluye que es atractivo para el sector empresarial pues, como lo demuestran las cifras, son cada vez más las empresas que tienen interés en usarlo. Bien ejecutado, Obras por Impuestos plantea una fórmula “gana-gana” para los contribuyentes, el gobierno y las comunidades. Sin embargo, en medio de la reforma que hoy atraviesa, vale la pena preguntarse si realmente está contribuyendo al cierre de brechas y a la transformación de los territorios más afectados por el conflicto.  

Al analizar los datos reportados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y luego de realizar entrevistas a varios actores del sector empresarial, surgen algunas reflexiones. En el documento “Obras por Impuestos, ¿estratégico para la paz? Evolución y futuro del mecanismo”, ofrecemos un balance sobre la distribución geográfica y sectorial de los 141 proyectos que se han aprobado hasta ahora, las empresas que han participado y algunas recomendaciones para que el nuevo gobierno lo fortalezca.

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El balance  

1. Sobre la concentración geográfica es importante no perder de vista el objetivo inicial del mecanismo de impactar a los territorios más afectados por el conflicto.

Si bien 77 de los 141 proyectos aprobados en todas las vigencias han estado dirigidos a los territorios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tan solo han logrado impactar el 52% de estos municipios. El impacto en los PDET se puede ver aún más reducido teniendo en cuenta que la ley de financiamiento de 2021 abrió la posibilidad de ejecutar proyectos de importancia estratégica para la reactivación económica y en las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). Lo anterior desvirtúa el espíritu inicial del mecanismo como un instrumento de construcción de paz, ya que los recursos no serán dirigidos, únicamente, a los territorios más afectados por la violencia.   

2. Sobre la concentración sectorial, sugerimos implementar obras que tengan un impacto estratégico en los territorios y un alto potencial transformador.

Los proyectos seleccionados hasta ahora se concentran en los sectores de infraestructura y educación, donde hay un número significativo de proyectos de dotación. Si bien los contribuyentes se sienten atraídos por este tipo de proyectos, que acarrean menos riesgos durante su ejecución, también se caracterizan por tener un menor impacto transformador.   

3. Sobre los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PART), es necesario que exista una mayor articulación entre el mecanismo y las iniciativas y necesidades identificadas en los PDET.

Del total de obras ejecutadas en zonas PDET, 63 están alineadas con iniciativas PATR. Estas cifras evidencian que pueden ser mayores los esfuerzos para aumentar la alineación en el futuro. La FIP hace un llamado a reconocer los esfuerzos de participación logrados en el marco de los PDET, pues la construcción de paz requiere de sinergias entre los diferentes actores, mecanismos y estrategias. Eso implica construir sobre lo construido.

Recomendaciones para fortalecer el mecanismo  

La estructuración de proyectos: Hay que seguir fortaleciendo las capacidades de la institucionalidad local y las comunidades para formular proyectos y garantizar que respondan a las necesidades de los territorios.   

El banco de proyectos: Recomendamos que el banco pueda integrar un mayor número de proyectos. No obstante, solo deben estar aquellos que tengan la factibilidad técnica completa.   

El cupo CONFIS: Es necesario ampliar el monto total de inversión. La confianza ganada en los contribuyentes hacia el mecanismo no puede ponerse en riesgo por falta de recursos.   

La asimetría de riesgos: Recomendamos a las entidades competentes y a las empresas trabajar juntas para encontrar esquemas que permitan equilibrar la asimetría de riesgos.   

La opción fiducia y la opción convenio: Sugerimos ampliar el portafolio de proyectos para la opción fiducia y no atar un porcentaje del cupo CONFIS a la opción convenio.  

La importancia de la información: Recomendamos habilitar más espacios para intercambiar información que potencien el uso del mecanismo.   

El compromiso desde la alta gerencia y equipos de trabajo: Debe existir un compromiso desde la alta gerencia de la empresa que apruebe y facilite la participación. Además, recomendamos contar con un equipo o persona encargada de liderar el proceso dentro de la organización.   

La familiaridad con los proyectos: Sugerimos que las empresas conozcan los detalles del proyecto a ejecutar y se realicen las verificaciones necesarias antes de su implementación.

La construcción de la paz requiere de la acción decidida de todos los sectores de la sociedad, entre ellos del sector empresarial. Por su capacidad de generar desarrollo y riqueza, por su capital humano, experiencia y conocimiento, este sector cobra un papel protagónico en el proceso de transformación territorial. La construcción de la paz implica que las empresas actúen de forma corresponsable con los territorios para lograr cambios palpables, medibles y reales, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables y de aquellos que históricamente se han visto afectados por el conflicto y la violencia. Esto es lo que desde la FIP hemos denominado la paz posible.   

Obras por Impuestos funciona y es atractivo para los contribuyentes. Sin duda, el Gobierno Nacional debe mantener el mecanismo y realizar esfuerzos para aprovechar todo su potencial transformador. Para ello se requiere que las obras se concentren en las zonas más afectadas por el conflicto y que, a su vez, se aprueben proyectos que tengan un impacto estratégico e integral en estos territorios.