Un año después de que el gobierno Duque pusiera en marcha la política “Paz con legalidad” —que busca ser la hoja de ruta para la estabilización del país—, la FIP analiza los incentivos que se le dan al sector empresarial y propone una serie de recomendaciones para fortalecer el rol de los empresarios en la construcción de paz.

Esta Guía se construyó a partir de cuatro diagnósticos regionales (Atlántico, Cauca, Santander y Valle del Cauca) que permitieron identificar algunos de los principales retos y dilemas que enfrentan las empresas que operan en Colombia. Dentro de los hallazgos identificados, se encontró que la extorsión es uno de los temas que más preocupa al sector empresarial, debido a los riesgos que deben afrontar las empresas por cuenta de este delito. La Guía presenta insumos para el manejo de los casos de extorsión.

Buenaventura es el puerto más importante del Pacífico colombiano, y sin embargo, la situación de pobreza, exclusión y marginalidad de su población es alarmante. Sumado a esta delicada situación social, el narcotráfico, la presencia de múltiples actores al margen de la ley, así como las economías ilegales y la corrupción consumen el puerto, convirtiéndolo en un entorno complejo para la operación empresarial. Por ello, este estudio se centra en el diseño de recomendaciones útiles para la gestión empresarial en el caso puntual de Buenaventura, así como en entornos complejos en general.

Ante una eventual firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, es importante reconocer cuál es la percepción de los empresarios frente a este escenario y cúales son sus posibles aportes para el postconflicto.