Conozca la importancia de que el Estado colombiano cuente con una versión actualizada de su PNA. Tomando como base 20 experiencias internacionales de diseño, implementación, seguimiento y actualización de Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos (PNA), y las lecciones aprendidas del primer PNA colombiano (2015-2018), desarrolla una hoja de ruta para elaborar e implementar efectivamente una política pública en empresas y derechos humanos.

El documento sigue lo planteado por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos encargado de promover la divulgación y aplicación a nivel global de los PRNU.

¿Por qué un documento sobre PNA en el actual contexto colombiano?   Según el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el principal desafío para los Estados radica en su responsabilidad más evidente: proteger los derechos de las personas que puedan ser afectadas por la actuación de terceros en sus territorios, incluidas las empresas.

En un esfuerzo por superar este desafío, los PNA constituyen estrategias de política pública desarrolladas por los Estados para proteger a las personas de los impactos negativos que puedan generar las empresas en los derechos humanos.

Como el Gobierno colombiano está actualizando el PNA, este documento FIP se convierte en una contribución al proceso para avanzar en la superación de múltiples desafíos frente al deber estatal de proteger los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. Esta actualización del PNA es una oportunidad para fortalecer la apropiación de la agenda de empresas y derechos humanos, a partir de una política pública legítima y robusta que conduzca a transformaciones positivas tangibles en la situación de derechos humanos en Colombia.

¿Qué encontrar?

El documento presenta, a modo comparativo, el contexto internacional sobre el estado actual de los PNA y proporciona estadísticas y experiencias de aprendizaje de países como España, Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Chile. También incluye un contexto nacional que describe los antecedentes de políticas públicas en derechos humanos en Colombia, analizando cómo el PNA se relaciona con este marco de política.

A partir de ahí describe cinco elementos esenciales a considerar en el diseño, implementación, seguimiento y actualización de un PNA efectivo, en qué consisten y cómo se relacionan con el caso colombiano.

Finalmente, la FIP da 13 recomendaciones dirigidas al Estado y al actual Gobierno Nacional para contribuir a que el PNA, en su nueva versión, integre elementos que generen un valor agregado respecto a su primera vigencia.