Esta columna de opinión se publicó en La Silla Vacía el 1 de agosto de 2020

Desde que en Colombia se empezaron a tomar medidas contra la covid-19, a mediados de marzo, se ha visto un incremento pronunciado del desempleo en las mujeres, de la carga de labores de cuidado y de las violencias basadas en género, lo que dejará consecuencias que se extenderán más allá de la pandemia. Lejos de mejorar con las medidas de reactivación, las cifras negativas siguen en aumento y por ello es urgente proponer soluciones que contribuyan a controlar los efectos inmediatos de la crisis y evitar que se mantengan en el tiempo.

En la FIP hemos venido haciendo un seguimiento permanente a la respuesta del sector empresarial a la pandemia, entre otras variables, al estado del empleo para las mujeres, con la idea de ayudar a evitar los impactos negativos.

El desempleo en la crisis aumenta la brecha de género

Veníamos de un escenario relativamente optimista. En la última década, la tasa de participación laboral de las mujeres en Colombia aumentó 8,1 puntos porcentuales[1]. Sin embargo —además del retroceso que supone el covid-19—, aún antes de que comenzara la pandemia persistían brechas tangibles entre hombres y mujeres. Según el DANE, para 2019 la tasa de ocupación en los hombres llegaba a 67,9%, mientras que para las mujeres era de 45.9%; es decir, una diferencia de 22 puntos porcentuales.

La crisis del covid-19 ha afectado fuertemente el empleo: según las cifras publicadas por el DANE, la tasa de desempleo en mayo aumentó 10,9% frente al mismo mes del año anterior. Un efecto que ha sido mayor sobre las mujeres, que pasaron de una tasa de 13,4% en 2019 a una de 25,4% en 2020 (un aumento de 12%, mientras que para los hombres fue de 10,3%).

Hay dos factores clave que hacen que los efectos sean más severos sobre las mujeres: uno, que trabajan mayoritariamente en sectores de servicios, los más golpeados por las medidas de manejo de la pandemia; y otra, que el aumento en la carga de labores de cuidado dificulta la posibilidad de que accedan a un trabajo y puedan mantenerlo no solo durante la pandemia, sino también en la recuperación económica.

Al respecto, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares[2], el 56% de las mujeres que trabajan lo hacen en los sectores más desacelerados por la crisis del covid-19: el comercio al por menor, hoteles y restaurantes, servicio doméstico y otras actividades económicas que comprenden servicios de peluquería y limpieza en oficinas y comercios. Sectores afectados porque requieren presencia en el lugar de trabajo y contacto personal, prácticas altamente restringidas en esta coyuntura.

Esos sectores reúnen a 3.734.659 mujeres y representan el 40% del total de mujeres ocupadas en Colombia. Por tanto, una contracción prolongada provocada por las restricciones impuestas desde el Gobierno Nacional o local, o incluso por la baja en la demanda de los servicios prestados en estos sectores, representa una pérdida importante de empleos para las mujeres. Esa situación ampliará las brechas de género en materia laboral y retrasará la paridad en el derecho al trabajo, generando una enorme pérdida para la productividad del país ya que se perderá un porcentaje importante de capital humano y se disminuirá el rango de habilidades y visiones que favorecerían la innovación y el crecimiento.

Labores de cuidado ¿el lugar de las mujeres es el hogar?

En la sociedad colombiana se considera a los hombres la cabeza del hogar y los proveedores de ingresos primordiales. Por eso, se asume que sus decisiones son más importantes en los núcleos familiares y sus trabajos más significativos que los de las mujeres.

Estos roles y creencias sociales tienen incidencia en el ámbito laboral. Según el Informe Nacional de Empleo Inclusivo realizado en 2019[3], en Colombia hay una brecha salarial que afecta negativamente a las mujeres: ganan 88 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Esto se puede explicar por distintos factores:

• Los empleadores encuentran menos deseable contratar mujeres que hombres porque consideran que la maternidad —o su posibilidad—, acarrea costos altos para las empresas, y que las mujeres se concentran demasiado en las responsabilidades del hogar lo que inhibe desempeñarse adecuadamente en el lugar de trabajo.
• Pueden ingresar más fácilmente a trabajos que son socialmente menos valorados y peor pagos. Todavía se mantienen las creencias de que las mujeres no tienen las capacidades intelectuales o emocionales para manejar cargos de alta complejidad y, por eso, aunque tengan una mejor formación, no se les considera como candidatas en buena parte de las ofertas laborales para ocupar posiciones de responsabilidad y/o poder.
• Asumen jornadas de trabajo más cortas para encargarse de labores de cuidado, ya que estas no son una carga compartida en el hogar.
• Como consecuencia de los cánones sociales que entienden a las mujeres como menos capaces o eficientes, a la hora de buscar y acceder a un trabajo, ellas mismas se subvaloran y trabajan por salarios más bajos.

Desde antes de la llegada del covid-19, las mujeres en Colombia eran —mayoritariamente— las encargadas de las labores del hogar, a las que dedicaban, en promedio, 50,6 horas semanales (mientras que los hombres solo 23,9 horas[4]). Con la llegada de la cuarentena, las mujeres han asumido una sobrecarga adicional de estas labores, pues las tareas del hogar han aumentado debido a la presencia constante de personas.

A ello se suman otras nuevas, como la educación y entretención de niñas y niños en casa, y el cuidado de otras personas que habitan el hogar, como adultos mayores. Todo sin remuneración alguna. Esto incide en una menor posibilidad de las mujeres de acceder y mantener un trabajo fuera de casa, realizar algún tipo de estudio o incluso descansar, lo que termina afectando su salud física y mental, y la posibilidad de contar con ingresos propios o mejorarlos.

Si las labores de cuidado —cuidado de personas, el suministro de alimentos, la limpieza y administración del hogar— fueran pagas, representarían el 20% del PIB y serían el sector más importante de la economía, por encima del comercio, que representa el 17,5%.

Pero como lo anterior está lejos de ser una realidad, pone en una clara posición de desventaja a las mujeres, y más, en estos tiempos de pandemia. La ecuación es tan sencilla como dramática: la confluencia de la pérdida masiva de empleos por el covid-19 y el aumento de las labores del hogar, hará que las decisiones sobre el retorno al empleo se decanten hacia los hombres, lo que confinará a las mujeres aún más al ámbito doméstico, una pérdida enorme en la lucha por la equidad.

Violencias basadas en género, una emergencia dentro de la emergencia

En marzo, cuando el Gobierno Nacional y las autoridades locales iniciaron las medidas de aislamiento obligatorio para controlar la propagación del virus, empezó a detectarse un aumento vertiginoso en los reportes de violencias contra las mujeres. Esto puso en alerta las redes de apoyo estatal y de base dispuestas para atender los casos, ya que ocurrió sobre una realidad preexistente de por sí preocupante: en 2018, 62% de las mujeres sufrió violencia psicológica, 46% violencia física, 28% violencia económica y 25% violencia sexual[5].

Entre el 25 de marzo y el 11 de abril de 2020, cuando empezó el manejo de la pandemia, un informe de SISMA Mujer[6] reveló que las llamadas realizadas a la línea 155 —que orienta a mujeres víctimas de violencia—, aumentaron un 129.15%. Es decir, pasaron de 964 en 2019, a 2.209 en 2020. Las llamadas por violencia intrafamiliar aumentaron en 141.91%, (pasaron de 692 en 2019 a 1.674 en 2020) y las llamadas por delitos sexuales se incrementaron en 76.47%. Eso significa que el encierro prolongado, como medida de manejo de la pandemia, estimuló las condiciones para que las violencias de género se convirtieran en una emergencia dentro de la emergencia.

Por su parte, la Fundación Feminicidios Colombia ha señalado que 47 de los 110 feminicidios confirmados en 2020 han ocurrido durante de la cuarentena. En el 68% de los casos, las parejas y exparejas han sido los victimarios, y el lugar más peligroso ha sido la vivienda, con 75% de los casos.

Estos datos evidencian varias cosas: que el encierro ha sido una situación agravante y que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado que se manifiesta solamente cuando las víctimas se exponen a situaciones de riesgo, sino que hace parte de la forma en la que nos construimos como sociedad.

Lo que ha ocurrido en materia de violencias basadas en género desde que empezó el aislamiento a nivel nacional es el reflejo de una realidad en la que el bienestar y los derechos de niñas y mujeres se ven comprometidos en sus propios hogares. Eso solo deja de manifiesto que no hay lugares seguros, particularmente en tiempos de covid-19.

Sector empresarial, un llamado a la acción

Con un panorama como este, en el que las desigualdades de género y la discriminación naturalizada, aunadas a los efectos del covid-19, comprometen la integridad de las mujeres y su posibilidad de tener una vida digna, se hace necesario que las soluciones se planteen a través de acciones articuladas, pues el esfuerzo que se requiere es enorme.

Por ello, es fundamental que el sector empresarial se involucre de manera decidida, no solo revisando sus propias prácticas para asegurar que no aumenten los impactos negativos sobre las mujeres, sino tomando acciones que las pongan en el foco de la recuperación.

Desde la FIP proponemos una serie de recomendaciones en clave de conductas empresariales responsables, para que las empresas avancen decididamente en el respeto y promoción de los derechos de las mujeres y contribuyan a mejorar su situación en el covid-19 y en la recuperación:

• Participación y representación

Las empresas deben analizar cada medida a tomar y verificar si tiene efectos diferenciales sobre las mujeres, esto evitará que invisibilicen tales efectos, previniendo impactos desproporcionados para ellas. Para lograrlo, es esencial que haya participación de mujeres en las instancias en las que las empresas analizan y planean cómo actuar frente a la pandemia, y es necesario que esas mujeres tengan voz y voto en las decisiones.

• Condiciones laborales

Muchas empresas han visto afectados sus ingresos en la pandemia. Esto las ha llevado a tomar decisiones drásticas como cierres temporales, rebajas en los salarios o despidos de personal. Si bien estas respuestas a la emergencia pueden ayudar a las empresas a mantenerse a flote, es importante que los criterios para determinar cómo aplicar tales medidas de forma no discriminatoria. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando las decisiones se basan en creencias de que los hombres son preferibles y más eficientes en el lugar de trabajo que las mujeres, o que el trabajo de ellos vale más que el de ellas.

Asimismo, y debido a las nuevas condiciones impuestas por el covid-19, en las que las labores de cuidado han aumentado su carga horaria —especialmente por el cierre de instituciones educativas—, las empresas deben prestar particular atención al balance de la vida familiar y laboral. Se hace necesario que se implementen estrategias para prevenir y mitigar las posibles situaciones de discriminación en el entorno laboral que recaigan sobre las mujeres cabeza de hogar o con personas a su cargo; evitando despidos y bajas salariales, además de trabas en los procesos de contratación o recontratación.

Otras iniciativas a desarrollar durante y después de la emergencia, deben estar dirigidas a la flexibilización de horarios laborales, para hacer ajustes razonables, de forma que las mujeres con personas a cargo puedan atender estas necesidades de cuidado sin perder sus trabajos y sin que ello se interprete como ineficiencia de las mismas para desempeñarse en el ámbito laboral.

• Violencias basadas en género

Aunque durante mucho tiempo se consideró que la violencia contra la mujer era un asunto del ámbito privado en el que nadie debía intervenir, hoy se entiende que tiene raíces profundas en el entramado social y que debe ser atendido de manera conjunta por parte de entidades públicas y privadas que contribuyan a modificar los patrones culturales, sociales y políticos que lo hacen posible.

En este sentido, las empresas deben implementar medidas de sensibilización a sus trabajadoras, trabajadores y socios comerciales sobre los derechos de la mujer, la erradicación de las violencias basadas en género, el acoso laboral y sexual, y las rutas institucionales para proteger a las mujeres.

Además, las empresas pueden habilitar canales internos a los que sus trabajadoras puedan acudir para buscar apoyo en caso de ser víctimas de violencias. En ellos debe haber personal capacitado para brindar orientaciones sobre los recursos disponibles, públicos y privados, para dar respuesta a este tipo de violencias.

Las empresas también pueden idear estrategias de ayuda para sus clientes y consumidoras. Una estrategia que ha sido usada por almacenes de cadena y otras organizaciones, es la creación de mecanismos de comunicación segura en los que las mujeres pueden acceder a atención en caso de ser víctimas de violencia.

La pandemia ha amplificado las desigualdades de género ya existentes. Sus efectos sociales y económicos sobre las mujeres van dejando una huella que parece ahondarse con el paso de los días. Por ello es necesario que el sector empresarial ponga a las mujeres en el centro de sus medidas y esfuerzos —los que haga por su cuenta y aquellos que articule con otras entidades—, contribuyendo de esa forma a frenar el retroceso en la equidad entre hombres y mujeres, acelerado por la pandemia, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general.