Durante su primer año de gobierno, el presidente Iván Duque ha reafirmado, en más de un escenario, su compromiso por respetar y hacer cumplir la implementación del Acuerdo de Paz. En la Fundación Ideas para la Paz —particularmente desde el Área de Empresas y Paz—, decidimos analizar la política de “Paz con Legalidad” que, bajo la nueva narrativa de Gobierno, pretende ser la hoja de ruta para la efectiva estabilización del país. Este análisis, sin embargo, no busca estudiar ni comprender la política en su totalidad, sino centrarse exclusivamente en los incentivos que se le dan al sector empresarial colombiano para que se involucre y adquiera un papel protagónico.

La política “Paz con Legalidad” comienza con un detallado diagnóstico del panorama de implementación del Acuerdo. En él, advierte que existen serios problemas a nivel de articulación institucional entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales, y estipula que no se propusieron techos presupuestales a la hora de la planificación (lo que hace que, la ejecución de los programas sea poco realizable). Sin embargo, a pesar de listar estos problemas, la política se queda corta, por lo menos en un primer momento, al proponer estrategias, programas y proyectos que solventen los problemas heredados del Gobierno pasado.

A propósito del rol de las empresas en la construcción de paz, “Paz con Legalidad” afirma que, a nivel político, es necesario mantener activo un relacionamiento que les permita compartir la visión de Gobierno para “estabilizar los territorios”. Pero, ¿en qué consiste esta propuesta?

El plan de Duque para involucrar al sector privado en la llamada estabilización se sostiene sobre tres pilares fundamentales:

1. Las exenciones tributarias en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC): Este mecanismo, propuesto por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, busca brindarle una exención tributaria temporal a empresas nuevas que se establezcan en las ZOMAC. Frente a él, la política del presidente Duque solo menciona que se debe instaurar una norma más estricta que establezca un filtro efectivo para las nuevas empresas, de tal manera que se evite la evasión de impuestos y se genere empleo en los territorios.
2. Obras por impuestos: Este instrumento, creado en la última Reforma Tributaria del Gobierno pasado, busca brindarle a las empresas la posibilidad de que paguen hasta el 50% de su impuesto de renta por medio de la ejecución de obras públicas en las ZOMAC (Ver seguimiento de la FIP). El actual Gobierno se ha enfocado en mejorar el programa —que ya va por su segunda versión y ha financiado obras por más de 400 mil millones de pesos—. En la política se afirma que el mecanismo “se replanteará por completo”, sin embargo, la Consejería para la Estabilización, encabezada por Emilio Archila, ha liderado una serie de reformas que empezarán a cobrar vigor desde su tercera vigencia. Algunas de estas transformaciones radican en un particular enfoque de las obras a los municipios PDET, la ampliación de los sectores en los cuales se pueden desarrollar proyectos, y la definición de la naturaleza de los recursos al momento de ejecutar las obras, entre otras.
3. Beneficios por esfuerzos conjuntos que propendan el desarrollo: Este programa resulta poco comprensible, por lo menos desde su lectura. Al parecer, busca la transferencia de tecnología y el fomento de proyectos colectivos que se viabilicen en las ZOMAC. A cambio, las empresas recibirán descuentos tributarios de hasta el 20% de la inversión, y de hasta el 30% si transfieren tecnología. Sobre esto valdría la pena desarrollar puntos como: ¿Qué tipos de proyectos contempla? ¿Cómo se materializaría la exención? ¿Sobre qué impuestos? ¿Cuál es el límite de la exención?

¿Qué propone la FIP?

La Fundación propone que se reconozca a la empresa como un actor en el territorio que ha sido parte de las dinámicas de la paz y de la guerra. Si se exploran los distintos matices de esta relación, se abriría un incentivo que va más allá de los netamente económicos y tributarios. ¿Cómo hacerlo?

1. El Estado puede fomentar una cultura por el respeto a los derechos humanos que prometa una acción sin daño y una mejor convivencia en el territorio donde operen las empresas. De hacerlo, se estaría abogando por una acción preventiva por parte de la empresa a la luz de la construcción de paz.
2. El Gobierno puede involucrar instituciones como el SENA, INNpulsa y MinCit, con el fin de promover alianzas estratégicas entre las empresas y las comunidades. Si se aprovechan los recursos y el conocimiento de la empresa, así como los incentivos reputaciones que este tipo de proyectos le brindaría a la organización, la compañía puede gestionar programas de empleabilidad y capacitación, así como estimular emprendimientos locales y agregarlos a su cadena valor.
3. Se deben unificar las instancias de planificación territorial y participación creadas en el Acuerdo de Paz, como los PATR, los PISDA y los PIRC. Fortalecer y sintonizar la gobernabilidad de estos programas agiliza la materialización del sector empresarial y evade la incertidumbre jurídica. La política de “Paz con Legalidad” no articula las distintas instancias, lo que podría hacerse por medio de las hojas de ruta que articularían e integrarían los Planes Nacionales Sectoriales y los Planes Marco de Implementación.
4. El sector empresarial puede trabajar de la mano con la institucionalidad en la promoción de los emprendimientos estratégicos para la paz, la reincorporación económica de excombatientes (Leer: Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes de las FARC), y la sustitución de cultivos ilícitos, temas de especial interés por parte del Gobierno que no se tocan en la política de Estabilización.

En síntesis, la política del gobierno Duque retoma y fortalece los incentivos empresariales para la paz que vienen desde el Gobierno pasado. Sin embargo, la visión del sector empresarial en este tipo de tareas y proyectos puede fortalecerse aún más. La FIP hace un llamado a expandir la comprensión del aporte empresarial en la construcción de paz.