La Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP, Nataly Sarmiento, fue invitada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a participar en el panel “Mecanismos de reclamación no estatales en América Latina y el Caribe”. La sesión se centró en discutir la situación de estos mecanismos y los desafíos asociados con su uso y administración. 

Durante el panel, Sarmiento indicó que los criterios de eficacia de los Principios Rectores para mecanismos operacionales no se ponen en marcha en el vacío, sino en medio del relacionamiento cotidiano que las empresas tienen con sus grupos de interés. Afirmó también que un asunto central para desafiar la eficacia de este tipo de mecanismos es la desconfianza que, en ocasiones, permea la relación entre la empresa y los potenciales usuarios de los mismos.  

Ejemplo de ello, indicó, son dos criterios de los Principios Rectores: el de legitimidad y el de participación y diálogo. Frente al primero, aseguró que la implicación práctica de la desconfianza es que las personas se abstienen de usar este tipo de mecanismos pues consideran que pueden estar sesgados a favor de la empresa. Sobre el segundo, argumentó que esta desconfianza distorsiona la posibilidad de consultar a los grupos de interés sobre el diseño, operación y evaluación de este tipo de instancias extrajudiciales de remedio.

Reconstruir las relaciones empresa-comunidad

Por otro lado, la FIP señaló que las empresas tienen una vasta experiencia en materia de trámite y respuesta a reclamaciones, pero que hay un salto cualitativo importante cuando se trata de atenderlas adoptando un enfoque de derechos humanos. Sarmiento finalizó afirmando que “el camino hacia adelante supone hacer mejores apuestas por reconstruir las relaciones empresa-comunidad, habilitar procesos de diálogo para la acción y, sin duda, una mayor disposición por parte de las empresas para referirse abiertamente al concepto mismo de reparación de aquellos afectados por vulneraciones a sus derechos”. 

El panel, moderado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también contó con las intervenciones de Victoria Márquez-Mees, Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Peter Hall, asesor de derechos humanos y conducta empresarial responsable de la Organización Internacional de Empleadores; y Alejandro Salinas, abogado experto en estos asuntos y profesor de la Universidad de Chile.

La Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos es la reunión más importante de la región en esta área. Proporciona un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los grupos afectados, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas en la prevención y el tratamiento de los impactos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas.