La paz no suele ser vista como un tema del mundo de los negocios, menos cuando parece convertirse cada vez más en una bandera electoral que no va más allá de las discusiones de quienes están a favor o en contra de las negociaciones de La Habana y su implementación. Sin embargo, la experiencia internacional nos muestra que detrás del concepto de Paz —en su sentido amplio—, se puede encontrar la receta para el éxito de un país sostenible y competitivo a futuro.

En escenarios de operación empresarial tan complejos como el colombiano, el aporte que las empresas hagan a la construcción de paz puede determinar la posibilidad de que mantengan unas relaciones sanas y constructivas con sus stakeholders, al tiempo que contribuyen a que la sociedad, en general, sea cada vez más equitativa y próspera. Pese a ello, la tarea resulta difícil cuando no es claro qué significa construir paz o qué papel deben jugar las empresas y sus líderes, ni tampoco entender cuál puede ser el rédito de involucrarse en un tema tan polémico en Colombia.

Es por eso que la Fundación Ideas para la Paz y la Cámara de Comercio de Bogotá diseñamos EmPaz, Medición Empresarial para la Paz, una herramienta tecnológica que permite valorar el verdadero impacto en la construcción de paz de una empresa de cualquier tamaño y sector. Las siguientes 10 preguntas hacen parte de EmPaz y pueden dar una buena idea de dónde están paradas las empresas en cuanto a su aporte a la paz de Colombia (Conozca más de EmPaz "Ahora los empresarios cuentan con una herramienta para medir su aporte a la paz")

1. ¿Diseña e implementa acciones comerciales y sociales de tal forma que no generen o aumenten conflictos en el área de intervención?

Operar en entornos de conflicto requiere realizar un análisis riguroso de las conflictividades presentes y revisar el impacto que la empresa tiene en los entornos. Por ejemplo, empezar grandes proyectos comerciales en zonas desfavorecidas puede ocasionar conflictos cuando la llegada de operadores de otras regiones afecta el mercado laboral y el tejido social local, o inversiones sociales que benefician a alguna población en particular pueden generar tensiones cuando otros grupos se sienten excluidos. Prevenir, mitigar y corregir este tipo de riesgos es clave antes, durante y después de cualquier tipo de intervención de su empresa.

2. ¿Sus operaciones o inversiones en zonas afectadas por el conflicto tienen en cuenta criterios de inclusión de poblaciones vulnerables como clientes o beneficiarios?

Desde un enfoque empresarial del valor compartido, la empresa puede diseñar estrategias de negocio de tal forma que los productos y servicios, así como sus canales de distribución, sean destinados a este tipo de poblaciones. Crear valor para los consumidores de la base de la pirámide que han sido desatendidos debido al conflicto no solo genera beneficios sociales, sino también tangibles para la compañía, pues puede abrir nuevos mercados y mayores rendimientos, teniendo en cuenta el potencial de consumo que representa este amplio segmento de la población.

3. ¿Previene, desincentiva y castiga actividades en la cadena de suministro que fomenten las economías ilegales ligadas al conflicto?

Las empresas deben contar con políticas de compra, estrategias de comercialización, cláusulas contractuales, políticas y mecanismos de selección y evaluación de proveedores para prevenir actos fraudulentos y actividades como el contrabando, lavado de activos o, incluso, la financiación de grupos armados ilegales. Desincentivar las economías ilegales en entornos afectados por el conflicto mediante un relacionamiento transparente con proveedores y socios de negocio, es un aporte importante que su empresa puede hacer para promover una cultura de legalidad.

4. ¿En sus políticas de contratación y gestión de personal crea oportunidades para población reincorporada, víctima y/o vulnerable?

La generación de empleos para proveer ingresos y oportunidades a estas poblaciones no solo se realiza mediante la creación de vacantes estables; también se pueden ofrecer programas de pasantías o voluntariado. Es importante propiciar oportunidades de ascenso, acompañamiento en el desarrollo de habilidades “duras y blandas”, e incentivos para promover el desempeño ejemplar y logro de metas para los nuevos trabajadores vinculados.

5. ¿Vincula en su cadena de suministro a empresas y proyectos productivos de población reincorporada, víctima y/o vulnerable en razón del conflicto?

Su organización, como “empresa ancla”, puede implementar estrategias comerciales contratando a este tipo de empresarios o productores locales, y ofreciendo un acompañamiento para su crecimiento con asistencia técnica, por ejemplo, capacitaciones o facilidades de pagos y créditos. Este tipo de acciones no solo elevan el nivel de vida de productores locales, sino que, además, crean cadenas de suministro de calidad para su empresa y entornos de operación más prósperos y estables.

6. ¿Lleva a cabo diálogos con comunidades locales, antes y durante la realización de operaciones que las puedan afectar?

Más allá de las obligaciones de la consulta previa que impone la ley para ciertos tipos de proyectos, es clave que las empresas cuenten con mecanismos de diálogo permanentes con las poblaciones locales en áreas de operación afectadas o en riesgo de conflicto. Entre los ejemplos de acciones para prevenir, mitigar y corregir posibles inconformidades que puedan surgir y garantizar la licencia social de operar, están las mesas de concertación, grupos focales para recibir retroalimentación, oficina de quejas y reclamos, y espacios de seguimiento a actividades en curso.

7. ¿Realiza acciones para superar experiencias relacionadas con el conflicto armado, vividas por sus integrantes o las comunidades vecinas?

Construir paz desde el sector privado empieza en la propia organización. En el caso de funcionarios que han vivido el conflicto en carne propia, disputas violentas entre la empresa y grupos de interés o la exposición de poblaciones en el área de operación a hechos del conflicto armado, se recomienda implementar acciones reconciliadoras que promuevan una cultura de paz. Se pueden realizar programas de acompañamiento psicosocial, actos de reconciliación de carácter cultural o simbólico, mesas de diálogo con actores locales o procesos de memoria para la reconciliación.

8. ¿Tiene estrategias de incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas para el posconflicto?

Partiendo de un interés compartido que tienen las empresas, las instituciones públicas locales y los actores sociales en garantizar un entorno de operación estable, se recomienda el desarrollo de acciones para participar de forma directa o indirecta en la definición de las acciones económicas, ambientales, de ordenamiento territorial y otras intervenciones que se definan para el desarrollo local. Por ejemplo, participando activamente de los espacios de interlocución local y en el diseño de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

9. ¿Promueve alianzas con otros actores privados, públicos y/o sociales para la promoción conjunta de la paz y la reconciliación?

Por su capacidad de movilización e incidencia, las empresas pueden tener un impacto decisivo en la formación de alianzas para la paz. Este tipo de alianzas pueden ser tan diversas como, por ejemplo, la implementación de alianzas público-privadas (APP) para la provisión de infraestructuras y servicios básicos en áreas priorizadas; alianzas para promover la competitividad en zonas afectadas por el conflicto, o iniciativas para promover la participación ciudadana y el control social de las inversiones públicas para el posconflicto.

10. ¿Promueve entornos propicios para la paz con su oferta de productos y servicios?

Las empresas pueden generar soluciones que aporten a la construcción de paz con su portafolio de productos. ¿Cómo? Ajustando, por ejemplo, la presentación de los productos de consumo masivo con mensajes que promuevan actitudes de reconciliación y cambio pacífico en los consumidores; promoviendo innovaciones tecnológicas como drones para detectar minas antipersona, así como apps para generar alertas tempranas en caso de situaciones de violencia identificadas por el ciudadano; y a través de la diversificación, tecnificación o sofisticación de la producción existente para generar mayor valor agregado y así aportar a la calidad de los mercados en zonas afectadas por el conflicto.