En este escenario, el panel organizado por la FIP buscó visibilizar la importancia de implementar conductas empresariales responsables con enfoque de género para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres, al restablecimiento de sus derechos y al cierre de las brechas socioeconómicas en la región.

Durante la sesión se abordaron los avances y buenas prácticas estatales y empresariales para superar las condiciones estructurales de inequidad de género; las barreras y brechas que dificultan la incorporación de la perspectiva de género en la gestión empresarial; la situación de las mujeres en América Latina debido a la crisis generada por el covid-19; el rol de los Estados en la adopción de medidas con perspectiva de género en el período de recuperación de la pandemia, y soluciones empresariales para adecuarse a la crisis resguardando el bienestar de las mujeres.

Este panel, moderado por Nataly Sarmiento, Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP, contó con la participación de Cecilia Alemany, Directora Adjunta de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; la Directora Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de Argentina, Mercedes D’Alessandro; Julia Neiva, Coordinadora de Desarrollo y Derechos Socio Ambientales de Conectas Derechos Humanos; y la Co-fundadora y CEO de SuperWow, Liliana Franco.

Mujeres latinoamericanas en el ámbito empresarial

La realidad preocupante que ya enfrentaban las mujeres en la región de América Latina y el Caribe respecto a sus condiciones sociales y económicas, las sitúan en una posición desfavorable que limita su capacidad de alcanzar una vida digna. A esto se ha sumado la crisis generada por el covid-19, que no ha hecho otra cosa que evidenciar y profundizar las desigualdades de género que ya estaban presentes.

Bajo a esta premisa, las panelistas enfatizaron que ha habido avances que se deben reconocer en materia de equidad de género en las actividades empresariales, pero que aún queda mucho por hacer frente a los impactos diferenciados que estas actividades tienen sobre los derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta la importancia de incorporar medidas reales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres más allá de la crisis actual, se señaló que cualquier esfuerzo para recuperar el tejido productivo debe integrar una perspectiva de género en el que se analicen y visibilicen las realidades de esta población. Esta perspectiva también debe considerar un enfoque de interseccionalidad en el que se reconozcan aspectos como la raza, etnia o condición socioeconómica, entre otros, los cuales inciden sobre las vulnerabilidades a las que están expuestas las mujeres.

No sólo la inclusión de aspectos diferenciales es un aspecto importante. La centralidad en garantizar una representación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, sobretodo alrededor de esta crisis, implica empoderarlas y hacerlas partícipes en los procesos de toma de decisiones a nivel estatal y empresarial.

Casos como la formulación de políticas públicas cuyos debates, parámetros y metodologías vinculan las condiciones y la visión de las mujeres o acciones empresariales que dignifican su labor en los sectores productivos por medio del fortalecimiento de capacidades y el acceso a recursos económicos, fueron algunos de los ejemplos planteados en el panel, y que demuestran la posibilidad de adoptar soluciones transformadoras desde la perspectiva de equidad de género.

Oportunidades para la acción

Durante el evento se mencionó que, aunque existe un claro avance en la adhesión simbólica a los asuntos de género, se necesita pasar de la expresión a la acción. Las transformaciones que se requieren incluyen innovar en materia de políticas públicas y evaluar modelos de negocios que se fundamenten en estructuras discriminatorias.

Cecilia Alemany enfatizó en que debe fortalecer la divulgación de las Dimensiones de género de los Principios Rectores, que los Estados alienten a las empresas a incorporar estas directrices en sus negocios, y que se promulguen más Planes Nacionales de Acción en empresas y derechos humanos con perspectiva de género. Por su parte, Liliana Franco destacó la capacidad de las empresas de dignificar a la mujer mediante su empoderamiento económico y la adopción de incentivos que mejoren su calidad de vida.

Desde la perspectiva estatal, Mercedes D’Alessandro enfatizó que es necesario informar sobre las políticas públicas con datos adecuados y que se les asignen presupuesto para su ejecución. En Argentina ya se tramitó el primer presupuesto nacional con perspectiva de género, que incluye partidas específicas para las acciones centradas en mujeres. A esto, Julia Neiva adicionó que desde el actuar empresarial hay múltiples medidas con enfoque de género que se pueden adoptar, como los arreglos de trabajo flexibles, conservar las plazas de empleo de mujeres, exigir al Estado cumplir sus compromisos y monitorear sus cadenas de suministro, entre otras.

El espacio concluyó con un llamado a la corresponsabilidad en el que se reconozca que el Estado y el sector empresarial son determinantes para lograr la equidad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, más allá de un contexto de crisis. (Ver AQUÍ todas las sesiones del Foro)

Otras participaciones de la FIP

• Nataly Sarmiento, Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP, realizó la clausura de la sesión El papel de las organizaciones empresariales en la promoción y el fortalecimiento de la agenda de empresas y DDHH organizado por el World Business Council for Sustainable Development-WBCSD. (ver AQUÍ la sesión)
• Lanzamiento del proyecto liderado por la FIP y la Corporación Sisma Mujer, denominado Mujer y covid-19: superando los impactos desproporcionados de la pandemia en sectores económicos críticos mediante conductas empresariales responsables. Esta iniciativa, financiada por el Fondo CERALC, fue seleccionada por la OIT, la OCDE y OACNUDH entre más de 226 propuestas a nivel latinoamericano. El proyecto se centrará en sectores altamente feminizados como lo son el comercio minorista, el servicio doméstico y hoteles y restaurantes.