En la plenaria de cierre del 2021 de Guías Colombia, iniciativa multiactor comprometida con promover conductas empresariales responsables en el país, participó Anita Ramasastry, miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (GTEDH) de Naciones Unidas desde 2016 y directora del programa de posgrado sobre Desarrollo Internacional Sostenible de la Universidad de Washington en Seattle.

La intervención de Anita se basó en el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones de la lucha contra la corrupción, las empresas y los derechos humanos, que ofrece recomendaciones sobre la materia dirigidas a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Se trata de un asunto especialmente relevante en países donde las empresas o sus socios comerciales hayan incurrido en prácticas de corrupción, sobornos o fraudes, o cuando no han surtido un proceso legal o gubernamental en su entorno de operación, lo que puede conducir a abusos en los derechos humanos.

El mensaje principal del informe es que las empresas acepten que la corrupción debe evitarse no solo porque es un riesgo para ellas, sino también para las personas. Lo mismo pasa con las violaciones de los derechos humanos.

Anita empezó su intervención mencionando que, por lo general, muchas empresas tienen un programa anticorrupción a cargo del área legal o jurídica. Sin embargo, es necesario que el área jurídica desarrolle procedimientos para prevenir la corrupción e incorpore métodos para analizar el riesgo de corrupción y su impacto sobre los derechos humanos. En la práctica, eso implica que el área jurídica y aquella donde recae la gestión de los derechos humanos (de RSE u oficina de sostenibilidad) se articulen y trabajen conjuntamente en estos análisis.

Recomendaciones a las empresas, el Estado y la sociedad civil

Como recomendación a las empresas, Naciones Unidas ha solicitado que dediquen más tiempo a pensar en cómo sus diferentes áreas pueden trabajar juntas. Si existe un alto riesgo de corrupción en un país o mercado en particular, habrá un mayor riesgo de abusos a los derechos humanos. En consecuencia, deben reforzar su debida diligencia en derechos humanos y priorizar el riesgo de corrupción. Esto supone pensar en formas de articular el proceso de debida diligencia en DDHH con los esfuerzos de anticorrupción. Además, deben incluir preguntas sobre la corrupción en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, especialmente con las comunidades y titulares de derechos.

En cuanto a las recomendaciones para los gobiernos, Anita indicó que deben asegurar que existan regulaciones estrictas, no solo para prevenir la corrupción sino las violaciones a los derechos humanos. También, se recomienda el desarrollo de políticas que le den mayor importancia a la prevención de la corrupción y los abusos a los derechos humanos.

La experta referenció la Cumbre de Democracia de la Administración del presidente Joe Biden, en la cual se discutió el riesgo de las “empresas fantasmas anónimas” en todo el mundo. Los contratos con estas entidades anónimas pueden exponer a las empresas a un mayor riesgo de fraude y a un mayor daño reputacional. Por eso, actualmente, hay un gran movimiento para hacer transparente el beneficiario efectivo de esas empresas fantasma.

Para luchar contra la corrupción y saber dónde está el dinero, es necesario saber quién es el verdadero propietario de una cuenta bancaria en el extranjero o incluso una cuenta local. Anita explicó que las comunidades tienen el mismo desafío. Por ejemplo, cuando hay un proyecto de infraestructura o de energía, la comunidad puede sufrir vulneraciones a los DDHH asociadas a la tierra, el acceso al agua o los servicios de seguridad; sin embargo, encontrar el propietario real de la empresa que se encarga de proporcionar la solución puede ser difícil. Es por esto que, en materia de políticas contra la corrupción, el informe ofrece ciertas recomendaciones para los gobiernos que se relacionan con la transparencia.

En cuanto a las medidas de reparación por actos de corrupción, la sociedad civil debe jugar un papel activo y relevante porque los problemas de corrupción están asociados a la vulneración de los derechos humanos. El principal mensaje a la sociedad civil, el Estado y las empresas es que trabajen juntos para garantizar una debida diligencia empresarial en DDHH. No es suficiente el enjuiciamiento por corrupción; se requieren soluciones sólidas, un enjuiciamiento enérgico desde las empresas a la corrupción y mecanismos de denuncia.

Desde Guías Colombia se puso en evidencia la necesidad de que el sector empresarial, así como el Estado y la sociedad civil en Colombia, asuman un rol activo en el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.