Este análisis se publicó el 19 de abril de 2020 en Contexto

Colombia ha recibido en la última década poco más de dos millones de migrantes venezolanos que habitan hoy en distintas regiones del país. La mayor presión migratoria se dio en el 2018, año en el que prácticamente se triplicó el número de venezolanos que ingresó al país, lo que puso en evidencia la necesidad de atender este fenómeno ya no solo desde la asistencia humanitaria, sino también pensando en la construcción de procesos de integración eficaces y sostenibles en el tiempo.

En el mundo se reconoce que Colombia ha tenido un manejo bastante ejemplar de esta crisis migratoria, tanto desde el punto de vista humanitario, como en el proceso de regulación de la situación de esta población, claramente acogiendo la perspectiva sobre los beneficios de los flujos migratorios que evidencian diversos estudios internacionales del Banco Mundial, BBVA, y de Fedesarrollo para el caso colombiano.

El camino hacia la integración, sin embargo, no es fácil. Persiste una alarmante brecha sobre todo entre los más vulnerables, como lo revela una encuesta del DANE de mediados del 2021: 7 de cada 10 migrantes venezolanos se encuentran en condiciones de pobreza monetaria, mientras que la escala para los colombianos, incluyendo el efecto de la pandemia, es de 2 de cada 10.

Los obstáculos han sido múltiples, empezando por la estigmatización de los migrantes como responsables del recrudecimiento de la inseguridad en las ciudades receptoras, cuando en realidad no lo son, como se ha demostrado en varias investigaciones de Ideas para la Paz (FIP) y Uniandes. También está el desarrollo del marco regulatorio para normalizar la situación de esta población que ha sido paulatino y aún requiere ajustes y ser más conocido en el país para que se mejore el acceso a servicios y, en particular, una mayor inclusión laboral.

En 2018, el Gobierno Nacional dio los primeros pasos para establecer dicho marco al expedir el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Sin embargo, como lo reveló la mencionada encuesta del DANE, a mediados del 2021 un escaso 28 % había logrado obtener este documento. Y se hizo evidente la diferencia entre quienes lo lograron y los que no, pues los primeros reportaron menores obstáculos para conseguir empleo, acceder al sistema de salud, al educativo y mejorar sus ingresos.

Es así como en buena hora se evolucionó hacia el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, expedido en marzo del 2021, con una visión a largo plazo que le apuesta a la regularización como factor determinante para la integración. El Estatuto no solo permite que los migrantes cuenten con una identificación clara ante las entidades privadas y públicas (el Permiso de Protección Temporal, PPT), sino que incluye una caracterización de quienes han llegado al país. A la fecha, poco más de una tercera parte de los migrantes identificados ya tiene su permiso de protección temporal, lo que ha tenido efectos papables en su búsqueda de oportunidades de trabajo.

Es mucho lo que hemos aprendido en los últimos años para lograr una integración eficaz de los migrantes venezolanos. Por supuesto, hay que verlo como un proceso de largo plazo pues seguimos ante un desafío mayor, sobre todo considerando el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país producto de la pandemia y su efecto descomunal sobre los más vulnerables. Tampoco podemos perder de vista que aún estamos en una etapa de transición tras la firma del Acuerdo de Paz, que sigue siendo extremadamente frágil en muchas zonas y con complejidades muy particulares en la frontera colombo-venezolana.

Retos de una integración eficaz y algunos aprendizajes

Es de la mayor importancia persistir en la tarea de transformar las condiciones materiales, lo que implica marcos normativos y regulatorios claros, acceso a servicios, garantía de derechos y oportunidades económicas. Pero esto no es suficiente para integrar a los migrantes venezolanos eficazmente. Como hemos aprendido de la construcción de paz, afrontar la exclusión (de comunidades, territorios, grupos poblacionales, etc.) es un objetivo superior y, para ello, resulta indispensable trabajar también sobre condiciones relacionales como son la confianza, la empatía, los imaginarios y las identidades comunes.

Un factor decisivo es que entendamos que la integración es un proceso que trasciende al Estado y a la población migrante, y que demanda la participación de un contexto receptor donde se encuentran las comunidades de acogida, múltiples actores sociales, los empresarios, las iglesias, los medios de comunicación y la cooperación internacional entre otros.

En Ideas para la Paz estamos desarrollando varias iniciativas que dan algunas luces del camino para lograr cambios significativos en esta dimensión. Particularmente, hemos promovido el involucramiento del sector empresarial por su potencial de liderazgo, capacidad de incidir en las agendas públicas y su preponderancia como generadores de oportunidades económicas.

Al respecto hay tres aprendizajes que surgen de apuestas que hemos desarrollado precisamente en Barranquilla, ciudad que ha sido impactada por un flujo de alrededor de 100.000 migrantes venezolanos en los últimos años.

El primer aprendizaje tiene que ver con el potencial que tiene impulsar procesos de diálogo y promoción de acciones colectivas para generar confianza entre representantes del sector empresarial, líderes migrantes y comunidades de acogida. En el caso del sector empresarial, con el apoyo de ProBarranquilla y de la Fundación Santo Domingo, convocamos empresarios de diversos sectores que quisieran acercarse al contexto migratorio de su ciudad. Fue así como pudimos entender que factores como las deficiencias en la información sobre las rutas de contratación o la carencia de espacios de diálogo, impiden el involucramiento del sector empresarial en la agenda migratoria.

Con encuestas y entrevistas aplicadas en el marco de esta iniciativa, pudimos constatar que las percepciones de los empresarios frente a los migrantes tienen que ver más con los asuntos regulatorios, que con los imaginarios estigmatizantes sobre los venezolanos que han llegado al país. Por otro lado, evidenciamos que hay una percepción sobre el empresariado entre las comunidades de acogida y los migrantes como un sector lejano de los procesos sociales. En fin, concluimos que apostar por encuentros locales con migrantes y las comunidades donde habitan, favorece la creación de lazos de trabajo conjunto y el reconocimiento del sector empresarial como actor clave dentro del proceso.

La segunda lección es que resulta indispensable trabajar en el fortalecimiento de las capacidades al interior de las empresas para que de manera intencionada desarrollen procesos de inclusión de población migrante. Esto lo pudimos constatar a través de una iniciativa que impulsamos junto a ACNUR, en la que tres empresas basadas en Barranquilla, pero con una importante operación regional y nacional, nos abrieron sus puertas para trabajar con la base operativa y las áreas de recursos humanos para conversar sobre cómo crear o fortalecer procesos de inclusión entendiendo que los entornos laborales pueden aprovecharse como espacios de difusión, formación y reflexión para la integración. En este contexto se hizo evidente la necesidad de que la interior de las empresas haya información clara sobre las rutas y los mecanismos que pueden promover la integración de migrantes, particularmente, en materia de empleo inclusivo.

Finalmente, el tercer aprendizaje consiste en aprovechar las redes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población migrante. En Barranquilla, así como en otras seis ciudades donde realizamos este trabajo, identificamos y caracterizamos un tejido robusto de organizaciones que desde su quehacer y en distintos temas, acompañan el proceso de integración de los migrantes que habitan en estas ciudades. En estas redes existe un enorme capital relacional y de conocimiento que puede ser aprovechado y fortalecido tendiendo puentes de colaboración con el sector empresarial. Las empresas pueden encontrar un aliado muy fuerte en estas organizaciones para comprender el contexto migratorio y generar o acompañar procesos de inclusión en sus zonas de influencia.

Estas experiencias muestran que es posible y se requiere movilizar a otros sectores y apostarle de manera intencionada a propiciar el encuentro, el reconocimiento y lazos de cooperación a fin de integrar en el largo plazo a los migrantes venezolanos. Son procesos en construcción que dan pistas sobre otras formas de abordar la inclusión, asunto que toca no solo a los migrantes, sino también a millones de colombianos como nos lo pusieron de presente de manera dramática las movilizaciones y protestas de hace un año.