Cuando se publicó el segundo Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos (PNA) de Colombia, en diciembre 2020, con una vigencia de dos años, surgieron reacciones que, por un lado, valoraron la publicación de este instrumento de política pública tras una espera desde 2018, pero por otro, cuestionaron su proceso de elaboración ante la eventual exclusión de actores relevantes.

Un aspecto particular del PNA 2020-2022 de Colombia es su atención al covid-19 y los efectos que éste ha tenido en el país. El PNA presta especial consideración a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la pandemia y a las respuestas empresariales frente a la misma, sin embargo, ello en ocasiones relega la centralidad de los derechos humanos como la columna vertebral de dicha política. Además, al centrarse en la pandemia de forma coyuntural, limita la posibilidad de identificar y transformar falencias estructurales en materia de la gestión empresarial y los derechos humanos que no surgieron en el contexto de pandemia, sino que se exacerbaron. Ejemplo de ello son las discriminaciones y otras violencias basadas en género en el mundo del trabajo, el desempleo y la precarización de condiciones laborales, la informalidad económica, entre otros.

Si a lo anterior se suma la reciente movilización en el país, donde confluyen un fuerte liderazgo juvenil en búsqueda de proyectos de vida sostenibles y dignos y el de las organizaciones sindicales, adquiere aún más relevancia que el PNA brinde al país, y a las empresas, herramientas necesarias para que avancen decididamente en la promoción y el respeto de los derechos humanos en sus actividades y que se brinden las garantías desde el Estado para la protección de tales derechos.

Es por esto que la FIP analizó a profundidad el PNA 2020-2022, a la luz de cinco elementos esenciales para su eficacia, identificando aciertos y necesidades de fortalecimiento para futuras versiones. Estos insumos son de gran relevancia porque en el corto plazo será necesario reactivar su proceso de actualización en aras de velar por su continuidad y prevenir un nuevo vacío prolongado de esta política pública.

Nuestro análisis resalta las lecciones aprendidas a la fecha desde un ángulo comparativo que integra elementos del PNA 2015-2018. En síntesis, brinda elementos de discusión en aras de que este instrumento logre impulsar los cambios sustanciales de fondo que hagan de la protección y respeto de los derechos humanos una realidad en el contexto de las actividades empresariales en Colombia.