Esta columna de opinión se publicó en La Silla Vacía el 30 de agosto de 2019

Duque ha ratificado varias veces su voluntad por respetar y promover la implementación del Acuerdo de Paz, pero para seguir con la narrativa con la que fue elegido, su gobierno ha reemplazado las palabras “paz” y “posconflicto” por “legalidad” y “estabilización”, respectivamente. Con este cambio de significado y lenguaje, la Consejería para la Estabilización, encabezada por Emilio Archila, ha delineado la política Paz con Legalidad, que pretende ser la hoja de ruta para la ejecución efectiva de lo pactado en La Habana.

Ese documento comienza con un amplio diagnóstico del panorama de implementación del Acuerdo y advierte que existen serios problemas a nivel de articulación institucional entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales. También resalta que no se definieron techos presupuestales a la hora de la planificación, lo cual lleva a que la ejecución de los programas sea poco realizable a la hora de la verdad. Sin embargo, a pesar de que el acta de descargos es larga y precisa, la política Paz con Legalidad se queda corta al proponer estrategias, programas y proyectos que solventen las dificultades heredadas del gobierno pasado, especialmente aquellas que sirven como incentivo para la participación empresarial en la construcción de paz o la estabilización, como se la quiera llamar.

En lo que concierne al rol de las empresas, Paz con Legalidad establece tres líneas de articulación con el sector privado: una a nivel político, otra a nivel regulatorio y finalmente una a nivel de inversión. Frente a la primera, la política estipula de manera general que es necesario mantener un relacionamiento activo entre el sector privado y el gobierno que permita compartir un mismo objetivo para “estabilizar los territorios”. Frente a la línea regulatoria –la más concreta–, se exaltan tres pilares para involucrar al sector en la llamada estabilización:

El primero tiene que ver con las exenciones tributarias en las zonas más afectadas por el conflicto, conocidas como ZOMAC. Este mecanismo, propuesto por el gobierno Santos, busca brindarle una exención tributaria temporal a empresas nuevas que se establezcan allí. Frente a esto, la política de Duque advierte que se debe instaurar una norma más estricta que establezca un filtro efectivo para las nuevas empresas, de tal manera que se evite la evasión y se genere empleo en esos territorios.

El segundo se centra en Obras por impuestos, instrumento creado en la última reforma tributaria del gobierno pasado, que busca brindarle a las empresas la posibilidad de que paguen hasta el 50% de su impuesto de renta ejecutando obras públicas en las ZOMAC. Ya va por su segunda versión y ha financiado obras por más de 400 mil millones de pesos. En Paz con Legalidad se afirma que este mecanismo “se replanteará por completo”, por lo que la Consejería para la Estabilización ha impulsado una serie de reformas que empezarían a cobrar vigor hasta la tercera vigencia del mecanismo. Algunas de estas transformaciones radican en un particular enfoque de las obras a los municipios PDET, la ampliación de los sectores sobre los cuales se pueden desarrollar proyectos y la definición de la naturaleza de los recursos al momento de ejecutar las obras.

La implementación de Obras por Impuestos ha sido un acierto. La cantidad de proyectos seleccionados (2018:23 y 2019:42) y de empresas vinculadas (2018:28 y 2019:41) muestra un creciente interés de parte del sector empresarial en hacer uso del mecanismo. Sin embargo, cabe resaltar que este se ha visto limitado por asuntos fiscales, dado que el cupo CONFIS aprobado para las vigencias futuras se ha mantenido en 250.000 millones de pesos.

El tercer pilar habla de beneficios por esfuerzos conjuntos que propendan el desarrollo. A decir verdad, este programa no resulta fácil de entender desde su misma lectura. Al parecer busca el fomento de proyectos colectivos que se viabilicen en las ZOMAC. A cambio de este esfuerzo las empresas recibirán descuentos tributarios de hasta el 20% de la inversión y hasta el 30% si se transfiere tecnología. Sobre esto valdría la pena aclarar: ¿Qué tipos de proyectos contempla? ¿Cómo se materializaría la exención y cuál es el límite? ¿Sobre qué impuestos?

Por último, frente a la línea de inversión, la política de Duque reafirma la idea de que la mejor inversión para el sector privado es que no haya violencia. Sin embargo, no plantea programas o proyectos concretos impulsados por el Gobierno Nacional en las zonas de conflicto. Esto no significa que la inversión social privada no esté presente en municipios PDET o ZOMAC. Existen, sí, pero por voluntad propia y de manera desarticulada con procesos de transformación de estos territorios como los PATR, la reincorporación, los programas de sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.

Paz con Legalidad tiene una limitante al momento de proponer caminos concretos para involucrar al sector privado en escenarios de estabilización. La mayoría de los mecanismos que menciona y hoy funcionan, ya existían desde el gobierno anterior y es poca la innovación, más allá de proponer las naturales modificaciones y actualizaciones.

Ahora hablemos del rol empresarial en la construcción de paz. La mirada de Paz con Legalidad –que incluso, viene desde el gobierno pasado– le otorga un rol pasivo a las empresas. Es como “observar la corrida desde burladero”, ya que su papel no va más allá de algún tipo de apoyo filantrópico o a raíz de una exención tributaria.

Hay que replantear la visión a la hora de definir la participación el sector privado en la estabilización. Reconocer a la empresa como un actor en el territorio que ha sido parte de las dinámicas de la paz y de la guerra. De hacerlo, se abrirían otras alternativas que van más allá de los incentivos económicos y tributarios. La Fundación Ideas para la Paz ha venido insistiendo en cuatro asuntos:

Primero, se debe hacer un esfuerzo por involucrar al sector empresarial en los procesos de transformación territorial. Ya se han perdido oportunidades valiosas para que empresas de diferentes tamaños y sectores participen en los procesos de planeación de los PDET a nivel local. Sin embargo, hay que buscar cómo incluirlas en la visión de desarrollo de los territorios y no pensar que son solo simples financiadoras. Lograr que el sector empresarial de las regiones PDET comparta la visión de desarrollo que plantean los PATR, sería una garantía de sostenibilidad de la política de paz de Duque.

Segundo. El sector empresarial es uno de los llamados a dinamizar y fortalecer los mercados locales de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Con los recursos y el conocimiento de la empresa, así como con los incentivos intangibles que este tipo de proyectos le brindaría a la organización, la empresa puede gestionar programas de empleabilidad, de acceso a mercados o de vinculación de emprendimientos e iniciativas productivas locales a su cadena de valor, particularmente aquellos que resultan de los procesos de reincorporación económica de excombatientes, o de la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Tercero. Se deben unificar las instancias de planificación territorial y participación creadas en el Acuerdo de Paz como los Patr, los Pisda y los Pirc. Al fortalecer y sintonizar la gobernabilidad de estos programas se agilizaría la materialización y participación del sector empresarial, pues se evade la incertidumbre jurídica. Paz con Legalidad no articula estas instancias, algo que podría hacer por medio de hojas de ruta que integrarían los Planes Nacionales Sectoriales y el Plan Marco de Implementación.

Cuarto. Hay temas ausentes como la promoción de ejercicios de reconciliación que incluyan al sector empresarial en la generación de confianza, la reconstrucción del tejido social y la exploración de la verdad y la memoria entre diversos actores.

La política de paz de Duque retoma la línea de los incentivos empresariales para la paz que vienen desde el gobierno pasado, pero, aun sigue observando las potencialidades del sector empresarial a través de un cristal translucido.

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