Esta columna se publicó en una versión corta en el Proyecto Semana Migración el 9 de septiembre del 2021

Este año se repitió el libreto de 2019: se arguyeron indicios de inteligencia sobre la participación de migrantes en los desmanes durante las movilizaciones, se anunciaron expulsiones de nacionales del vecino país que fueron individualizados en las protestas e, incluso, se insinuó que el régimen de Nicolás Maduro tuvo injerencia en las movilizaciones para  incitar a la violencia en Colombia. 

En este río revuelto de información tomaron fuerza narrativas plagadas de generalizaciones que carecen de información confirmada, pero que afectan de manera directa y negativa a los migrantes en el país.   

Para describir esta situación se ha hecho popular la analogía del chivo expiatorio propuesta por René Girard, en el que se transfiere la culpabilidad de las desgracias sociales a partir de un ejercicio mimético del deseo; es decir, la acusación y sacrificio de una víctima que asume (a la que se le endilgan) los pecados de todo un pueblo. Todo ello a partir de la propagación de estereotipos que pueden ser o no ciertos, pero que sirven para redimir y purificar el orden social alterado.

Parece que así estuvieron pensando algunas autoridades de ciudades capitales en el país, que presentaron a los migrantes como los culpables de alterar el orden público y creyeron que se les debía perseguir con el fin de lograr un apaciguamiento de la situación. Sus declaraciones públicas alimentaron la desconfianza hacia esta población que sobrepasa los 1.700.000 de venezolanos, muchos de los cuales ya están de manera permanente en Colombia.

Ante la dificultad de establecer un análisis ponderado del estallido social y los desmanes de los últimos meses, además de la exigencia inmediata en materia de seguridad y protección a la propiedad privada con la que deben lidiar los gobernantes en momentos de tensión, resulta lógico señalar a los delincuentes como enemigos y, de tal manera, cohesionar la legitimidad institucional alrededor de su persecución. Pero da la casualidad de que varios de los individualizados son migrantes, lo que refuerza el estereotipo de que estos son una amenaza a la seguridad de las ciudades.

La teoría mimética de Girard sugiere que el primer paso de la persecución se da cuando en medio de la crisis social surgen acusaciones de crímenes orientados a lesionar el orden social. Lo siguiente es la identificación de un agente culpable de la perturbación, y poco a poco se genera consenso sobre la amenaza latente que significa ese agente para el orden social; hasta que finalmente se hace legítima la violencia y la persecución colectiva para su expiación. En ese sentido, la narrativa xenofóbica contra los migrantes resulta útil para alimentar los estereotipos y así llegar al consenso de la amenaza que -supuestamente- significan para el país.

Esto no significa desconocer que hay migrantes participando en actos vandálicos, sino detenerse, por un momento, a pensar en lo que significa hacer énfasis sobre el origen de los delincuentes como una forma de advertir una figura amenazante de la cual la sociedad “debería” protegerse.

Cuando se establece la participación de migrantes en los excesos de las manifestaciones, debe tenerse en cuenta que las causas de los desmanes no se explican por la presencia de venezolanos, ya que no hay información que establezca una correlación directa entre estas variables. Tampoco hay una causalidad en la afectación de los índices delictivos del país por la llegada masiva de migrantes, aunque se reporte un incremento en el número de capturados venezolanos, como lo señala un análisis cuantitativo realizado por FIP en el 2019.

Esta narrativa tiene fuertes consecuencias para los migrantes y retornados que se encuentran en el país, pues refuerza los estereotipos que giran a su alrededor como los culpables de alterar la seguridad en las ciudades e impide su integración a la dinámica social, condenándolos a vivir de manera marginada porque no les acogen de manera integral.

La radiografía es dramática. Según la encuesta de percepción realizada por Guarumo, en mayo, el 32% de los colombianos responsabiliza a extranjeros infiltrados de ser los causantes del vandalismo en las movilizaciones. Otra, realizada por la Universidad del Rosario a jóvenes de ciudades capitales, señala que el 33% de quienes piensan que las alteraciones al orden público están influenciadas por actores externos, le atribuyeron la culpa a los migrantes. 

La aceptación de esta población ya preocupaba desde antes del paro. En el Invamer Poll de febrero de 2021, ante la pregunta sobre la aprobación del estatuto que regulariza el estado migratorio de venezolanos indocumentados, el 66% de encuestados colombianos manifestó estar en desacuerdo, cifra que ascendió al 70% en junio. Incluso, en el primer trimestre, el Barómetro de Xenofobia advirtió sobre la tendencia creciente de narrativas en contra de los migrantes: aumento del 24% de mensajes xenófobos en las redes sociales, comparándolos con el trimestre anterior. En ese momento llamaba la atención sobre la relación entre los anuncios de las autoridades y los mensajes de xenofobia. Así ocurrió el 29 de abril, cuando reportó un pico de 185% de mensajes xenófobos en redes sociales luego de que el Alcalde de Cali reportara capturas de migrantes en las manifestaciones.

Se suman las enormes dificultades que tienen que asumir los ciudadanos venezolanos para hacerse a mayores niveles de bienestar en Colombia, que ya eran difíciles antes de la pandemia y que se agravan debido a la lenta recuperación económica por cuenta de los cierres intermitentes de las actividades comerciales. Según el Proyecto Migración Venezuela, el 61.7% de los hogares migrantes manifestaron dificultades por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio, la mayoría relacionados con dificultades para generar ingresos (79.6%), el acceso a alimentos (14.1%) y el desalojo (4.3%). También está el componente de discriminación por parte de empleadores que nace, precisamente, de los estereotipos sobre los migrantes y que hace aún más difícil su inclusión económica.

De nada sirve promover políticas de atención a población migrante si no están acompañadas de una reflexión sobre los efectos que puede traer el rechazo de los migrantes en la sociedad colombiana. La primera acción afirmativa para la inclusión social y económica de migrantes y retornados en el país debe ser el de no estigmatizar a las personas según su nacionalidad, mucho menos en un contexto de información incierta como el que estamos viviendo en Colombia.

Los anuncios públicos que señalan a la población migrante venezolana no solo afectan los imaginarios que se tiene sobre ellos, sino que alientan la idea errónea de que lo mejor sería si no estuvieran en el país, al estilo del enemigo común que se convierte en chivo expiatorio. En ese sentido, el llamado a las autoridades es de individualizar responsabilidades en los actos vandálicos, evitando las generalizaciones que puedan incidir en los imaginarios sobre la población migrante, así como las narrativas que responsabilizan de manera indiscriminada a grupos poblacionales particulares por los problemas del país.

La migración puede tener efectos muy positivos para Colombia, incluso en términos económicos: se puede aprovechar el bono demográfico para fortalecer el sistema pensional o la tributación de personas en edad productiva. Pero, para que eso ocurra, además de las condiciones legales para el acceso al mercado laboral, se debe incentivar la inclusión económica de los migrantes y su empleabilidad, lo que pasa necesariamente por mejorar los niveles de confianza. Antes de diseñar estrategias para la contratación de los migrantes, la primera acción afirmativa de las entidades públicas hacia los migrantes debe ser el propiciar un ambiente adecuado para su inclusión; es decir, el cuidado de las comunicaciones para avanzar siempre en la promoción de confianza y en la no estigmatización.