Esta columna se publicó el 20 de marzo en La Silla Vacía

La transición energética global trae enormes desafíos para los municipios con economías dependientes de la producción de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. El anuncio de la salida del país de Prodeco ha sido el campanazo más reciente de un fenómeno mundial que amerita ser tomado en serio, ya que en principio afectará con más fuerza a los municipios y departamentos que han vinculado estrechamente su dinámica productiva a la minería de carbón.

Ni siquiera Donald Trump, con su discurso anti-Acuerdo de París, logró quebrar la tendencia creciente de las energías renovables y el declive gradual de los combustibles fósiles, donde el carbón parece ser el primer objetivo. Crece el número de países que se han fijado la meta de minimizar o eliminar del todo el consumo de carbón como combustible para generar energía. Francia, Italia, Finlandia y Portugal, entre otros, se encuentran en este grupo. La demanda bajó y, como resultado de esta tendencia, también el precio internacional del carbón. En tres años, la tonelada pasó de US$75 a US$33 (2018 a 2020), un valor que no se registraba desde 2004.

Este escenario marca la inviabilidad económica de la actividad de Prodeco y pone en aprietos a otras empresas del sector, que han visto cómo la demanda del mineral ha disminuido, agudizada por la emergencia global del covid-19.

Con este panorama de fondo, es inminente la caída de los ingresos de las administraciones municipales. Las afectaciones inmediatas se sentirán, en primera medida y con más fuerza, en La Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso, en el departamento del Cesar. Cifras preliminares indican que el impacto sobre las finanzas públicas por concepto de regalías será superior a los 12 mil millones de pesos anuales, los cuales se verán mermados de los presupuestos públicos destinados a proyectos de inversión para el desarrollo en salud, educación e infraestructura, entre otros.

A esta afectación a las finanzas públicas, se suma la pérdida de puestos de trabajo de los empleados directos e indirectos de la empresa (al menos 3.500 empleos solo en el departamento del Cesar), además de aquellos que se perderán por la disminución de la actividad económica en sectores que se dinamizaban con las operaciones de la multinacional y sus contratistas, como el comercio, los restaurantes y los hoteles. Todo eso aumentará la tasa de desempleo en los municipios del área de influencia de la empresa.

Hoy, la obligación de los gobiernos municipales, en articulación con los demás ámbitos de gobierno (departamental y nacional), es la de pasar del discurso a la acción en lo que corresponde a generar nuevas alternativas de desarrollo desde un enfoque de sostenibilidad. Ya no son suficientes las consignas de campaña sobre la diversificación económica, que tampoco son exclusivas de los municipios y departamentos mineros, sino que han sucedido también en los territorios con dependencia de la economía del petróleo.

Barrancabermeja (Santander), capital petrolera de Colombia, es un ejemplo de ello. Durante los últimos 20 años han quedado plasmadas en sus Planes de Desarrollo apuestas por la diversificación económica en sectores como la agroindustria, la logística y, más recientemente, el turismo. Sin embargo, aún hoy su suerte económica sigue estando estrechamente ligada a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y a la suspensión y/o ejecución de proyectos estratégicos en materia de la industria petrolera —como la modernización de la Refinería—. De acuerdo con el DANE, Barrancabermeja registró en 2018 una de las cifras de desempleo más altas del país (23,1%), solo superada por el municipio de Arauca, irónicamente también vinculado con la economía de hidrocarburos.

En los municipios del corredor minero del Cesar —los más afectados con la salida de Prodeco—, los Planes de Desarrollo Municipal, al igual que en los municipios petroleros, han estado nutridos de consignas como: “El desarrollo económico y sostenible para todos” (PDM La Jagua de Ibirico, 2012-2015); “La revitalización de campo” (PDM La Jagua de Ibirico, 2016-2019); “La diversificación económica de la oferta productiva” (PDM El Paso, 2016-2019); y “Becerril del Campo produce y vende” (PDM Becerril, 2016-2019). No obstante, no ha sido así con las acciones de Gobierno y por ello las administraciones actuales están en medio de una encrucijada y con la obligación de mirar hacia otros sectores o, de lo contrario, el impacto de la crisis será inclemente.

Los procesos de diversificación productiva no se dan de la noche a la mañana. La salida de Prodeco nos alerta sobre la necesidad de retomar el interés por la diversificación de la economía de los municipios. Vale la pena estudiar mecanismos innovadores que permitan, de manera articulada entre el sector público y privado, generar verdaderas alternativas de desarrollo que se atrevan a consolidar procesos de desarrollo local, entendiendo las nuevas tendencias globales de transición energética. Hoy esa realidad tocó a unos municipios, pero debería ser el llamado de atención que hacía falta para aquellos que han amarrado su suerte a sectores como el carbón y el petróleo.