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Cada vez más, el liderazgo del sector empresarial resulta clave para superar muchos de los retos que hoy enfrentan las regiones. Con diversas acciones y desde la propia operación, las empresas pueden impulsar el desarrollo territorial, promover el dinamismo de la economía regional, fortalecer el tejido social y también aportar a la consolidación de entornos pacíficos.

En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos venido haciendo seguimiento a los instrumentos de política pública disponibles para que el sector empresarial se involucre en la construcción de paz, cuyos hallazgos presentamos en el documento “Los empresarios en la construcción de paz. Oportunidades de la política de Paz con Legalidad”. 

Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, lo cierto es que el sector empresarial ha tenido una participación limitada en la puesta en marcha de su implementación. Esto se debe a diversos factores, entre ellos el desconocimiento de los empresarios frente al tema y a la poca diversidad de mecanismos que puedan abarcar al sector en su heterogeneidad.

Este documento de la FIP explica los instrumentos de política pública disponibles para incluir a los empresarios en el proceso de construcción de paz, y propone algunas reflexiones y recomendaciones que pueden aportar a fortalecer la articulación entre el sector y la agenda nacional de paz.

Falencias y oportunidades

En la política “Paz con Legalidad”, el gobierno actual recoge todos los instrumentos que existen para la implementación del Acuerdo. En ella, el papel del empresariado es fuerte en materia de incentivos, que abarca los mecanismos de Obras por Impuestos, el Régimen Especial de Tributación en municipios ZOMAC y el programa de beneficios para esfuerzos empresariales conjuntos. No obstante, estos mecanismos no necesariamente reconocen la diversidad de las empresas en el país y resultan limitados frente a los posibles roles que puede llegar a tener el sector en la construcción de paz.

Dentro de “Paz con Legalidad” se encuentran también las Alianzas para la Estabilización de los PDET, que buscan promover la socialización, el seguimiento, la articulación de acciones público-privadas y la sostenibilidad de estos Programas. Es la primera estrategia de paz enfocada en el sector privado y abre la oportunidad de generar espacios de articulación con los empresarios en los que estos trasciendan el rol de financiadores.

Aunque en los temas de reincorporación el sector empresarial ha contribuido con asistencia técnica a proyectos productivos de excombatientes, sigue siendo necesaria una estrategia formal por parte del Gobierno Nacional que aborde sectorial y territorialmente a las empresas para impulsar su participación en la reincorporación.

Por último, en cuanto al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SIJVRNR), la participación del sector empresarial ha variado según la instancia, pero sigue siendo un reto incentivar su participación en este sistema.

La FIP propone

Teniendo en cuenta este diagnóstico, en la FIP consideramos que la propuesta del Gobierno Nacional puede fortalecerse si se reconocen dos premisas:

  1. El sector empresarial es heterogéneo en tamaños y sectores, por lo que puede generar aportes significativos y valiosos a la construcción de paz desde distintos aspectos. En el 2019, las micro y pequeñas empresas constituyeron el 98% del tejido empresarial nacional y, por eso mismo, vale la pena pensar en mecanismos que las incluyan. También es clave potenciar los incentivos para el uso de mecanismos como el Régimen Especial de Tributación en municipios ZOMAC, la consolidación de mercados locales, la creación de infraestructura y la presencia de instituciones que promuevan el desarrollo empresarial.  
  2. Los aportes del sector empresarial en la construcción de paz pueden diversificarse e ir más allá de la inversión y el apalancamiento de recursos. Aspectos como restaurar o fortalecer la confianza con las comunidades y autoridades locales, así como promover la verdad y la justicia, pueden contribuir a construir memoria y mejorar el tejido social en los territorios.

Contribuir a robustecer los mercados locales y generar alternativas para el desarrollo económico en territorios altamente afectados por el conflicto, son opciones para las empresas de todos los tamaños y sectores. Estas se logran mediante el afianzamiento de las cadenas productivas locales, el apoyo a emprendimientos estratégicos para la paz y el impulso a la formalización empresarial en las regiones.

Este documento hace un barrido por las diferentes instancias de articulación entre actores empresariales y la agenda de paz y plantea insumos que le sirven al Gobierno Nacional para ampliar y darle un mayor alcance a la estrategia de relacionamiento con el sector empresarial en materia de construcción de paz. Además, muestra a las empresas escenarios y oportunidades de articulación que muchas veces se invisibilizan y que pueden ser de gran impacto a los procesos de transformación territorial. Los entornos pacíficos y sostenibles permiten la sostenibilidad de los negocios y la prosperidad del sector empresarial colombiano.

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