Fecha de la actividad: 18 de septiembre

Más de 15 empresas se reunieron el pasado 18 de septiembre, en Bogotá, para discutir acerca de las fortalezas y oportunidades de mejora que tiene el mecanismo Obras por Impuestos. Esta herramienta, creada a partir de la ley 1819 del 2016, tiene como objetivo apalancar el proceso de transformación territorial de las regiones más afectadas por el conflicto armado a través de la inversión directa de contribuyentes para el pago de hasta el 50% del valor de su impuesto de renta y complementarios.

La convocatoria, liderada por la Fundación Ideas para la Paz y la Cámara de Comercio de Bogotá, y realizada con el apoyo de la embajada del Reino de Suecia, contó con una nutrida discusión en mesas de trabajo con representantes del grupo Corona, Argos, Sura, Prodeco, Servigenerales, Enertolima y Mineros S.A., entre otros. Producto de esta jornada, se espera contar con unas propuestas concretas para el Gobierno Nacional sobre las fortalezas y oportunidades de mejora que tiene el mecanismo.

Entre las principales fortalezas, los empresarios resaltaron la oportunidad de vincular al sector privado en el desarrollo de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Para la mayoría de los participantes, es evidente que el mecanismo plantea una oportunidad de trabajo conjunto entre autoridades locales, comunidades y empresas para mejorar las condiciones de territorios con grandes necesidades. Muchos empresarios manifestaron que la posibilidad de ver convertidos sus tributos en obras tangibles y ejecutadas a corto plazo, y, además, beneficiando a comunidades, es una de las principales motivaciones para hacer uso del mecanismo.

Los participantes reconocieron que el mecanismo ha tenido un exitoso desempeño durante su primer año, pero que es susceptible de mejorar con el fortalecimiento de la reglamentación, así como con la claridad de roles y responsabilidades frente a temas muy concretos como el manejo de saldos a favor en impuestos por parte de las empresas, la responsabilidad y competencia de la estructuración de proyectos para el banco de proyectos ZOMAC, y el manejo de riesgos asociados a los sobrecostos de los proyectos y los tiempos de más (situaciones naturales en la ejecución de obras públicas).

De igual forma, aún se identifican brechas en las dinámicas y ritmos de trabajo entre el sector público y privado al momento de articularse sobre objetivos comunes que son susceptibles de ser mejoradas, no solo para efectos del mecanismo, sino sobre cualquier escenario de articulación público-privada.

Los participantes llamaron a atención sobre la necesidad de contar con un banco de proyectos robusto, de enfoque territorial, donde los empresarios puedan dar respuesta de manera efectiva a sus necesidades y apuestas estratégicas para el desarrollo de las regiones ZOMAC. También, que estuvieran en un nivel óptimo de estructuración, de tal manera que se redujeran los riesgos asociados a falencias en el proceso de maduración de los proyectos.

En términos generales, el empresariado es optimista y encuentra gran interés en que el Gobierno Nacional continúe perfeccionando el mecanismo, y que éste, a su vez, esté articulado para jalonar el desarrollo de las regiones con mayores necesidades del país. 

Muchas empresas que no alcanzaron a quedar seleccionadas para la implementación de sus proyectos durante el 2018, tienen altas expectativas de poder usarlo en la siguiente vigencia y generar así impactos positivos en sus entornos de operación.