Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, una iniciativa comprometida con promover conductas empresariales responsables en el país, realizó el pasado miércoles 28 de abril un webinar para dialogar sobre el rol de las empresas en la promoción y respeto de los derechos de la población migrante en sus operaciones.

Una temática especialmente relevante debido a la presencia de migrantes venezolanos en el país, los efectos socioeconómicos complejos derivados de la pandemia, y las oportunidades y retos que plantea la implementación del recién emitido Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia. 

Con el ánimo de abordar el rol del sector empresarial frente a la población migrante, el webinar contó con las intervenciones de Ana Durán, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia; la directora de la Fundación ANDI, Catalina Martínez; la Coordinadora de Guías Chile de la Fundación Casa de la Paz, Magdalena Morel; la Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP y Secretaria Técnica de Guías Colombia, Nataly Sarmiento, y la Directora de Empresas y Paz de la FIP, María Lucía Méndez.

Pensar la migración

Nataly Sarmiento destacó que, al cierre de 2020, el país contaba con la presencia de cerca de 1.8 millones de migrantes venezolanos, y que un 56% de ellos se encontraba en situación irregular. Además, dijo que el 49% enfrentaba hacinamiento crítico en sus viviendas y el 52% estaba en condición de pobreza multidimensional. Por ello, hizo un llamado a reconocer que la población migrante ahora es parte estructural de Colombia y que no es posible pensar en el desarrollo sostenible del país sin considerarla.

Magdalena Morel, coordinadora de Guías Chile de la Fundación Casa de la Paz, compartió algunas recomendaciones esenciales para las empresas frente a la población migrante en sus operaciones directas, en sus cadenas de suministro y en sus entornos de operación (conozca más en la Guía Chile de Personas Migrantes y Refugiadas). Morel destacó el valor de la interculturalidad para promover un ambiente organizacional propicio frente a la población migrante; la importancia de incluir en el gobierno corporativo políticas diferenciales y una política de cero tolerancia hacia la discriminación; y la necesidad de extender los mecanismos de reclamos más allá de los trabajadores directos para incluir a proveedores, contratistas, clientes y comunidades. Enfatizó en cuatro aspectos en los que suelen presentarse la mayor cantidad de impactos adversos contra la población migrante en el mundo del trabajo: los procesos de reclutamiento y selección, las condiciones laborales, la generación de capacidades y desarrollo, y la cultura organizacional.

Por su parte, Catalina Martínez, directora de la Fundación ANDI, destacó algunos beneficios y barreras para la inclusión laboral de la población migrante (conozca más en el paper sobre inclusión laboral de migrantes). Martínez señaló que las barreras se concentran en aspectos de formación, intermediación y empleo: la sobrecualificación, la insuficiencia de competencias y habilidades requeridas para los cargos, la falta de tiempo y de recursos para acceder a oportunidades de formación, la documentación y bancarización, la falta de información en materia laboral, las dificultades de comunicación con los aspirantes y las diferencias culturales. En cuanto a los beneficios para el país, destacó que el 60% de la población migrante está entre los 18 y 59 años; el 70% es bachiller y más del 20% cuenta con educación superior. "Esto es una ventaja para las empresas, pues permite contar con población calificada que tiene menos índices de rotación y que, en ocasiones, ocupa posiciones que no son habitualmente desempeñadas por personal colombiano. Además, promueve el intercambio cultural en las organizaciones", añadió.

Por su parte, Ana Durán, Jefe de Misión de la OIM en Colombia, se refirió a algunas decisiones de política pública que favorecen la inclusión de la población migrante tanto a nivel social como en el ámbito del trabajo. Entre estas destacó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que, dijo, “abre una puerta para fortalecer los procesos de integración socioeconómica ya que diseña un acceso a derechos y servicios”. Con eso hizo un llamado a que las empresas contribuyan a apalancar las decisiones públicas y que sean sujetos activos en la transformación positiva de las necesidades de la población migrante.

Finalmente, María Lucía Méndez, Directora de Empresas y Paz de la FIP, planteó que la paz pasa por transformar las condiciones de las regiones, sobre todo de las personas más vulnerables, y generar oportunidades. Eso implica construir sociedades más diversas, plurales e incluyentes. Frente a esto, anticipó la publicación de un sondeo realizado por la FIP entre empresas que permite visualizar que, si bien hay voluntad de incluir a esta población, aún es necesario mejorar el acceso a información y capacidad de agencia en el sector empresarial para que esta inclusión sea una realidad.

Desde Guías Colombia se puso en evidencia la necesidad de que el sector empresarial en Colombia asuma un rol activo en la promoción y respeto de los derechos de la población migrante de su fuerza de trabajo directa e indirecta y de las comunidades en sus zonas de operación. Reviva el webinar!