Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario —una iniciativa comprometida con promover conductas empresariales responsables en el país— realizó el pasado miércoles 4 de agosto un webinar para dialogar sobre el llamado a la acción empresarial desde un enfoque de DDHH en el contexto de la protesta social.

Se trata de un asunto especialmente relevante debido a los más recientes episodios de protesta social, que estuvieron precedidos por movilizaciones en noviembre de 2019 y septiembre de 2020, y que han puesto en evidencia la necesidad de que las empresas garanticen que sus acciones, o la omisión de actuar en ciertas circunstancias, no contribuyan a afectar los derechos humanos.

Con el ánimo de abordar las particularidades de la debida diligencia empresarial en derechos humanos en contextos de protesta social, el webinar contó con las intervenciones de Ana María Fergusson, Vicepresidenta de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB); Humberto Correa, Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo  (CGT); Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH Colombia); el moderador del webinar, Jaime Prieto, experto en empresas y DDHH; y Nataly Sarmiento, Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP y Secretaria Técnica de Guías Colombia.

Relación de la protesta social con la actividad empresarial en el Paro Nacional

Jaime Prieto introdujo el webinar destacando algunos elementos de contexto. Por un lado, el desarrollo de las protestas en medio de la pandemia del covid-19, lo cual no solo ha causado un deterioro de las condiciones de vida de la población, sino que inhibe o altera el ritmo de la reactivación económica y pone al empresariado ante múltiples dilemas sobre cómo deben actuar en medio de condiciones de fragilidad. Por otro, el hecho de que los más recientes episodios de protesta social se han caracterizado por darse en entornos urbanos y/o cabeceras municipales. Esto ha generado que el sector empresarial se vea en la necesidad de involucrarse como parte de la solución a las causas que aceleran o agudizan la protesta, y no sólo frente a los síntomas asociados con ella.

Prieto añadió que la conexión empresas-protesta social no es reciente, especialmente para algunos sectores económicos, como industrias que operan en zonas rurales y bajo distintos acuerdos con la Fuerza Pública y con empresas de vigilancia privada en países en conflicto como Colombia. Aun así, siguen siendo comunes preguntas asociadas a si la protesta social es un derecho, o si es válido o aceptable que esta limite otros derechos, entre otras.

Juan Carlos Monge, Representante Adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, recordó que la manifestación pacífica es un derecho, que no solo debe ser respetado por las empresas, sino garantizado por el Estado. Invitó a las empresas a “involucrarse en espacios de concertación, a tener una voz que construya absteniéndose de estigmatizar, y anticiparse a los hechos a partir de una conducta empresarial responsable y la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, como lo establece el ODS 16”.

También, profundizó en la perspectiva de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los DDHH, que establece que las empresas son órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones específicas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los DDHH. En esa medida, deben gestionar los derechos humanos de acuerdo a los PRNU y adoptar una cultura de diálogo y participación en espacios de concertación, entendiendo esto como una inversión en el corto mediano y largo plazo.

Por su parte, Humberto Correa, Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), expuso las principales reclamaciones que motivan el Paro Nacional, como el retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación; la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual; la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina); los subsidios a las Mipymes y empleo decente, así como una política de defensa de la soberanía y seguridad alimentaria; la matrícula cero y no a la alternancia educativa; y la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica.

Destacó además las grandes brechas que hay en el país, asociadas a tasas de desempleo, género y desigualdades en la educación y consideró que “aunque ha habido intentos de concertación y muchas empresas han respaldado el diálogo social, una parte del empresariado colombiano dio un respaldo innecesario y errático al Gobierno para que disolviera el derecho a la protesta social”. Hizo énfasis en la importancia de los mecanismos de concertación, el diálogo efectivo, la generación de empleo digno y el respeto a la libertad sindical.

Finalmente, Ana María Fergusson, Vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, referenció la Encuesta de la CCB sobre el “Efecto en las Empresas de la Coyuntura Social y el Orden Público” donde se evidencia que “el 93% de las empresas de la región son microempresas, conformadas con menos de 10 empleados en su mayoría, que no superan una antigüedad de 3 años y que alrededor de la mitad de éstas son empresas familiares”.

Además, el 22,2% de los empresarios encuestados afirmó que tuvo que suspender su operación, mientras que el 53,4% operó entre el 1% y 50% de su capacidad. El 94,3% indicó que sus ventas han disminuido desde el inicio de la situación de orden público en el país. Todo ello ha evidenciado el impacto del Paro Nacional —especialmente de los bloqueos— para las microempresas y para el empleo de muchas personas, afectando a unos sectores económicos más que otros, como los sectores de comercio, transporte, turismo y manufactura. Resaltó que frente a las expectativas a futuro, el empresariado es optimista, lo que demuestra su capacidad de resiliencia.

Jaime Prieto destacó que todo este panorama ha tenido grandes repercusiones en la sociedad colombiana que amenazan con profundizar la polarización social, y ha puesto en el debate público la necesidad de precisar los alcances y los límites del derecho a la protesta social. Si bien las empresas han de respetar la protesta social en su versión pacífica, cuando se torna violenta es importante que estén informadas y mejor dispuestas para saber cómo actuar velando por el cumplimiento de sus responsabilidades en DDHH.

Desde Guías Colombia se puso en evidencia la necesidad de que el sector empresarial en Colombia asuma un rol activo en el respeto del derecho a la protesta social.

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