17 de Septiembre del 2020
Las dos cosas que más inquietan a los gobiernos latinoamericanos con respecto al covid-19 son la salud pública y la depresión económica. En salud pública, la co-ocurrencia de dos o más epidemias se llama sindemia y esto es justamente lo que ha ocurrido desde que llegó el covid a Colombia. La economía y la salud guardan un pulso delicado en medio de la coincidencia entre ambas epidemias: halar mucho de un lado implica graves afectaciones del otro. Y para las mujeres migrantes venezolanas, se siente con mayor gravedad.
Antes del covid-19, la situación de salud de las mujeres migrantes y/o refugiadas ya estaba gravemente afectada por el colapso del sistema de salud venezolano, el resurgimiento de enfermedades infecciosas o transmitidas por vectores (como los mosquitos) en la región, y las arduas condiciones que enfrentan para migrar, que incluyen múltiples riesgos por cuenta de los grupos armados y las dinámicas de ilegalidad en la frontera. Enfermedades como la malaria, la sífilis gestacional y el VIH/SIDA han aumentado drásticamente en esta población, según los datos reportados en Colombia; condiciones de salud que resultan especialmente graves para las madres gestantes[1], quienes llegan sin controles prenatales[2]. La violencia de género y sexual es también especialmente prevalente en esta población[3].
En el caso de la crisis económica que ya vivían los venezolanos dentro y fuera de su país, esta ha aumentado el porcentaje de informalidad laboral entre la población migrante, que era del 90%, frente a menos de un 60% entre la población colombiana[4]. Este impacto ha golpeado particularmente a las mujeres. Los índices de trabajo remunerado en hogares encabezados por una mujer migrante han caído en un 35%, mientras que, en el caso de hogares encabezados por hombres migrantes, en un 23%[5]. Esto va de la mano con un proceso de precarización laboral que ha incrementado la presencia de mujeres en actividades ilegales o en otras que las ponen ante una constante vulneración de derechos y riesgos contra su salud[6].
Las mujeres migrantes tienen una alta participación en sectores duramente golpeados por la crisis debido a que les resulta imposible teletrabajar y a que el Gobierno tardó en reabrir restaurantes, servicio doméstico, sector de belleza, trabajo sexual y hotelería[7]. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, que han debido adaptarse a servicios de domicilio, ha habido un desplazamiento hacia la mano de obra masculina, ya que la mayoría de los domiciliarios son hombres[8] (en 2019 se estimó que la población venezolana representaba el 57% de los domiciliarios; sin embargo, únicamente el 16% del total eran mujeres[9]). Si bien el grueso de la población nacional siente el impacto, el golpe es mayor cuando se es migrante y no se cuenta con redes de apoyo, se desconoce cómo manejar el sistema de salud y no se pueden recibir ayudas del gobierno.
También el trabajo doméstico —donde hay una sobrerrepresentación femenina y migrante— se destaca por estar desvalorizado, mal remunerado e informalizado. Durante la cuarentena se incrementaron los riesgos de salud para estas trabajadoras, a quienes, en algunos casos, se les ha exigido que trabajen de “puertas adentro” sin garantías de medidas de seguridad. A esto se suman los riesgos de sufrir violencia física, económica, sexual y psicológica en el ámbito doméstico, pues son forzadas a continuar trabajando[10].
En general, los riesgos y precarización por el covid-19 afectan todas las actividades económicas a las que las mujeres migrantes han tenido mayores posibilidades de acceder en Colombia: ventas callejeras, restaurantes, peluquerías, trabajo doméstico, labores de cuidado, trabajo sexual y trabajo de cuidado. Desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia se ha calificado la situación como crítica por la reducción de los servicios sexuales, así como los riesgos de contagio y de violencia ante la necesidad de continuar trabajando[11]. A esto se suman las barreras comunes de la informalidad, como los bajos ingresos, escasos ahorros y falta de acceso a prestaciones o seguridad social. Incluso antes de la pandemia, esto representaba un riesgo para el sector informal y, en particular, para la población migrante.
Las diferencias entre ciudadanas y migrantes radican en factores de riesgo estructurales que influyen sobre las oportunidades a las que se tiene acceso, así como a la ausencia de protección y redes de apoyo. Esto crea una población marginalizada, una fuerza de trabajo barata con menos derechos laborales y falta de cobertura en salud. Factores como la estigmatización y la xenofobia se agudizan en situaciones de crisis. Por ejemplo, la percepción de la población colombiana frente a la integración de migrantes de Venezuela se ha deteriorado: pasó de 67% desfavorable en febrero de 2020 hacia la población que ha llegado para quedarse, a 81% en abril de 2020. Esto se explica por percibir a los migrantes como una amenaza para la seguridad y como competidores frente a recursos escasos[12]. Además, un estudio reciente en zonas de frontera indica que, si bien los asesinatos subieron en los picos de migración posteriores a 2016, el incremento de víctimas se da en la población migrante, no la nacional[13].
La sindemia entre factores económicos, sociales y de salud, ha expuesto a las mujeres migrantes en el ámbito laboral a formas de violencia por parte de múltiples actores —entre ellas redes de trata de personas, narcotráfico y sistemas de esclavitud doméstica— sin contar con sistemas de apoyo. La trata de personas ha venido en aumento entre la población migrante venezolana, pasando de representar el 2.3% en 2015, al 6.2 % en 2018. Las víctimas, que son captadas con ofertas laborales fraudulentas, son principalmente mujeres usadas con fines de explotación sexual[14]. Así, en la medida en que se ven afectadas las posibilidades económicas de las mujeres, su salud personal y la de aquellos que dependen de sus ingresos, también lo hacen. En un país como Colombia, esto puede ser una sentencia de muerte para las mujeres migrantes.
Ante esta situación, las posibles medidas y recomendaciones serán, en muchos casos, inalcanzables o insuficientes, pero las prioridades deben guiarse por la triada “inclusión, desarrollo y promoción”. Es necesario impulsar procesos de inclusión de la población migrante desde un estatus de ciudadanía, lo que va de la mano con el reconocimiento y apropiación de derechos. Para ello se debe contar con capacitación en perspectiva de género para funcionarios y miembros de la Fuerza Pública, Migración Colombia y profesionales de la salud. El Estado debe ser responsable en términos de sistemas que puedan apoyar y acoger a las mujeres migrantes. En salud, el apoyo a la consolidación de redes y promotoras comunitarias para facilitar la orientación, las rutas de denuncia y las medidas de protección de esta población, ha dado resultado en otras partes del mundo como una manera de controlar epidemias, prevenir la violencia y mejorar la salud materna en medio de crisis humanitarias[15].
La investigación y el seguimiento de cómo la crisis afecta a las mujeres migrantes, es fundamental para promover proyectos de generación de ingresos de la mano con el sector privado que les hagan contraste a focos de vulnerabilidad como la trata de personas. Entender que la migración trae consigo desarrollo es fundamental para detener prejuicios relacionados con la xenofobia. Las medidas de reactivación de la economía deben contar con un enfoque de género, poniendo el foco sobre sectores feminizados y alternativas para labores de cuidado. En la medida en que no se atienda la precarización laboral de las mujeres, no habrá posibilidades de igualdad material y social. Colombia ha dado grandes pasos para incluir a la población migrante, marcando ejemplo en la región y el mundo, pero aún queda un largo camino por recorrer.
* Este artículo fue escrito en conjunto con Catalina Correa, doctora en Salud Pública y Prevención de la Universidad de Drexel.
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[1] Profamilia, 2020. Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia: ¿Cómo mejorar la respuesta humanitaria? Bogotá, D.C.
[2] Organización de Estados Americanos. Informe de la OEA sobre migrantes y refugiados venezolanos: “Una crisis sin precedentes en la región". 2019. https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-preliminar-2019-Grupo-Trabajo_Venezuela.pdf
[3] CEPAZ. Mujeres al límite. El peso de la emergencia humanitaria. Vulneración de derechos humanos de las mujeres en Venezuela. 2018. https://cepaz.org/documentos_informes/mujeres-al-limite-el-peso-de-la-emergencia-humanitaria-vulneracion-de-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-venezuela/
[4] Proyecto Migración Venezuela. “Percepción de la integración de los migrantes en Colombia en tiempo de coronavirus”. Boletín 10. Mayo, 2020. https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1590818285_boletin_discriminacion2020pdf
[5] Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. GIFMM Colombia: Evaluación conjunta de necesidades ante COVID-19. Respuesta a venezolanos. Junio 2020. https://r4v.info/es/documents/download/77776
[6] Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Los ingredientes para el sustento de una familia migrante en Colombia”. 18 de junio de 2020. https://nrc.org.co/2020/06/18/los-ingredientes-para-el-sustento-de-una-familia-migrante-en-colombia/
[7] Género y Economía/DANE. “Informe sobre ocupación ¿Podrá la actual crisis aumentar la brecha de género en ocupación?” COVID-19 Brechas de género en el mercado laboral. Abril de 2020. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-ocupacion-genero-y-covid.pdf; https://www.larepublica.co/consumo/cuales-son-las-areas-en-las-que-mas-trabajan-los-venezolanos-que-migran-a-colombia-2826030.
[8] Género y COVID-19. “Cómo se están afectando los sectores feminizados debido al COVID-19?” CoreWoman. Brief 2. https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/05/sectores-feminizados-2.pdf
[9] Fescol. ¿Quiénes son lxs repartidorxs en Colombia? Observatorio laboral Universidad del Rosario/Centro de Solidaridad, Defensa y Escuela Nacional Sindical (2019).
[10] Santana Torres, Ailynn. La seguridad de las mujeres frente a la COVID-19: nudos críticos. Fescol. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16137.pdf
[11] Ibid.
[12] Proyecto Migración Venezuela. “Percepción de la integración de los migrantes en Colombia en tiempo de coronavirus”. Boletín 10. Mayo, 2020.
[13] Knight, B.G & Tribin, A. (2020). Immigration and Violent Crime: Evidence from the Colombia-Venezuela Border. The National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w27620.
[14] Proyecto Migración Venezuela. “¿Qué dicen los números sobre la trata de personas en contextos migratorios en Colombia?” Mayo 22 de 2020. https://migravenezuela.com/web/articulo/trata-de-personas-en-contextos-de-la-migracion-venezolana-en-colombia/1905; Ministerio del Interior (diciembre de 2020).
[15] Khatri, R. B., Mishra, S. R., & Khanal, V. (2017). Female community health volunteers in community-based health programs of Nepal: future perspective. Frontiers in public health, 5, 181.
Feinglass, E., Gomes, N., & Maru, V. (2016). Transforming policy into justice: the role of health advocates in Mozambique. Health and human rights, 18(2), 233.
Desarrollo socioeconómico