Aunque ya otros medios lo habían mencionado, la noticia de que la Fiscalía investiga a la empresa italo-argentina Sicim por sus pagos al ELN y a las FARC en el marco de la construcción del Oleoducto Bicentenario ganó figuración tras ocupar la portada y el artículo central de la revista SEMANA del 1 de febrero. No es para menos, la información revelada deja ver cómo la empresa entregó millonarias sumas a las dos guerrillas, algo que además de ser ilegal en nuestro país, no es deseable pues le inyecta combustible a un conflicto del que muchos colombianos esperamos salir pronto.

Sin duda, lo ocurrido demanda una sanción contra quienes hicieron tales pagos. Pero no nos digamos mentiras, el anuncio de que una empresa ha pagado extorsión para operar en una zona donde por años la guerrilla ha ejercido control territorial, al final del día no es tan sorprendente. Como lo han señalado muchos, este tipo de pagos no es más que un secreto a voces. Sin embargo, el caso de Sicim además de revivir el debate -no menor- sobre si una empresa extorsionada es víctima o cómplice, da cuenta de que estamos frente a fenómenos de extorsión que en el mejor de los casos deberían ser catalogados como graves. Las especulaciones sobre si habrá sanción o no, o si este es el primero de una cascada de escándalos, o si más bien el revuelo será flor de un día, no se han hecho esperar. Amanecerá y veremos.

Sin desconocer ni la gravedad del flagelo de la extorsión y de los pagos hechos por Sicim, ni la urgencia de buscar sanciones y soluciones efectivas, la noticia no nos puede llevar a engaños. Por un lado, no podemos desconocer que el contexto en el que opera esta compañía, al igual que muchas otras en nuestro país, claramente encaja en la definición de un entorno complejo. Es decir, que está marcado por la presencia de actores armados al margen de la ley, economías ilegales, frágil gobernabilidad y débil institucionalidad. Los fenómenos, riesgos y dilemas que enfrentan las empresas que operan en un entorno como este, no son menores y muestran de manera clara que si bien el pago de una extorsión no está exento de responsabilidad por parte de la empresa, otros actores como el Estado y su capacidad de ofrecer seguridad también deben tenerse en cuenta a la hora de juzgar.

Pero por otro lado, volviendo al caso de Sicim y por terrible que suene, lo más dramático no es el pago de la extorsión. La información revelada muestra cómo directivos de la empresa establecieron relaciones estrechas con personas cercanas a estas organizaciones guerrilleras y se valieron de esta cercanía para pedir “servicios” como amedrentar a sus competidores e incluso sacarlos del mercado. Todos estos son elementos que sin duda complejizan y agravan el panorama. Que la empresa pague a la guerrilla para poder trabajar es muy grave, pero que saque provecho de la presencia de la guerrilla y de las dinámicas de conflicto en su zona de operación para ampliar su negocio, es gravísimo. De ser extorsionado a ser aliado hay bastante trecho. Una cosa es alimentar el conflicto y en alguna medida posibilitar que se comentan actos de violencia al entregar recursos económicos, y otra bien diferente es propiciar y auspiciar estos actos de forma explícita y proactiva. ¿Cuáles son los distintos grados de responsabilidad que caben a la hora de analizar la actuación de las empresas en este y otros casos similares?

Será que esta vez sí aprovechamos la oportunidad para abrir un capitulo hasta ahora negado en nuestra historia de conflicto: las alianzas entre actores armados y empresas. Ojalá que se vaya más allá del escándalo y empecemos a examinar los posibles vínculos entre algunas empresas y actores armados, que como lo muestra la investigación revelada por SEMANA, no se limitan a alianzas con grupos paramilitares. Lo que hasta hace poco se pensaba que era un asunto de actores armados de derecha, hoy queda en entredicho. La relación de algunas empresas con las guerrillas puede, como lo muestra este y otros casos, ir mucho más allá. La posibilidad de firmar la paz con las FARC podría, entre otras cosas, empezar a revelar lo que puede ser un capítulo igualmente aterrador al que se comenzó a escribir tras las versiones libres e investigaciones que siguieron al proceso de negociación con las AUC durante el gobierno Uribe.

Esperemos que la denuncia de casos como el de Sicim no se quede en un asunto de pago o no de extorsión, lo que repito es muy grave y debe ocupar la atención del Gobierno. Pero, ojalá la preocupación trascienda y de manera contextualizada empecemos a escudriñar los laberintos de las operaciones empresariales en medio del conflicto armado y, asimismo, se pueda determinar si se trata de casos aislados -más allá del escándalo Sicim- o si por el contrario estamos ante políticas subrepticias y prácticas sistemáticas y generalizadas de más empresas en otros territorios del país.