El anuncio del Grupo Prodeco de renunciar a los títulos mineros de La Jagua y Calenturitas, en el Cesar, ha desencadenado diversas reacciones por cuenta de las potenciales consecuencias sociales, ambientales y económicas que podrían presentarse tras el cierre de la operación. A la preocupación de los trabajadores, las comunidades vecinas a las minas y las autoridades departamentales y locales, se han sumado voces de distintos sectores políticos que coinciden en alertar sobre los efectos negativos de la decisión para el departamento y el país.

En este ambiente de incertidumbre —agravado por los cuestionamientos sobre la posición del Gobierno Nacional frente a la decisión de la empresa y los efectos derivados del covid-19—, el Estado tiene una gran oportunidad para asumir un rol que ponga en el centro de la discusión la protección de los derechos humanos, en particular los de los trabajadores y las comunidades de la zona.

La decisión de Prodeco no es sorpresiva. En marzo del año pasado, la empresa suspendió temporalmente sus operaciones como medida de precaución ante las decisiones adoptadas por el Gobierno para superar la emergencia sanitaria[1]. En agosto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) le negó la solicitud de suspender temporalmente las operaciones mineras, decisión que fue ratificada en diciembre por la ANM, desestimando el recurso de reposición presentado por Prodeco. Ante ello, la empresa, finalmente, dio a conocer la inviabilidad económica de reanudar sus operaciones y la decisión de renunciar a los títulos mineros[2].

En medio de esta coyuntura, se conoció una carta del CEO de Glencore dirigida al presidente Iván Duque, en la que manifestaba su preocupación por las decisiones adoptadas por el Estado y le planteaba la posibilidad de retirar las inversiones en el departamento[3]. Ante la eventual salida de Prodeco del Cesar, ¿qué se espera del Estado a la luz de sus obligaciones en materia de empresas y derechos humanos?

Primero, como garante de la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, el Estado colombiano debe asumir una posición clara frente al retiro de la empresa, de forma que pueda trazar una estrategia de respuesta rápida, alineada con el plan de cierre y centrada en prevenir las consecuencias negativas que puedan darse durante y después de este proceso.

Esta estrategia debe prestar atención especial a asuntos que pueden constituir afectaciones adversas sobre los derechos humanos, como las oportunidades económicas para los habitantes, el manejo de los impactos ambientales derivados del cierre temporal o permanente de las minas, y la seguridad de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de la zona, que siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y  asesinatos en contextos donde aún persisten dinámicas asociadas al conflicto armado y la criminalidad.

Segundo, es prioritario que el Estado promueva espacios de participación articulándolos con la empresa minera durante el proceso de planificación e implementación de medidas, y que dichos espacios continúen después del cierre de operaciones. También deberán estar habilitados, como mínimo, para quienes puedan verse afectados directa o indirectamente: trabajadores, comunidades, contratistas y proveedores, entre otros. Su objetivo debe ser el de conocer y tramitar expectativas, inquietudes y preocupaciones, así como comunicar novedades sobre el proceso, particularmente en lo que corresponde al manejo de impactos sobre los derechos humanos.

La participación, además, debe ir acompañada de una estrategia de comunicaciones permanente que trascienda la permanencia de Prodeco, de forma que se resuelvan las inquietudes y aterricen las expectativas de las personas en torno al cierre de las operaciones. El propósito principal debe ser brindar información clara para que los actores interesados puedan tomar decisiones informadas y oportunas respecto a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Entre más transparentes sean las comunicaciones y los flujos de información entre las partes, menos traumático será este proceso que ya de por sí es complejo.

Tercero, el Estado debe fortalecer y fomentar mecanismos estatales de reparación —judiciales y no judiciales— que sean legítimos, accesibles y transparentes, entre otros criterios, en aras de garantizar el acceso a remedio de las personas que consideren que, debido al cierre de las operaciones, han visto afectados sus derechos. El acceso a ellos deberá ser complementario al esfuerzo de Prodeco por canalizar y gestionar las quejas o reclamos recibidas a través de sus propios mecanismos y, en todo caso, ninguno de los dos deberá menoscabar la posibilidad de que las personas accedan a otras instancias de reparación. También deberán adaptarse a los tiempos del plan de cierre, de forma que se dé una respuesta oportuna a las personas.

Por último, para nadie es un secreto que el mundo viene avanzado hacia una transición energética que, entre otros factores, ha contribuido con la disminución de la demanda de carbón, y eso ha tenido repercusiones económicas para los países que dependen de su exportación. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, el país dejó de exportar cerca de 40 millones de toneladas de carbón entre 2017 y 2020[4]. El cierre de las minas en el Cesar representa una oportunidad para repensar, junto con las personas que habitan los territorios, otras maneras de generar bienestar y seguridad. Pero también será un reto compensar los recursos que se dejarían de percibir por regalías e inversión social de las empresas, de los cuales dependen muchos municipios en el país.

Sin duda, la renuncia a los títulos mineros por parte de Prodeco representa un gran desafío para el Estado colombiano, sobre todo en un momento en el que la Consejería Presidencial de Derechos Humanos acaba de lanzar el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, Juntos lo hacemos posible. Resiliencia y solidaridad. Este escenario —que a primera vista pareciera un callejón sin salida— puede transformarse en una oportunidad para fortalecer el rol del Estado en su obligación de respetar los derechos humanos en las actividades empresariales e identificar lecciones aprendidas de cara a la transición energética.