Según las cifras oficiales de Migración Colombia, con corte a mayo de 2022, en el país hay 2.196.520 migrantes venezolanos que han realizado el prerregistro para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un instrumento legal que les servirá para regularizar su situación migratoria y ejercer su capacidad jurídica en el país. Esto les permitirá, por ejemplo, suscribir contratos o tener la titularidad de posesiones, entre otras garantías normativas que habilitan a los migrantes para realizar su proyecto de vida en Colombia.

Pese a ello, es importante empezar a segmentar la conversación sobre los retos que tiene la sociedad colombiana para la integración de migrantes, en el sentido amplio de la dinámica social y económica. El PEP ha empezado a derribar las principales barreras para el goce efectivo de derechos por parte de la población migrante, pero se deben reconocer los retos que persisten en la gestión migratoria con el fin de priorizar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones materiales y relacionales de los migrantes en el país.

Vale la pena preguntarse por las implicaciones que tiene la integración en un país con tantas dificultades en términos de precarización laboral y desigualdad en los ingresos, y en el que, por ejemplo, se reporta una tasa de informalidad laboral del 44,9% en las 23 ciudades principales. ¿Qué significa entonces la integración laboral de migrantes? ¿Cómo puede hacerse de manera exitosa y sostenible? ¿Cómo evitar su precarización? ¿Cómo focalizar acciones para la inserción laboral de migrantes y, a la par, evitar desequilibrios que puedan malinterpretarse entre los colombianos a quienes también les cuesta mucho conseguir trabajo?

Según datos del DANE en la encuesta “Pulso de la Migración”, el 92% de los migrantes dice haber salido de Venezuela para mejorar sus condiciones económicas, y el 94,4% que su intención es quedarse en Colombia durante el próximo año. Sin embargo, el 85% de los migrantes han tenido problemas para conseguir un trabajo pago, principalmente por la falta de oportunidades laborales y del permiso de trabajo, así como la existencia de oportunidades limitadas o irregulares. Esto hace que, en el comparativo de cifras de desempleo, los migrantes reporten un 5,9% más en comparación con los colombianos, aún cuando en la tasa de ocupación se evidencian valores similares que rondan el 54% para ambos grupos.

En plata blanca, los migrantes están en la misma situación de ocupación laboral que los colombianos, pero tienen más dificultades para emplearse en la formalidad. El 80,8% de los migrantes que están trabajando manifiestan que no tienen un contrato escrito, síntoma de una clara vulnerabilidad ante la precarización de sus condiciones de trabajo. Además, el 77,9% de ellos está trabajando más de 40 horas a la semana (es decir, más que las consideradas como una jornada laboral legal), y solo un tercio de ellos ganan el salario mínimo o más.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo de la Fundación Konrad-Adenauer, realizó la primera investigación en el país sobre las percepciones que tiene el sector empresarial frente al fenómeno migratorio. Encontramos que el 47% de los empresarios piensan que la principal dificultad para emplear migrantes está asociada a que, en el momento de la postulación, no cuentan con la documentación requerida para el proceso de contratación. Esto sugiere que el Permiso Especial de Permanencia es el instrumento legal que abre la puerta para contratar a la población venezolana en el país y que la entrega masiva de permisos temporales eliminará ese cuello de botella. En esa misma línea, el 52% de los migrantes encuestados por el DANE que ya tenía el PEP, consideran que esa identificación les ha ayudado a conseguir trabajo, lo que habla de una percepción positiva de los migrantes frente a la efectividad del Estatuto.

Para lograr la inclusión laboral de migrantes en la dinámica productiva se requieren acciones del sector empresarial basadas en un enfoque de integración, un campo en el que aún hay mucho por hacer. En la encuesta desarrollada por la FIP y KAS se evidencia que, del total de empresarios encuestados, solo el 7% conocía en ese momento el Estatuto Temporal de Protección. Eso da cuenta de las barreras en el acceso a información de los empresarios sobre los procedimientos para contratar migrantes.

Acciones pensadas en el sector empresarial

Una primera ruta de acción puede encaminarse a promover el Estatuto entre empresarios y tomadores de decisión sobre las políticas de contratación en las compañías para que los procedimientos internos estén alineados con esta normativa, y se asuma la flexibilización de requisitos para la contratación como parte de una cultura organizacional activamente antidiscriminatoria. Lo anterior puede incluir asuntos como el diseño de protocolos para la contratación de migrantes; la desmitificación de imaginarios sobre las condiciones para la contratación; y el desmonte de requisitos de documentación con sesgo de selección hacia los colombianos, como la solicitud de la libreta militar o el pasaporte venezolano vigente.

Otro punto clave tiene que ver con las percepciones de las personas en las organizaciones sobre la migración y que pueden incidir en la contratación de un migrante. Ante la pregunta sobre si confían o no en la población migrante, el 48% los encuestados manifiestan no hacerlo. Esto abre la discusión sobre las condiciones relacionales que deben promoverse dentro de las organizaciones para garantizar espacios laborales propicios para la inclusión laboral, y pone sobre la mesa la necesidad de doblar esfuerzos en procesos para generar confianza entre los migrantes y sus contextos de acogida, dentro de los cuales se encuentra el sector empresarial.

Al final de cuentas, las decisiones empresariales de contratación se basan en la maximización de beneficios. En ese sentido, la integración de migrantes puede significar un beneficio corporativo que aumente las ventajas competitivas de las compañías. El diseño de protocolos para la contratación de migrantes puede facilitar la satisfacción de mano de obra temporal y suplir vacantes de difícil colocación. Además, se ha comprobado que los empleados migrantes reportan menores niveles de rotación, lo que termina significando mayores beneficios en el largo plazo para las empresas que deciden aportar a la integración laboral de los migrantes. La difusión de los beneficios de la contratación de migrantes también puede aportar al involucramiento del sector empresarial y ambientar de manera favorable la integración productiva de venezolanos en el país.

Las tasas de ocupación laboral en el país señalan que cerca de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Este contexto condiciona la integración laboral de migrantes de la misma manera que afecta al resto de la sociedad colombiana. En ese sentido, una vez superado el escollo de la regularización, los migrantes se seguirán topando con problemas para acceder a empleos formales porque las fallas del mercado laboral condicionan la contratación de migrantes y colombianos por igual.

Los alcances de la regulación masiva

Lo anterior no significa que no haya nada por hacer para incentivar la contratación de migrantes, sino que es la oportunidad de complejizar el análisis sobre los alcances de la regularización masiva como política que promueva su inclusión laboral y, de esa manera, delimitar las expectativas de lo que puede suceder tras la puesta en marcha del Estatuto. Esto permite tener una definición más clara de los roles que deben asumir los diferentes sectores de la sociedad que se involucran en la integración sociolaboral de la población, y facilita el diálogo para la concertación de acciones desde lo que sí es posible.

El gobierno de Iván Duque deja la Casa de Nariño con la tarea cumplida de masificar el Permiso Especial de Protección, y con ello se asume que desaparecerá el factor que hoy impide, en mayor medida, la contratación de migrantes. También se avanzó en la integración de datos para el seguimiento de la dinámica migratoria en el país con la reciente puesta en marcha del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP, lo que permitirá avanzar en la identificación de necesidades frente a la situación laboral de migrantes a partir del uso de datos públicos; pero, de nuevo, esto no significa que inmediatamente se vayan a contratar más migrantes en la formalidad. Será tarea del próximo Gobierno avanzar en políticas activas para la inserción laboral de migrantes, tema que no ha ocupado menciones relevantes por parte de los candidatos, más allá de las urgencias humanitarias de corto plazo.