Esta columna se publicó en el Observatorio de Inversión Privada el 1 de junio de 2021

Se cumple un mes de un Paro Nacional que ha movilizado a la ciudadanía diariamente en casi todo el territorio nacional. En medio del momento más crítico de la pandemia —con las mayores cifras de contagios, de muertes y de saturación del sistema de salud colombiano— las movilizaciones sociales, protestas y bloqueos no ceden, una muestra clara de la magnitud del malestar ciudadano y la profundidad de las conflictividades a las que nos enfrentamos como nación.

Una vez firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, era previsible una escalada de la conflictividad social. Quitar el velo del conflicto armado en Colombia abriría la ventana para encontrarnos con otros conflictos pendientes de resolver pero que se escondían tras los estruendos de la guerra. Pero, al mismo tiempo, permitiría direccionar esfuerzos colectivos para lograr una transformación territorial que abriera la puerta a un goce más efectivo de los derechos ciudadanos, así como generar una apertura en la democracia y en la participación orientada a un mejor trámite de las conflictividades sociales.

Sin embargo, el rumbo político del país marcó distancia de esta necesaria agenda de transformaciones y la pandemia global profundizó la crisis económica, lo que generó un caldo de cultivo para la conflictividad social.

A lo largo de este mes, han sido múltiples las reacciones y los llamados: palabras como autoridad, abusos, diálogo, negociación, liderazgo, crisis, compromiso, implementación, bloqueos o daños, resuenan en la opinión pública una y otra vez. Sin embargo, prevalece un gran cuestionamiento para el sector empresarial colombiano: ¿Esto qué tiene que ver conmigo?  Y también: ¿Hasta qué punto este sector puede aportar a una solución sostenible de la crisis?

Es innegable que el Paro Nacional ha tenido grandes afectaciones al proceso de reactivación económica. De acuerdo con la Encuesta de las Cámaras de Comercio sobre el efecto de la coyuntura social y orden público en las empresas, realizada por Confecámaras, un 22,2% de los encuestados suspendió su operación por motivos derivados del Paro Nacional. Eso sin contar con el impacto que esta situación puede generar en el empleo a nivel nacional, ya que el 90,4% de los empresarios manifiesta que, entre 1 y 5 puestos de trabajo generados actualmente, están en riesgo por los efectos del Paro^[1].

Afectaciones diarias de 484.000 millones de pesos, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda; aumento en costos de operación en microempresas de un 25% a un 30%, según Acopi; y 300 municipios que no han podido despachar alimentos a diferentes regiones del país por cuenta de los bloqueos, según la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Esto sin adentrarnos en las afectaciones particulares que han registrado los medios de comunicación derivadas de excesos y vías de hecho por parte de los manifestantes; las reacciones desproporcionadas por parte de la Fuerza Pública, y los enfrentamientos, saqueos, destrucción de establecimientos comerciales y afectación en el transporte de materias primas, entre otros. Como siempre, los más afectados son los micro, pequeños y medianos empresarios.

Una oportunidad para el liderazgo

Las reacciones del sector empresarial han sido diversas. Por un lado, hay unanimidad en condenar los hechos de violencia y el uso de vías de hecho; pero, por otro, existe cierta ambigüedad a la hora de darle legitimidad a algunas de las demandas de los manifestantes. El Consejo Gremial Nacional, que agrupa los gremios más importantes del sector empresarial y productivo en Colombia, marcó su posición frente al Paro a manera de denuncia ante organismos internacionales por los excesos de manifestantes y las consecuencias asociadas a la actividad empresarial, el desabastecimiento y la saturación del sistema hospitalario, entre otros. En un comunicado manifestaron el “apoyo al presidente de la República, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares para que garanticen la protección de los derechos de todos los colombianos”^[2].

Por su parte, Probogotá sentó una posición alrededor de la necesidad de dar trámite a normas tributarias para financiar el gasto público en el acceso a bienes y servicios por parte de las personas más necesitadas, y de generar empleo con énfasis en mujeres y jóvenes. También habló de la disposición de las empresas asociadas a hacer mayores contribuciones en este sentido. En esta línea, Proantioquia se pronunció a favor de reconocer el derecho a la protesta, ha hecho llamados constantes a la instalación de mesas de diálogo regionales, y rechazado de manera contundente la violencia por parte de manifestantes y la necesidad de que la Fuerza Pública proteja la vida y los derechos humanos de los ciudadanos.

En materia de confianza hacia el sector empresarial, el Invamer poll de mayo muestra que, en medio de una crisis de favorabilidad de casi toda la institucionalidad, hay un repunte en la imagen favorable de la clase empresarial colombiana: pasa de un 48% a un 62%^[3]. Esto debería leerse como una oportunidad para que el sector privado pueda responder más activa y decididamente a la crisis de liderazgo actual, conectando con la ciudadanía, ayudando a aterrizar el descontento y la movilización ciudadana en agendas concretas y aportando al establecimiento de mecanismos de diálogo efectivo, representativo e incidente.

Los estudios de la FIP —basados en mediciones propias y de otras organizaciones— han evidenciado que en materia de confianza hacia el sector empresarial, existe algo que puede ser definido como una paradoja: si bien la imagen positiva de los empresarios fluctúa (sobre todo desde noviembre de 2019 hacia acá), existe una alta confianza en que este sector puede liderar las conversaciones más urgentes para el país.

Eso también se ve en el Barómetro de Edelman 2021. En Colombia, el 68% de los encuestados cree que los CEO deben intervenir cuando el gobierno no soluciona los problemas sociales, mientras que el 67% considera que deberían tomar la iniciativa y no esperar a que el gobierno les imponga los cambios. A todo esto, se suma que el 93% espera que los CEO se pronuncien públicamente sobre desafíos como el impacto de la pandemia (66%), los asuntos sociales (54%) o asuntos con la comunidad (51%).

Sí hay alternativas

Sin desconocer las responsabilidades propias del Estado en la agudización o resolución de la crisis actual, esta columna plantea algunos elementos que, desde el liderazgo empresarial, pueden aportar alternativas y generar mejores condiciones para un desarrollo sostenible y la transformación territorial que se prometió en el Acuerdo Final.

1. La empatía: Hay que reconocer los argumentos detrás del malestar ciudadano y comprender la emocionalidad en las partes involucradas. Esto significa abrirse a la posibilidad de escuchar, de acercarse a las diferentes posiciones y permitirse descubrir los porqué, desde la razón y la emoción. Como ya se ha dicho en muchos espacios -y hoy es casi un consenso nacional-, el fondo de todo lo que ocurre tiene que ver con la pobreza, problemas estructurales de educación y falta de oportunidades. 

Una de las brechas más recurrentes identificadas por la FIP tiene que ver justamente con que, en algunos casos, el sector empresarial no es percibido como parte del territorio y eso da paso a relacionamientos basados en prejuicios, estereotipos y dinámicas de “ellos y nosotros”. Por el contrario, en aquellos espacios donde se construyen propósitos y metas comunes, y en los que todos trabajan para superar los mismos problemas, se logra dar un paso fundamental para la sostenibilidad del negocio a mediano y largo plazo.

2. Comunicación y articulación: Crear canales de comunicación claros y un flujo de información constante entre las operaciones empresariales y las comunidades es un paso fundamental para construir mejores relaciones. De acuerdo con nuestras mediciones en 33 municipios, la principal causa en la percepción de desconfianza hacia el sector empresarial está asociada a la sensación de poca transparencia e información incompleta en lo que las empresas comunican.

Es imperativo que el sector entienda que informar y comunicar no son necesariamente lo mismo. Se informa sobre actividades, iniciativas y resultados (informes de sostenibilidad, por ejemplo), pero cuesta mucho comunicar pedagógicamente la visión que tiene el sector sobre su entorno. La comunicación es intercambio y, más qué piezas, necesita mensajes.

Las comunicaciones gremiales recientes intentan unificar un mensaje, pero es claro que en tiempos de crisis deberían velar también por acciones coordinadas entre el sector, particularmente, las empresas que operan en el mismo territorio. Momentos como el actual requieren de altos niveles de coordinación y vocería para generar diálogos organizados, representativos e incluyentes.

Hay otro nivel de articulación en el que la FIP ha insistido y tiene que ver con crear sinergias de valor público entre los procesos, planes y políticas territoriales, así como entre los esfuerzos, intereses y programas del sector empresarial en los territorios. Este tipo de acción colectiva y de armonización de agendas es decisivo en los procesos de inclusión y transformación. Un ejemplo claro se encuentra en instrumentos como el PDET, que en su espíritu de creación convocaba a todas las fuerzas del territorio a sumarse en una sola visión y plan de acción.

3. Las dos dimensiones del diálogo: Es evidente que una de las salidas a la crisis inmediata está en el diálogo con método, propósito y reglas claras.  Sin embargo, ni todo puede ser diálogo, ni toda conversación es un diálogo. Se debe ser cuidadosos al abrir muchos frentes y espacios que, además, no tengan mínimos de articulación. Hablamos de dos dimensiones del diálogo: el diálogo como mecanismo de negociación para asumir las crisis (como en esta coyuntura), y como método de relacionamiento en los territorios.

En ambos canales la participación del sector empresarial es importante. En el primer caso, para que exponga sus preocupaciones y demandas frente a los efectos de la coyuntura, se involucre en las conversaciones con sectores sociales sobre sus posturas, y participe de los acuerdos a los que se lleguen. En el segundo, puede fortalecer sus esfuerzos mejorando no solo sus canales de relacionamiento, sino como mecanismo de prevención y gestión efectiva de los conflictos. Es a través de un diálogo constante y fluido que se construyen objetivos comunes, y de esta manera empresa, Estado y comunidades puedan articular esfuerzos.

4. Permitirse redefinir los grandes objetivos: No hay lugar a un desarrollo económico sostenible en un entorno inestable. Es momento para que la clase empresarial colombiana se aproxime a nuevas definiciones del éxito y de sus objetivos: no es posible que sus resultados se midan exclusivamente por la rentabilidad o prosperidad económica. Este tipo de procesos debe incluir reflexiones en múltiples dimensiones, que incluyan aspectos sociales y medioambientales y que, de ser necesario, cuestionen y creen nuevas visiones sobre el rol del sector en materia de generación y distribución del ingreso, así como en procesos de inclusión socioeconómica de poblaciones excluidas con altos niveles de vulnerabilidad.

A nivel internacional —y en Colombia cada vez más— existen movimientos y tendencias que buscan trascender el único propósito de acumulación de capital del sector empresarial para llevarlo a un nivel en el que sus operaciones generen valor compartido. Claro ejemplo de esto se encuentra en movimientos como el capitalismo consciente o las empresas B.

Redefinir esos grandes objetivos también implica asumir posiciones críticas y estar dispuestos a cuestionar el statu quo. Como ya lo dijimos, en la actualidad el sector empresarial colombiano muestra un repunte en su favorabilidad. Eso, unido a su liderazgo natural, le brinda una capacidad de incidencia especial: es momento de capitalizarla para asumir posiciones críticas, salirse un poco de la comodidad del respaldo sin condiciones a las instituciones y promover mayor rendición de cuentas del Gobierno y de la ciudadanía, cuando la situación lo amerite.

Este momento de crisis es una oportunidad para hacer las cosas de una forma distinta. La incertidumbre actual abre la posibilidad de encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. La coyuntura es propicia para forjar nuevos roles desde el sector empresarial. Involucrarse de manera activa en procesos de transformación de relaciones con las comunidades y la institucionalidad presente en sus zonas de operación, profundizar su entendimiento e involucramiento en asuntos públicos como rendición de cuentas, veedurías sobre el desempeño de las autoridades locales y mayor interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, son algunos de los caminos que el sector puede emprender en el propósito común de mejorar las condiciones de vida en todo el territorio nacional.