Esta columna de opinión se publicó el 22 de febrero de 2021 en el Proyecto Venezuela de la Revista Semana

En 2018, el gobierno colombiano instó a las autoridades locales a fortalecer sus capacidades en materia de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para atender las necesidades de los migrantes de Venezuela. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y el acceso a dichos servicios aún presenta dificultades, en particular por la complejidad del sistema de salud, las deficiencias de información y la discriminación.

El acceso a SSR en Venezuela se encuentra en condiciones precarias. De acuerdo con el informe Mujeres al límite y Profamilia, la crisis socioeconómica en ese país se reflejó en la escasez de métodos anticonceptivos —que osciló entre 83.3% y el 91.7% en 2018—, la poca capacidad de atención a enfermedades vinculadas a SSR, y la limitada respuesta a la violencia de género.

Para la población migrante, el panorama es un poco más alentador ya que existe una oferta diversificada en salud. Sin embargo, esta no es suficiente pues persiste la dificultad para afiliarse al sistema y costear los tratamientos, algo especialmente penoso para los migrantes irregulares. A esto, hay que sumar el complejo acceso a recursos médicos a nivel local.

Otra de las barreras es el acceso a la información. Aunque entre 2018 y 2019 aumentó el número de migrantes que accedieron a servicios de atención prenatal (80%), de anticoncepción (96%), de enfermedades transmisibles (15% y 249.5% para las relacionadas con sífilis gestacional) y de cáncer de mama (114%), persiste el desconocimiento sobre sus derechos, la oferta de servicios, la cobertura y cómo navegar el sistema de salud. Además, la discriminación limita y —en muchos casos— impide el acceso a servicios primarios.

Esto se traduce en un mayor riesgo de contagio e interrupción de los tratamientos de enfermedades transmisibles como VIH y hepatitis, así como en diagnósticos tardíos de cáncer de mama y próstata. De manera transversal, las niñas y mujeres migrantes enfrentan un riesgo más alto de ser víctimas de trabajo sexual forzado y de violencia física y psicológica. A esto se suman las dinámicas de desplazamiento que se recrudecen en medio de la pandemia aumentando la vulnerabilidad de las personas migrantes.

Es fundamental hacer un trabajo que incluya la movilización de recursos y la redefinición de estrategias de atención para facilitar el acceso al sistema de salud, mejorar la información que recibe esta población y fomentar el uso de los servicios médicos. Todo ello acompañado de modelos de atención primaria basados en la no discriminación.

Como lo ha demostrado la covid-19, garantizar la salud de las personas que habitan en Colombia es beneficio para todos.