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Obras por impuestos, ¿estratégico para la paz? Evolución y futuro

ntorres — Wed, 27 Jul 2022 13:22:37 +0000

Obras por impuestos, ¿estratégico para la paz? Evolución y futuro ntorres Mié, 27/07/2022 - 13:22

El mecanismo de Obras por Impuestos fue diseñado para acercar las empresas a la paz. Con la Ley 1819 de 2016, el Gobierno Nacional lo creó como una forma alternativa de pagar el impuesto de renta, a través de la ejecución de proyectos de inversión en zonas afectadas por el conflicto. La FIP, con el apoyo de la Embajada de Suecia, le ha venido haciendo seguimiento al mecanismo desde su primera vigencia y cuatro después concluye que es atractivo para el sector empresarial pues, como lo demuestran las cifras, son cada vez más las empresas que tienen interés en usarlo. Bien ejecutado, Obras por Impuestos plantea una fórmula “gana-gana” para los contribuyentes, el gobierno y las comunidades. Sin embargo, en medio de la reforma que hoy atraviesa, vale la pena preguntarse si realmente está contribuyendo al cierre de brechas y a la transformación de los territorios más afectados por el conflicto.

Al analizar los datos reportados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y luego de realizar entrevistas a varios actores del sector empresarial, surgen algunas reflexiones. En el documento “Obras por Impuestos, ¿estratégico para la paz? Evolución y futuro del mecanismo”, ofrecemos un balance sobre la distribución geográfica y sectorial de los 141 proyectos que se han aprobado hasta ahora, las empresas que han participado y algunas recomendaciones para que el nuevo gobierno lo fortalezca.

Conozca la infografía con datos claves AQUÍ

El mecanismo de Obras por Impuestos fue diseñado para acercar las empresas a la paz

El balance

1. Sobre la concentración geográfica es importante no perder de vista el objetivo inicial del mecanismo de impactar a los territorios más afectados por el conflicto.

Si bien 77 de los 141 proyectos aprobados en todas las vigencias han estado dirigidos a los territorios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tan solo han logrado impactar el 52% de estos municipios. El impacto en los PDET se puede ver aún más reducido teniendo en cuenta que la ley de financiamiento de 2021 abrió la posibilidad de ejecutar proyectos de importancia estratégica para la reactivación económica y en las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). Lo anterior desvirtúa el espíritu inicial del mecanismo como un instrumento de construcción de paz, ya que los recursos no serán dirigidos, únicamente, a los territorios más afectados por la violencia.

2. Sobre la concentración sectorial, sugerimos implementar obras que tengan un impacto estratégico en los territorios y un alto potencial transformador.

Los proyectos seleccionados hasta ahora se concentran en los sectores de infraestructura y educación, donde hay un número significativo de proyectos de dotación. Si bien los contribuyentes se sienten atraídos por este tipo de proyectos, que acarrean menos riesgos durante su ejecución, también se caracterizan por tener un menor impacto transformador.

3. Sobre los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PART), es necesario que exista una mayor articulación entre el mecanismo y las iniciativas y necesidades identificadas en los PDET.

Del total de obras ejecutadas en zonas PDET, 63 están alineadas con iniciativas PATR. Estas cifras evidencian que pueden ser mayores los esfuerzos para aumentar la alineación en el futuro. La FIP hace un llamado a reconocer los esfuerzos de participación logrados en el marco de los PDET, pues la construcción de paz requiere de sinergias entre los diferentes actores, mecanismos y estrategias. Eso implica construir sobre lo construido.

Recomendaciones para fortalecer el mecanismo

La estructuración de proyectos: Hay que seguir fortaleciendo las capacidades de la institucionalidad local y las comunidades para formular proyectos y garantizar que respondan a las necesidades de los territorios.

El banco de proyectos: Recomendamos que el banco pueda integrar un mayor número de proyectos. No obstante, solo deben estar aquellos que tengan la factibilidad técnica completa.

El cupo CONFIS: Es necesario ampliar el monto total de inversión. La confianza ganada en los contribuyentes hacia el mecanismo no puede ponerse en riesgo por falta de recursos.

La asimetría de riesgos: Recomendamos a las entidades competentes y a las empresas trabajar juntas para encontrar esquemas que permitan equilibrar la asimetría de riesgos.

La opción fiducia y la opción convenio: Sugerimos ampliar el portafolio de proyectos para la opción fiducia y no atar un porcentaje del cupo CONFIS a la opción convenio.

La importancia de la información: Recomendamos habilitar más espacios para intercambiar información que potencien el uso del mecanismo.

El compromiso desde la alta gerencia y equipos de trabajo: Debe existir un compromiso desde la alta gerencia de la empresa que apruebe y facilite la participación. Además, recomendamos contar con un equipo o persona encargada de liderar el proceso dentro de la organización.

La familiaridad con los proyectos: Sugerimos que las empresas conozcan los detalles del proyecto a ejecutar y se realicen las verificaciones necesarias antes de su implementación.

La construcción de la paz requiere de la acción decidida de todos los sectores de la sociedad, entre ellos del sector empresarial. Por su capacidad de generar desarrollo y riqueza, por su capital humano, experiencia y conocimiento, este sector cobra un papel protagónico en el proceso de transformación territorial. La construcción de la paz implica que las empresas actúen de forma corresponsable con los territorios para lograr cambios palpables, medibles y reales, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables y de aquellos que históricamente se han visto afectados por el conflicto y la violencia. Esto es lo que desde la FIP hemos denominado la paz posible.

Obras por Impuestos funciona y es atractivo para los contribuyentes. Sin duda, el Gobierno Nacional debe mantener el mecanismo y realizar esfuerzos para aprovechar todo su potencial transformador. Para ello se requiere que las obras se concentren en las zonas más afectadas por el conflicto y que, a su vez, se aprueben proyectos que tengan un impacto estratégico e integral en estos territorios.

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Obras por Impuestos: de transformación territorial a un mecanismo tributario más

mfranco — Tue, 24 May 2022 18:42:20 +0000

Obras por Impuestos: de transformación territorial a un mecanismo tributario más mfranco Mar, 24/05/2022 - 18:42

Hace cinco años, con la creación del mecanismo Obras por Impuestos, se buscaba apalancar recursos para financiar la implementación de la paz y llegar a las regiones más vulnerables a saldar las deudas históricas en educación, infraestructura y servicios públicos. Eso se haría mediante la optimización de los recursos de la Nación en obras priorizadas por las mismas comunidades y ejecutadas por las empresas como parte de su impuesto de renta.

Desde el 2016 hasta la fecha, son múltiples las leyes y decretos que lo reglamentan. Sin embargo, el más reciente de ellos, publicado por el Ministerio de Hacienda a comienzos de mayo, podría erosionar el objetivo inicial del mecanismo: llegar a los municipios con más precariedades, reducir las barreras que generan inequidad y transformar esos territorios.

Es importante recordar que, en un inicio, en la Ley 1819 de 2016 se contemplaba la creación de una fiducia en la que el contribuyente aportaba unos recursos para uso exclusivo de la ejecución del proyecto, y estos podían ser usados como descuento, hasta en un 50%, en el impuesto de renta (opción fiducia). Más adelante, con la Ley 2010 de 2019, se dispuso que el contribuyente y el ministerio competente (dependiendo del sector del proyecto), firmaran un convenio para la ejecución de la obra, y una vez entregada, el Gobierno pagaría con Títulos de Renovación del Territorio, que podrían ser utilizados para pagar un porcentaje del impuesto de renta (opción convenio).

Luego, la Ley 2155 de 2021 (la última reforma tributaria), modificó el tipo de proyectos que pueden ser susceptibles de ejecutarse con el mecanismo; amplía las zonas donde se pueden llevar a cabo las obras y establece un porcentaje del cupo CONFIS de uso exclusivo para la modalidad convenio.

Antes, los proyectos que se podían llevar a cabo mediante Obras por Impuestos eran en temas de construcción o mejoramiento de acueductos, energía, educación y salud pública e infraestructura vial. En el 2019 se añadieron otros sectores para la opción convenio, como tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura de transporte, cultural y deportiva, entre otros. Si bien con la opción convenio se abrió la posibilidad para obras en nuevos sectores, la evidencia muestra que la mayoría de las obras se hacen en los sectores iniciales, que son aquellos estipulados para ser ejecutados mediante la opción fiducia. El 90% de las obras se han hecho bajo esta modalidad.

Una menor incidencia en los territorios más vulnerables

Ahora, con la nueva reforma, se busca extender el mecanismo a iniciativas que sean catalogados como de interés nacional y aquellas que promuevan las industrias creativas en las denominadas Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). Si bien esto podría significar más alternativas para la ejecución de nuevas obras, el hecho de aumentar el espectro de proyectos que ya no incluyen únicamente aquellos que propenden por el acceso efectivo de derechos de las poblaciones más vulnerables, puede hacer que se pierda la focalización estratégica en zonas donde ya se había adelantado una priorización según las necesidades de las comunidades.

Esto significa que la ampliación a zonas geográficas del país que no están catalogadas como PDET, ZOMAC o con altos índices de pobreza o violencia, como las ADN, limita la capacidad de incidir realmente en los territorios con más vulnerabilidades y brechas de inequidad. De las 95 ADN, al menos 15 están ubicadas en capitales de departamento como Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras. Muchas de estas áreas se encuentran en cabeceras municipales y demás áreas urbanas, donde indudablemente pueden presentarse necesidades, pero allí es más fácil tener acceso a otras fuentes para financiar proyectos que propendan por el desarrollo de las industrias creativas.

Vale la pena aclarar que estas modificaciones se presentan para la opción convenio; es decir, la menos atractiva de las modalidades del mecanismo por cuenta de los riesgos y la disposición anticipada de recursos propios que deben tener las empresas; y que representa el 10% de los proyectos ejecutados.

Sin embargo, el proyecto de decreto que reglamenta lo enunciado en la reforma tributaria, ata el 25% del cupo CONFIS para esta modalidad, dejando así unos recursos limitados para obras que podrían ser más estratégicas en las regiones con más precariedades. Si el objetivo de separar este porcentaje para la modalidad convenio es incentivar su uso, se podría generar el efecto contrario: que las empresas desistan de usar el mecanismo para pagar sus obligaciones por las complejidades ya mencionadas, o que haya una proliferación de proyectos con menos riesgos de estructuración y ejecución, pero poco ambiciosos y con impactos menos estratégicos para lograr el bienestar de las comunidades. Todo ello sumado a que, a la fecha, no hay una ampliación del cupo CONFIS y es poco probable que suceda.

Lo anterior conduce a un escenario donde los recursos son limitados e insuficientes para atender la intención de contribuyentes, lo que a su vez agravaría la tendencia de distribución del número de proyectos y los montos invertidos en los PDET, que han disminuido en las últimas vigencias.

Las modificaciones y ajustes a Obras por Impuestos son deseables y bienvenidas, siempre y cuando apunten al objetivo inicial del mecanismo de cerrar las brechas de inequidad, impactar las zonas más vulnerables del país e incentivar a más empresas a involucrarse para transformar los territorios donde históricamente el Estado no ha llegado. Se trata de un ejercicio gana-gana.

No obstante, la ampliación del tipo de proyectos elegibles, el aumento de zonas no estratégicas para ejecutar las obras y el establecimiento del 25% del cupo CONFIS para desarrollar dichos proyectos, hace que la efectiva transformación territorial se vea cada vez más lejana.

Así las cosas, el mecanismo, que nació como un apoyo a la construcción de paz en el país, se convierte simplemente en un canal más para pagar las obligaciones tributarias de las empresas.

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Hablemos del Acuerdo: balances y pendientes*

mfranco — Thu, 16 Sep 2021 15:19:43 +0000

Hablemos del Acuerdo: balances y pendientes* mfranco Jue, 16/09/2021 - 15:19

*Una versión de esta columna se publicó en Razón Pública.

Las elecciones presidenciales y legislativas de 2022 serán el tercer examen electoral al que se somete el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Tras el plebiscito de 2016 y las elecciones de 2018, que dieron como ganador al presidente Iván Duque, el proceso de implementación del Acuerdo se aproxima a su quinto año en un contexto preelectoral marcado por la polarización política y las secuelas dejadas por la pandemia. Luego de tres años de mandato del presidente Duque, e iniciado el último en el cargo, vale la pena analizar los avances de la implementación, así como los rezagos y retos hacia adelante, muchos de los cuales superan al actual Gobierno y serán determinantes independientemente de quién sea el nuevo presidente el 7 de agosto del 2022.

De acuerdo con el quinto informe sobre implementación del Acuerdo realizado por el instituto Kroc, para noviembre de 2020 se había implementado solo el 28%, lo que significa un largo camino por delante para materializar la visión construida en el proceso de negociación de La Habana[1]. En materia de implementación, “Paz con legalidad” ha sido la mayor expresión de política pública creada por este Gobierno, que llegó al poder con el liderazgo del expresidente Alvaro Uribe Vélez y la bandera de hacer ajustes al acuerdo, reivindicando la victoria del NO en 2016.

Precisamente una de las primeras acciones del gobierno Duque fue la presentación, por iniciativa propia, de las objeciones a la ley estatutaria que instauraba la Justicia Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos neurálgicos de la negociación, y por eso mismo uno de los temas de mayor desencuentro entre los promotores del Acuerdo y sus detractores (particularmente el ala más radical del uribismo que no reconoce como instancia legítima la totalidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición-SIVJRNR). Al final, las seis objeciones no tuvieron éxito, pero sí marcaron la apuesta de un Gobierno que, como se vio obligado a liderar la implementación de un acuerdo con el que no se sentía plenamente identificado, lo realizaría a su manera.

Un elemento adicional a este panorama fue la entrada en 2020 de nuevas administraciones locales, de quienes dependen puntos centrales de la implementación y cuya capacidad de articular sus planes con lo acordado es determinante para construir la paz territorial. Sin embargo, a solo tres meses de haber iniciado sus mandatos, las agendas cambiaron drásticamente con la aparición de la pandemia; pese a ello, hoy algunos planes de desarrollo local contienen acciones específicas para contribuir en la ejecución de lo acordado.

Otra de las arenas en las que el Acuerdo se juega su futuro es el Congreso de la República. Lamentablemente, el panorama no es muy alentador. De acuerdo con un análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre 2020 y 2021 se presentaron 57 iniciativas legislativas con implicaciones directas sobre la implementación de los seis puntos del Acuerdo, 40 de las cuales se hundieron, 10 continuaban en trámite y apenas siete habían sido aprobadas[2]. De ahí la relevancia de las próximas elecciones parlamentarias para la viabilidad y sostenibilidad de lo acordado.

Finalmente, otro de los aspectos para considerar tiene que ver con la financiación para la implementación. En 2017, el marco fiscal de mediano plazo determinó que, en 15 años, la implementación del acuerdo en su totalidad costaría 129 billones, de los cuales 110 estaban destinados a la Reforma Rural integral (RRI). Sin embargo, el cuarto informe de la Contraloría General de la Nación sobre seguimiento a los recursos para la implementación, con corte a marzo de 2020, indicó que existen rezagos y solo se ha venido implementando alrededor del 65% de lo establecido para cada año; eso significa que, a ese ritmo de ejecución, la implementación podrá tomar mucho más tiempo del esperado. Además, es precisamente la RRI la que tiene mayores niveles de desfinanciación, que pueden ascender a casi 54 billones de pesos.

No obstante, como lo reconoció el exministro Mauricio Cárdenas, los asuntos donde el Estado ha sido históricamente más débil son los que menor avance registran. Por eso no debe sorprender tampoco que la restitución de tierras tenga un rezago importante, aunque tampoco se percibe un esfuerzo decidido del gobierno del presidente Duque por corregirlo.

El núcleo de la negociación y de la implementación

Desde la apuesta de Paz con Legalidad del gobierno Duque, hay dos grandes campos en los que pareciera se han concentrado mayores esfuerzos, al menos sobre el papel: la reincorporación de los excombatientes de las FARC y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En el caso de los excombatientes, de acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), de los 13.997 acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 12.943 están en proceso de reincorporación y solo 2.487 permanece en los Antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (AETCR). En materia de reincorporación económica, se han aprobado casi 3.100 proyectos productivos, más del 90% de carácter individual. Uno de los grandes desafíos del proceso está, precisamente, en poder insertar estos negocios en los circuitos de mercado locales y nacionales; por ello, en materia de sostenibilidad es determinante concentrar esfuerzos en los procesos de priorización, formulación y articulación de estas iniciativas que enfrentan desafíos adicionales como la falta de acceso a tierras, bajos niveles de acceso a crédito, las escasas alianzas con el tejido empresarial local y nacional, y las bajas capacidades productivas de las regiones en las que, en buena parte, se desarrollan estos proyectos.

El otro reto enorme está en garantizar la seguridad de los excombatientes. A la fecha, de acuerdo con cifras de Indepaz, más de 270 firmantes de paz han sido asesinados, 36 de ellos en lo corrido de 2021. Finalmente, en materia de reincorporación política, el partido hizo tránsito hacia una nueva identidad (abandonando el acrónimo FARC, ahora Comunes) y estará en su tercera contienda electoral después de la elección presidencial de 2018 (en donde su candidato solo alcanzó cerca de 50.000 votos) y las locales de 2019, en las que sus resultados fueron también incipientes.

El grueso del proceso participativo de los PDET, que estuvo dividido en tres niveles geográficos (veredal, municipal y subregional) fue liderado por el actual Gobierno, en el cual se suscribieron 15 de los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), dado que el único PATR que estaba culminado era el de la subregión Catatumbo. Según cifras del Gobierno, eso implicó la participación de cerca de 200.000 personas y la existencia de cerca de 32.000 iniciativas divididas en ocho pilares temáticos.

A pesar de que ha habido avances importantes en estos dos frentes, una crítica recurrente que ha recibido la política de “Paz con legalidad” es que hay asuntos estratégicos que tienen retrasos, como por ejemplo la Reforma Rural Integral (RRI), que tiene rezagos en la adjudicación de restitución de tierras. El Consejero Presidencial Emilio Archila —que ha sido el líder más visible dentro del Gobierno para la implementación— afirmaba recientemente que el banco de tierras ha sido alimentado con uno de los tres billones de hectáreas que prevé el Acuerdo. No obstante, la adjudicación de títulos no ha mantenido ese mismo ritmo e, incluso, ha disminuido en comparación con el gobierno anterior.

Ante este panorama, subyace una duda que varios promotores del Acuerdo, académicos y líderes territoriales han puesto sobre la mesa: si la versión actual de los PDET responde aún al propósito de ser una herramienta para concertar visiones colectivas del territorio en donde se articulen los esfuerzos de diversos sectores estratégicos en las regiones y, con esto, lograr generar dinámicas de inclusión en territorios históricamente marginados, o si es simplemente un compendio de obras de diversa índole que no están articuladas entre sí y que, aunque tienen muy buenas intenciones, no generan el impacto para el cual fueron creados estos planes.

Las opiniones están divididas.

Implementar requiere aliados

La construcción de paz trasciende la relación Estado- excombatientes. Sectores como el empresarial, los cooperantes, las Organizaciones de la sociedad civil y los medios, entre otros, resultan ser determinantes para poder materializar el Acuerdo. En el caso del empresarial, es innegable que mecanismos como Obras por Impuestos[3] han recibido una buena acogida y significativos niveles de participación de empresas; sin embargo, no hay un mensaje claro ni una estrategia definida impulsada desde el Gobierno Nacional para la activa vinculación de este sector en el proceso de implementación, y por eso las iniciativas existentes se dan de manera esporádica y desarticulada, lo que es un desaprovechamiento de la experiencia que este sector ha construido en el país en materia de procesos de transformación territorial e inclusión. Eso sin contar con que es un actor con recursos, capacidades y vocación de permanencia en el largo plazo en las regiones donde opera y en las que el espectro de acciones posibles es tan amplio que puede involucrar a empresas de todo tipo, tamaño y sector.

Otro actor que ha resultado trascendental para el Acuerdo es la cooperación internacional: desde el proceso mismo de negociación, buena parte del sistema internacional ha estado apoyando su diseño y ejecución. Solo para poner un ejemplo, según la información reportada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), entre 2016 y 2020 Colombia recibió casi 8 billones de pesos como apoyo para la implementación. A esto se suman los esfuerzos de los cooperantes por articular sus agendas con los desafíos del país en materia de construcción de paz. Un ejemplo está, justamente, en los PDET, donde se han creado algunas sinergias que conectan el propósito de la transformación territorial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, buena parte de los cooperantes han sido defensores acérrimos del Acuerdo en el plano internacional, lo que también ha limitado e inducido al Gobierno a tomar posturas más moderadas frente a la implementación.

El próximo gobierno deberá asumir también que las sinergias entre sus planes y estos sectores pueden tener una incidencia directa en la tarea de tratar de superar algunos de los rezagos descritos. En el caso de los cooperantes, dándole continuidad a la agenda de articulación y tratando de replicar ejercicios de planeación conjunta y articulación territorial en donde las voces de los excombatientes, autoridades locales y OSC, entre otros sectores estratégicos, sean tenidas en cuenta, lo cual siempre ha sido prioritario para la comunidad internacional. Para el caso del sector empresarial, es necesaria una estrategia de coordinación que aproveche las agendas de inversión desplegadas por las empresas y logre enlazar las prioridades de este sector (mayor competitividad, reactivación económica, etc) con la agenda de paz.

Los retos del futuro cercano: la paz como propósito

De cara a los comicios de 2022 hay retos significativos para el Acuerdo. Quizás el principal sea lograr traerlo de nuevo a los primeros lugares de la agenda nacional, pero desde un enfoque que invite al entendimiento de la paz como propósito de nación (es decir, una apuesta colectiva y compartida). No ha sido posible dejar de concebir la agenda de paz de una manera sectorizada pues se cree que solo compromete a unos pocos.

Es necesario fortalecer los procesos de pedagogía, apropiación y confianza en el Acuerdo, en donde, además, se entienda la importancia de los procesos de articulación nación-territorio y se promocione a la paz como una oportunidad para impactar en el bienestar, teniendo en cuenta las secuelas de la pandemia en algunas regiones del país.

Otro de los grandes desafíos está en poder avanzar en la agenda de implementación en contextos en donde la violencia se ha recrudecido. Una muestra de ello es la identificación de cerca de 105 masacres entre enero de 2020 y febrero de 2021[4], a lo que se suma la violencia sistemática en contra de defensores de DDHH y desplazamientos masivos, entre otros hechos victimizantes.

Finalmente, es necesario plantear los límites y alcances de la conversación entre la paz perfecta y la paz posible. No debemos desistir como país en buscar la implementación total de lo acordado, pero sí tenemos que hablar sobre el margen de adaptación del Acuerdo a las condiciones cambiantes del país.

La construcción de paz no nació ni se agotará en este Gobierno y quien llegue a la presidencia tendrá la oportunidad de construir una agenda que entiende la paz como sistémica e interdependiente. El Acuerdo sigue siendo una herramienta para hacer frente al contexto de tensión social y exacerbación de conflictos locales que, de alguna manera, no hubiésemos podido ver en sus reales dimensiones de no ser precisamente por la firma del Acuerdo.

Aunque la carrera presidencial apenas comienza, frente a la nueva refrendación electoral del Acuerdo, las apuestas están abiertas. La consigna será: “tenemos que hablar del Acuerdo como país”.

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[1] Instituto Kroc. El Acuerdo Final de Colombia en tiempos del COVID-19: apropiación institucional y ciudadana como clave de la implementación (diciembre 2019 – noviembre 2020) disponible en https://curate.nd.edu/downloads/und:9c67wm14c71

[2] Fundación Ideas para la Paz – FIP. La agenda de paz en el Congreso En qué ha avanzado y en qué no durante el tercer año legislativo (2020-2021). Disponible en https://ideaspaz.org/especiales/infografias/congreso-2021.html

[3] Incentivo tributario para que grandes empresas ejecuten una obra de impacto a cambio de una porción de su impuesto a la renta

[4] Indepaz. #CONLIDERESHAYPAZ - Agresiones contra la paz en Colombia Noviembre 2016 - Abril de 2021. Disponible en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/04/CON-LI%CC%81DERES-HAY-PAZ.pdf

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¿Cómo avanza el mecanismo de Obras por Impuestos tras tres años de ejecución?

mfranco — Mon, 07 Sep 2020 19:25:43 +0000

¿Cómo avanza el mecanismo de Obras por Impuestos tras tres años de ejecución?

Ver la infografía AQUÍ

La construcción de paz y la transformación del territorio son procesos que requieren de la participación de múltiples actores, y uno de ellos es el sector empresarial. Para ello, se creó el mecanismo de Obras por Impuestos en 2016 (Ley 1819), como un incentivo para que las empresas ejecuten proyectos con impacto económico y social en las zonas más afectadas por el conflicto. El beneficio consiste en que el costo de los proyectos ejecutados se le descuenta a la empresa en el pago de hasta el 50% del impuesto sobre la renta. Hace poco fue reglamentada la Ley 2010 de 2019, con la que se creó una nueva opción de este mecanismo: ahora pueden participar personas naturales y jurídicas, y la ejecución del proyecto es pagada a través de títulos negociables que pueden ser utilizados por el contribuyente para el pago del impuesto sobre la renta.

Como parte del seguimiento que la Fundación Ideas para la Paz realiza de este mecanismo, lanzamos la infografía “¿Cómo ha avanzado el mecanismo de Obras por Impuestos?”, que presenta un balance sobre los tres años de su implementación y algunas cifras claves: cuántos proyectos se han ejecutado, en qué territorios y en qué temas, qué tipo de empresas han liderado el proceso y a qué sector pertenecen. Además, describe de manera general la nueva opción del mecanismo.

Entrega del primer proyecto de Obras por Impuestos en Tame, Arauca. Octubre 2018/ Foto: Agencia de Renovación del Territorio

Obras por Impuestos avanza con buen ritmo, pero su éxito y la posibilidad de que sea sostenible dependen de poner especial atención en la priorización y estructuración de los proyectos, mantener un diálogo fluido entre contribuyentes y gobiernos locales, e involucrar a las comunidades en la implementación de las obras para generar procesos de veeduría ciudadana.

De los 344 municipios priorizados para ejecutar este mecanismo, solo se impactó en el 7.2% en la 1ª vigencia y en el 16.2% en la 2ª vigencia, a pesar de que se usó alrededor del 88% y 99% del presupuesto, respectivamente. Para el primer corte del 2020 esta cifra aumentó al 28% de los municipios, usando el 83% del presupuesto.

Ver también "Obras por Impuestos y la Ley de Financiamiento"

mfranco Lun, 07/09/2020 - 19:25

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Foto: Renovación del Territorio

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