Desarrollo socioeconómico

El camino hacia la inclusión laboral de migrantes venezolanos

mfranco — Tue, 31 May 2022 18:48:32 +0000

El camino hacia la inclusión laboral de migrantes venezolanos mfranco Mar, 31/05/2022 - 18:48

Según las cifras oficiales de Migración Colombia, con corte a mayo de 2022, en el país hay 2.196.520 migrantes venezolanos que han realizado el prerregistro para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un instrumento legal que les servirá para regularizar su situación migratoria y ejercer su capacidad jurídica en el país. Esto les permitirá, por ejemplo, suscribir contratos o tener la titularidad de posesiones, entre otras garantías normativas que habilitan a los migrantes para realizar su proyecto de vida en Colombia.

Pese a ello, es importante empezar a segmentar la conversación sobre los retos que tiene la sociedad colombiana para la integración de migrantes, en el sentido amplio de la dinámica social y económica. El PEP ha empezado a derribar las principales barreras para el goce efectivo de derechos por parte de la población migrante, pero se deben reconocer los retos que persisten en la gestión migratoria con el fin de priorizar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones materiales y relacionales de los migrantes en el país.

Vale la pena preguntarse por las implicaciones que tiene la integración en un país con tantas dificultades en términos de precarización laboral y desigualdad en los ingresos, y en el que, por ejemplo, se reporta una tasa de informalidad laboral del 44,9% en las 23 ciudades principales. ¿Qué significa entonces la integración laboral de migrantes? ¿Cómo puede hacerse de manera exitosa y sostenible? ¿Cómo evitar su precarización? ¿Cómo focalizar acciones para la inserción laboral de migrantes y, a la par, evitar desequilibrios que puedan malinterpretarse entre los colombianos a quienes también les cuesta mucho conseguir trabajo?

Según datos del DANE en la encuesta “Pulso de la Migración”, el 92% de los migrantes dice haber salido de Venezuela para mejorar sus condiciones económicas, y el 94,4% que su intención es quedarse en Colombia durante el próximo año. Sin embargo, el 85% de los migrantes han tenido problemas para conseguir un trabajo pago, principalmente por la falta de oportunidades laborales y del permiso de trabajo, así como la existencia de oportunidades limitadas o irregulares. Esto hace que, en el comparativo de cifras de desempleo, los migrantes reporten un 5,9% más en comparación con los colombianos, aún cuando en la tasa de ocupación se evidencian valores similares que rondan el 54% para ambos grupos.

En plata blanca, los migrantes están en la misma situación de ocupación laboral que los colombianos, pero tienen más dificultades para emplearse en la formalidad. El 80,8% de los migrantes que están trabajando manifiestan que no tienen un contrato escrito, síntoma de una clara vulnerabilidad ante la precarización de sus condiciones de trabajo. Además, el 77,9% de ellos está trabajando más de 40 horas a la semana (es decir, más que las consideradas como una jornada laboral legal), y solo un tercio de ellos ganan el salario mínimo o más.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo de la Fundación Konrad-Adenauer, realizó la primera investigación en el país sobre las percepciones que tiene el sector empresarial frente al fenómeno migratorio. Encontramos que el 47% de los empresarios piensan que la principal dificultad para emplear migrantes está asociada a que, en el momento de la postulación, no cuentan con la documentación requerida para el proceso de contratación. Esto sugiere que el Permiso Especial de Permanencia es el instrumento legal que abre la puerta para contratar a la población venezolana en el país y que la entrega masiva de permisos temporales eliminará ese cuello de botella. En esa misma línea, el 52% de los migrantes encuestados por el DANE que ya tenía el PEP, consideran que esa identificación les ha ayudado a conseguir trabajo, lo que habla de una percepción positiva de los migrantes frente a la efectividad del Estatuto.

Para lograr la inclusión laboral de migrantes en la dinámica productiva se requieren acciones del sector empresarial basadas en un enfoque de integración, un campo en el que aún hay mucho por hacer. En la encuesta desarrollada por la FIP y KAS se evidencia que, del total de empresarios encuestados, solo el 7% conocía en ese momento el Estatuto Temporal de Protección. Eso da cuenta de las barreras en el acceso a información de los empresarios sobre los procedimientos para contratar migrantes.

Acciones pensadas en el sector empresarial

Una primera ruta de acción puede encaminarse a promover el Estatuto entre empresarios y tomadores de decisión sobre las políticas de contratación en las compañías para que los procedimientos internos estén alineados con esta normativa, y se asuma la flexibilización de requisitos para la contratación como parte de una cultura organizacional activamente antidiscriminatoria. Lo anterior puede incluir asuntos como el diseño de protocolos para la contratación de migrantes; la desmitificación de imaginarios sobre las condiciones para la contratación; y el desmonte de requisitos de documentación con sesgo de selección hacia los colombianos, como la solicitud de la libreta militar o el pasaporte venezolano vigente.

Otro punto clave tiene que ver con las percepciones de las personas en las organizaciones sobre la migración y que pueden incidir en la contratación de un migrante. Ante la pregunta sobre si confían o no en la población migrante, el 48% los encuestados manifiestan no hacerlo. Esto abre la discusión sobre las condiciones relacionales que deben promoverse dentro de las organizaciones para garantizar espacios laborales propicios para la inclusión laboral, y pone sobre la mesa la necesidad de doblar esfuerzos en procesos para generar confianza entre los migrantes y sus contextos de acogida, dentro de los cuales se encuentra el sector empresarial.

Al final de cuentas, las decisiones empresariales de contratación se basan en la maximización de beneficios. En ese sentido, la integración de migrantes puede significar un beneficio corporativo que aumente las ventajas competitivas de las compañías. El diseño de protocolos para la contratación de migrantes puede facilitar la satisfacción de mano de obra temporal y suplir vacantes de difícil colocación. Además, se ha comprobado que los empleados migrantes reportan menores niveles de rotación, lo que termina significando mayores beneficios en el largo plazo para las empresas que deciden aportar a la integración laboral de los migrantes. La difusión de los beneficios de la contratación de migrantes también puede aportar al involucramiento del sector empresarial y ambientar de manera favorable la integración productiva de venezolanos en el país.

Las tasas de ocupación laboral en el país señalan que cerca de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Este contexto condiciona la integración laboral de migrantes de la misma manera que afecta al resto de la sociedad colombiana. En ese sentido, una vez superado el escollo de la regularización, los migrantes se seguirán topando con problemas para acceder a empleos formales porque las fallas del mercado laboral condicionan la contratación de migrantes y colombianos por igual.

Los alcances de la regulación masiva

Lo anterior no significa que no haya nada por hacer para incentivar la contratación de migrantes, sino que es la oportunidad de complejizar el análisis sobre los alcances de la regularización masiva como política que promueva su inclusión laboral y, de esa manera, delimitar las expectativas de lo que puede suceder tras la puesta en marcha del Estatuto. Esto permite tener una definición más clara de los roles que deben asumir los diferentes sectores de la sociedad que se involucran en la integración sociolaboral de la población, y facilita el diálogo para la concertación de acciones desde lo que sí es posible.

El gobierno de Iván Duque deja la Casa de Nariño con la tarea cumplida de masificar el Permiso Especial de Protección, y con ello se asume que desaparecerá el factor que hoy impide, en mayor medida, la contratación de migrantes. También se avanzó en la integración de datos para el seguimiento de la dinámica migratoria en el país con la reciente puesta en marcha del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP, lo que permitirá avanzar en la identificación de necesidades frente a la situación laboral de migrantes a partir del uso de datos públicos; pero, de nuevo, esto no significa que inmediatamente se vayan a contratar más migrantes en la formalidad. Será tarea del próximo Gobierno avanzar en políticas activas para la inserción laboral de migrantes, tema que no ha ocupado menciones relevantes por parte de los candidatos, más allá de las urgencias humanitarias de corto plazo.

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jrangel

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¿Qué lecciones deja del caso Prodeco para la sostenibilidad de las comunidades?

mfranco — Sat, 20 Mar 2021 19:56:37 +0000

¿Qué lecciones deja del caso Prodeco para la sostenibilidad de las comunidades? mfranco Sáb, 20/03/2021 - 19:56

Esta columna se publicó el 20 de marzo en La Silla Vacía

La transición energética global trae enormes desafíos para los municipios con economías dependientes de la producción de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. El anuncio de la salida del país de Prodeco ha sido el campanazo más reciente de un fenómeno mundial que amerita ser tomado en serio, ya que en principio afectará con más fuerza a los municipios y departamentos que han vinculado estrechamente su dinámica productiva a la minería de carbón.

Ni siquiera Donald Trump, con su discurso anti-Acuerdo de París, logró quebrar la tendencia creciente de las energías renovables y el declive gradual de los combustibles fósiles, donde el carbón parece ser el primer objetivo. Crece el número de países que se han fijado la meta de minimizar o eliminar del todo el consumo de carbón como combustible para generar energía. Francia, Italia, Finlandia y Portugal, entre otros, se encuentran en este grupo. La demanda bajó y, como resultado de esta tendencia, también el precio internacional del carbón. En tres años, la tonelada pasó de US$75 a US$33 (2018 a 2020), un valor que no se registraba desde 2004.

Este escenario marca la inviabilidad económica de la actividad de Prodeco y pone en aprietos a otras empresas del sector, que han visto cómo la demanda del mineral ha disminuido, agudizada por la emergencia global del covid-19.

Con este panorama de fondo, es inminente la caída de los ingresos de las administraciones municipales. Las afectaciones inmediatas se sentirán, en primera medida y con más fuerza, en La Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso, en el departamento del Cesar. Cifras preliminares indican que el impacto sobre las finanzas públicas por concepto de regalías será superior a los 12 mil millones de pesos anuales, los cuales se verán mermados de los presupuestos públicos destinados a proyectos de inversión para el desarrollo en salud, educación e infraestructura, entre otros.

A esta afectación a las finanzas públicas, se suma la pérdida de puestos de trabajo de los empleados directos e indirectos de la empresa (al menos 3.500 empleos solo en el departamento del Cesar), además de aquellos que se perderán por la disminución de la actividad económica en sectores que se dinamizaban con las operaciones de la multinacional y sus contratistas, como el comercio, los restaurantes y los hoteles. Todo eso aumentará la tasa de desempleo en los municipios del área de influencia de la empresa.

Hoy, la obligación de los gobiernos municipales, en articulación con los demás ámbitos de gobierno (departamental y nacional), es la de pasar del discurso a la acción en lo que corresponde a generar nuevas alternativas de desarrollo desde un enfoque de sostenibilidad. Ya no son suficientes las consignas de campaña sobre la diversificación económica, que tampoco son exclusivas de los municipios y departamentos mineros, sino que han sucedido también en los territorios con dependencia de la economía del petróleo.

Barrancabermeja (Santander), capital petrolera de Colombia, es un ejemplo de ello. Durante los últimos 20 años han quedado plasmadas en sus Planes de Desarrollo apuestas por la diversificación económica en sectores como la agroindustria, la logística y, más recientemente, el turismo. Sin embargo, aún hoy su suerte económica sigue estando estrechamente ligada a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y a la suspensión y/o ejecución de proyectos estratégicos en materia de la industria petrolera —como la modernización de la Refinería—. De acuerdo con el DANE, Barrancabermeja registró en 2018 una de las cifras de desempleo más altas del país (23,1%), solo superada por el municipio de Arauca, irónicamente también vinculado con la economía de hidrocarburos.

En los municipios del corredor minero del Cesar —los más afectados con la salida de Prodeco—, los Planes de Desarrollo Municipal, al igual que en los municipios petroleros, han estado nutridos de consignas como: “El desarrollo económico y sostenible para todos” (PDM La Jagua de Ibirico, 2012-2015); “La revitalización de campo” (PDM La Jagua de Ibirico, 2016-2019); “La diversificación económica de la oferta productiva” (PDM El Paso, 2016-2019); y “Becerril del Campo produce y vende” (PDM Becerril, 2016-2019). No obstante, no ha sido así con las acciones de Gobierno y por ello las administraciones actuales están en medio de una encrucijada y con la obligación de mirar hacia otros sectores o, de lo contrario, el impacto de la crisis será inclemente.

Los procesos de diversificación productiva no se dan de la noche a la mañana. La salida de Prodeco nos alerta sobre la necesidad de retomar el interés por la diversificación de la economía de los municipios. Vale la pena estudiar mecanismos innovadores que permitan, de manera articulada entre el sector público y privado, generar verdaderas alternativas de desarrollo que se atrevan a consolidar procesos de desarrollo local, entendiendo las nuevas tendencias globales de transición energética. Hoy esa realidad tocó a unos municipios, pero debería ser el llamado de atención que hacía falta para aquellos que han amarrado su suerte a sectores como el carbón y el petróleo.

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rgomez

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¿Cómo está la inversión social privada en Colombia?

ntorres — Mon, 19 Oct 2020 23:57:08 +0000

¿Cómo está la inversión social privada en Colombia?

Conozca la infografía AQUÍ

Las empresas, además de impulsar el desarrollo económico del país, implementan diferentes iniciativas que benefician a sus grupos de interés internos y externos. Con el propósito de indagar sobre el impacto de estas acciones, la FIP consolidó una base de datos que brinda una fotografía del estado de la inversión social privada en el país. La base consolida 2.171 iniciativas que fueron recolectadas a través de un proceso de revisión de fuentes secundarias, priorizando aquellas que fueran lideradas e implementadas por empresas, cooperativas, fundaciones empresariales, gremios u organizaciones del sector solidario.

La infografía profundiza en los sectores económicos que más aportan a la inversión social privada, las temáticas o áreas en las que se concentran las iniciativas, la ubicación geográfica de las mismas, las metodologías usadas y la población beneficiaria de estos programas. Así mismo, se evidencia la relación de las iniciativas con los mecanismos de construcción de paz y se plantean algunas reflexiones generales sobre los resultados.

Desde la FIP consideramos que la inversión social privada en Colombia es una gran oportunidad para impactar el proceso de construcción de paz. Lo anterior, a través de su articulación con las políticas encaminadas a la transformación territorial, la conexión de los proyectos con la inversión en municipios PDET, el apoyo a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y de reincorporación de excombatientes, además del fortalecimiento de capacidades de sectores poblacionales afectados por el conflicto, entre otras medidas.

ntorres Lun, 19/10/2020 - 23:57

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Mujeres, migración y covid: riesgos y desafíos en la salud y la economía

mfranco — Thu, 17 Sep 2020 16:16:37 +0000

Mujeres, migración y covid: riesgos y desafíos en la salud y la economía mfranco Jue, 17/09/2020 - 16:16

Esta columna de opinión se publicó en el Proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, el 16 de septiembre de 2020

Las dos cosas que más inquietan a los gobiernos latinoamericanos con respecto al covid-19 son la salud pública y la depresión económica. En salud pública, la co-ocurrencia de dos o más epidemias se llama sindemia y esto es justamente lo que ha ocurrido desde que llegó el covid a Colombia. La economía y la salud guardan un pulso delicado en medio de la coincidencia entre ambas epidemias: halar mucho de un lado implica graves afectaciones del otro. Y para las mujeres migrantes venezolanas, se siente con mayor gravedad.

Antes del covid-19, la situación de salud de las mujeres migrantes y/o refugiadas ya estaba gravemente afectada por el colapso del sistema de salud venezolano, el resurgimiento de enfermedades infecciosas o transmitidas por vectores (como los mosquitos) en la región, y las arduas condiciones que enfrentan para migrar, que incluyen múltiples riesgos por cuenta de los grupos armados y las dinámicas de ilegalidad en la frontera. Enfermedades como la malaria, la sífilis gestacional y el VIH/SIDA han aumentado drásticamente en esta población, según los datos reportados en Colombia; condiciones de salud que resultan especialmente graves para las madres gestantes[1], quienes llegan sin controles prenatales[2]. La violencia de género y sexual es también especialmente prevalente en esta población[3].

En el caso de la crisis económica que ya vivían los venezolanos dentro y fuera de su país, esta ha aumentado el porcentaje de informalidad laboral entre la población migrante, que era del 90%, frente a menos de un 60% entre la población colombiana[4]. Este impacto ha golpeado particularmente a las mujeres. Los índices de trabajo remunerado en hogares encabezados por una mujer migrante han caído en un 35%, mientras que, en el caso de hogares encabezados por hombres migrantes, en un 23%[5]. Esto va de la mano con un proceso de precarización laboral que ha incrementado la presencia de mujeres en actividades ilegales o en otras que las ponen ante una constante vulneración de derechos y riesgos contra su salud[6].

Las mujeres migrantes tienen una alta participación en sectores duramente golpeados por la crisis debido a que les resulta imposible teletrabajar y a que el Gobierno tardó en reabrir restaurantes, servicio doméstico, sector de belleza, trabajo sexual y hotelería[7]. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, que han debido adaptarse a servicios de domicilio, ha habido un desplazamiento hacia la mano de obra masculina, ya que la mayoría de los domiciliarios son hombres[8] (en 2019 se estimó que la población venezolana representaba el 57% de los domiciliarios; sin embargo, únicamente el 16% del total eran mujeres[9]). Si bien el grueso de la población nacional siente el impacto, el golpe es mayor cuando se es migrante y no se cuenta con redes de apoyo, se desconoce cómo manejar el sistema de salud y no se pueden recibir ayudas del gobierno.

También el trabajo doméstico —donde hay una sobrerrepresentación femenina y migrante— se destaca por estar desvalorizado, mal remunerado e informalizado. Durante la cuarentena se incrementaron los riesgos de salud para estas trabajadoras, a quienes, en algunos casos, se les ha exigido que trabajen de “puertas adentro” sin garantías de medidas de seguridad. A esto se suman los riesgos de sufrir violencia física, económica, sexual y psicológica en el ámbito doméstico, pues son forzadas a continuar trabajando[10].

En general, los riesgos y precarización por el covid-19 afectan todas las actividades económicas a las que las mujeres migrantes han tenido mayores posibilidades de acceder en Colombia: ventas callejeras, restaurantes, peluquerías, trabajo doméstico, labores de cuidado, trabajo sexual y trabajo de cuidado. Desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia se ha calificado la situación como crítica por la reducción de los servicios sexuales, así como los riesgos de contagio y de violencia ante la necesidad de continuar trabajando[11]. A esto se suman las barreras comunes de la informalidad, como los bajos ingresos, escasos ahorros y falta de acceso a prestaciones o seguridad social. Incluso antes de la pandemia, esto representaba un riesgo para el sector informal y, en particular, para la población migrante.

Las diferencias entre ciudadanas y migrantes radican en factores de riesgo estructurales que influyen sobre las oportunidades a las que se tiene acceso, así como a la ausencia de protección y redes de apoyo. Esto crea una población marginalizada, una fuerza de trabajo barata con menos derechos laborales y falta de cobertura en salud. Factores como la estigmatización y la xenofobia se agudizan en situaciones de crisis. Por ejemplo, la percepción de la población colombiana frente a la integración de migrantes de Venezuela se ha deteriorado: pasó de 67% desfavorable en febrero de 2020 hacia la población que ha llegado para quedarse, a 81% en abril de 2020. Esto se explica por percibir a los migrantes como una amenaza para la seguridad y como competidores frente a recursos escasos[12]. Además, un estudio reciente en zonas de frontera indica que, si bien los asesinatos subieron en los picos de migración posteriores a 2016, el incremento de víctimas se da en la población migrante, no la nacional[13].

La sindemia entre factores económicos, sociales y de salud, ha expuesto a las mujeres migrantes en el ámbito laboral a formas de violencia por parte de múltiples actores —entre ellas redes de trata de personas, narcotráfico y sistemas de esclavitud doméstica— sin contar con sistemas de apoyo. La trata de personas ha venido en aumento entre la población migrante venezolana, pasando de representar el 2.3% en 2015, al 6.2 % en 2018. Las víctimas, que son captadas con ofertas laborales fraudulentas, son principalmente mujeres usadas con fines de explotación sexual[14]. Así, en la medida en que se ven afectadas las posibilidades económicas de las mujeres, su salud personal y la de aquellos que dependen de sus ingresos, también lo hacen. En un país como Colombia, esto puede ser una sentencia de muerte para las mujeres migrantes.

Ante esta situación, las posibles medidas y recomendaciones serán, en muchos casos, inalcanzables o insuficientes, pero las prioridades deben guiarse por la triada “inclusión, desarrollo y promoción”. Es necesario impulsar procesos de inclusión de la población migrante desde un estatus de ciudadanía, lo que va de la mano con el reconocimiento y apropiación de derechos. Para ello se debe contar con capacitación en perspectiva de género para funcionarios y miembros de la Fuerza Pública, Migración Colombia y profesionales de la salud. El Estado debe ser responsable en términos de sistemas que puedan apoyar y acoger a las mujeres migrantes. En salud, el apoyo a la consolidación de redes y promotoras comunitarias para facilitar la orientación, las rutas de denuncia y las medidas de protección de esta población, ha dado resultado en otras partes del mundo como una manera de controlar epidemias, prevenir la violencia y mejorar la salud materna en medio de crisis humanitarias[15].

La investigación y el seguimiento de cómo la crisis afecta a las mujeres migrantes, es fundamental para promover proyectos de generación de ingresos de la mano con el sector privado que les hagan contraste a focos de vulnerabilidad como la trata de personas. Entender que la migración trae consigo desarrollo es fundamental para detener prejuicios relacionados con la xenofobia. Las medidas de reactivación de la economía deben contar con un enfoque de género, poniendo el foco sobre sectores feminizados y alternativas para labores de cuidado. En la medida en que no se atienda la precarización laboral de las mujeres, no habrá posibilidades de igualdad material y social. Colombia ha dado grandes pasos para incluir a la población migrante, marcando ejemplo en la región y el mundo, pero aún queda un largo camino por recorrer.

* Este artículo fue escrito en conjunto con Catalina Correa, doctora en Salud Pública y Prevención de la Universidad de Drexel.

___________________________________

[1] Profamilia, 2020. Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia: ¿Cómo mejorar la respuesta humanitaria? Bogotá, D.C.

[2] Organización de Estados Americanos. Informe de la OEA sobre migrantes y refugiados venezolanos: “Una crisis sin precedentes en la región". 2019. https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-preliminar-2019-Grupo-Trabajo_Venezuela.pdf

[3] CEPAZ. Mujeres al límite. El peso de la emergencia humanitaria. Vulneración de derechos humanos de las mujeres en Venezuela. 2018. https://cepaz.org/documentos_informes/mujeres-al-limite-el-peso-de-la-emergencia-humanitaria-vulneracion-de-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-venezuela/

[4] Proyecto Migración Venezuela. “Percepción de la integración de los migrantes en Colombia en tiempo de coronavirus”. Boletín 10. Mayo, 2020. https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1590818285_boletin_discriminacion2020pdf

[5] Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. GIFMM Colombia: Evaluación conjunta de necesidades ante COVID-19. Respuesta a venezolanos. Junio 2020. https://r4v.info/es/documents/download/77776

[6] Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Los ingredientes para el sustento de una familia migrante en Colombia”. 18 de junio de 2020. https://nrc.org.co/2020/06/18/los-ingredientes-para-el-sustento-de-una-familia-migrante-en-colombia/

[7] Género y Economía/DANE. “Informe sobre ocupación ¿Podrá la actual crisis aumentar la brecha de género en ocupación?” COVID-19 Brechas de género en el mercado laboral. Abril de 2020. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-ocupacion-genero-y-covid.pdf; https://www.larepublica.co/consumo/cuales-son-las-areas-en-las-que-mas-trabajan-los-venezolanos-que-migran-a-colombia-2826030.

[8] Género y COVID-19. “Cómo se están afectando los sectores feminizados debido al COVID-19?” CoreWoman. Brief 2. https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/05/sectores-feminizados-2.pdf

[9] Fescol. ¿Quiénes son lxs repartidorxs en Colombia? Observatorio laboral Universidad del Rosario/Centro de Solidaridad, Defensa y Escuela Nacional Sindical (2019).

[10] Santana Torres, Ailynn. La seguridad de las mujeres frente a la COVID-19: nudos críticos. Fescol. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16137.pdf

[11] Ibid.

[12] Proyecto Migración Venezuela. “Percepción de la integración de los migrantes en Colombia en tiempo de coronavirus”. Boletín 10. Mayo, 2020.

[13] Knight, B.G & Tribin, A. (2020). Immigration and Violent Crime: Evidence from the Colombia-Venezuela Border. The National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w27620.

[14] Proyecto Migración Venezuela. “¿Qué dicen los números sobre la trata de personas en contextos migratorios en Colombia?” Mayo 22 de 2020. https://migravenezuela.com/web/articulo/trata-de-personas-en-contextos-de-la-migracion-venezolana-en-colombia/1905; Ministerio del Interior (diciembre de 2020).

[15] Khatri, R. B., Mishra, S. R., & Khanal, V. (2017). Female community health volunteers in community-based health programs of Nepal: future perspective. Frontiers in public health, 5, 181.

Feinglass, E., Gomes, N., & Maru, V. (2016). Transforming policy into justice: the role of health advocates in Mozambique. Health and human rights, 18(2), 233.

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imarin

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Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes FARC

hmartinez — Mon, 08 Jul 2019 22:17:23 +0000

Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes FARC

En agosto cumple dos años el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, justo en la misma fecha en que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) perderán vigencia jurídica, al menos en su esquema actual. Más allá de las preguntas que esta situación suscita frente al futuro de los excombatientes, lo cierto es que este proceso ha sido, desde el inicio, uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Estado colombiano y las FARC, en noviembre de 2016.

De su éxito dependerá, en gran medida, que el país avance en la consolidación de la paz y que los excombatientes tengan opciones reales para que su tránsito a la vida civil sea sostenible, mitigando así el riesgo de reincidencia y contribuyendo al cierre de ciclos de violencia.

La FIP presenta un balance de la reincorporación desde dos dimensiones: la económica y la que aborda las trayectorias de los excombatientes y sus condiciones de seguridad.

En esta primera entrega abordamos la reincorporación económica, identificando las oportunidades para fortalecerla y dinamizarla. Hasta ahora, este proceso ha privilegiado la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, por encima de la inclusión laboral en el mercado formal. Esto en consonancia con las aspiraciones de los excombatientes, quienes, en un 96%, reportan que prefieren un proyecto productivo.

Dada esta realidad, es necesario tener en cuenta los aprendizajes del Estado colombiano en procesos de generación de ingresos para personas que están en tránsito hacia la vida civil. La consolidación de iniciativas productivas requiere de procesos de largo plazo que incluyen programas de acompañamiento para la estabilización socioemocional de los excombatientes, así como procesos de formación académica y técnica.

El reto es mayor cuando se trata de desarrollar proyectos productivos en zonas rurales, por las brechas en materia de infraestructura, tecnificación y acceso a servicios y mercados de comercialización.

Para hacerse a una idea, la ARN reportó hace un año que, de las 16.219 unidades de negocio desembolsadas a excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas, 7.150 se encuentran en funcionamiento (44%), implementadas en su mayoría en áreas urbanas. En materia de empleabilidad, cerca del 70% de los excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas están ocupados, pero tan solo un 25% se encuentra en la formalidad. Estas cifras que reflejan el gran esfuerzo que significa consolidar procesos de generación de ingresos sostenibles.

La FIP reconoce que ha habido avances significativos, particularmente en lo relacionado con la entrega de los beneficios económicos que se pactaron en el Acuerdo Final. Sin embargo, persisten retos notorios. A la fecha, se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos y cerca de 160 individuales, y tan solo 1.242 excombatientes (9.4%) han podido acceder a un proyecto. Adicionalmente, según la ARN, para abril de este año, 701 excombatientes se encontraban trabajando en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 29 más en la misma ARN.

Basados en este análisis, la FIP identifica tres elementos claves para el éxito del proceso de reincorporación económica de las FARC: la voluntad política y la articulación institucional; las opciones de generación de ingresos (especialmente los proyectos productivos); y la articulación con el sector empresarial a nivel nacional y regional. Sobre este último, una de las recomendaciones gira en torno a la promoción de espacios de reconocimiento y acercamiento con las FARC, para transformar los imaginarios que cada parte tiene de la otra y buscar construir una nueva narrativa enfocada en el desarrollo y la inclusión territorial.

Este documento se divide en tres secciones: primero, una revisión histórica de otros procesos de integración a la economía formal de excombatientes en Colombia; luego, el análisis de los principales factores que, a juicio de la FIP, son vitales para el éxito de la reincorporación económica y cómo se encuentra su implementación; y, finalmente, el planteamiento de algunas recomendaciones para dar luces sobre medidas de manejo de las brechas y desafíos identificados.

Estamos en un momento clave, que requiere de un esfuerzo conjunto y articulado respaldado por recursos, y que, a su vez, convoque a distintos actores y sectores locales y nacionales. En medio de la polarización que rodea la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado y las FARC deben trabajar de manera corresponsable en el impulso del proceso de reincorporación, identificando y promoviendo opciones concretas para los excombatientes. Esta es una tarea que nos debe convocar y sobre la cual deberíamos forjar un consenso.

hmartinez Lun, 08/07/2019 - 22:17

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Lun, 12/08/2019 - 01:00

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Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes de las FARC

En agosto cumplirá dos años el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, justo en la misma fecha en que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) perderán vigencia jurídica, al menos en su esquema actual. Más allá de las preguntas que esta situación suscita frente al futuro de los excombatientes, lo cierto es que este proceso ha sido, desde el inicio, uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Estado colombiano y las FARC, en noviembre de 2016.

De su éxito dependerá, en gran medida, que el país avance en la consolidación de la paz y que los excombatientes tengan opciones reales para que su tránsito a la vida civil sea sostenible, mitigando así el riesgo de reincidencia y contribuyendo al cierre de ciclos de violencia.

La FIP presenta un balance de la reincorporación desde dos dimensiones: la económica y la que aborda las trayectorias de los excombatientes y sus condiciones de seguridad.

En esta primera entrega abordamos la reincorporación económica, identificando las oportunidades para fortalecerla y dinamizarla. Hasta ahora, este proceso ha privilegiado la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, por encima de la inclusión laboral en el mercado formal. Esto en consonancia con las aspiraciones de los excombatientes, quienes, en un 96%, reportan que prefieren un proyecto productivo.

Dada esta realidad, es necesario tener en cuenta los aprendizajes del Estado colombiano en procesos de generación de ingresos para personas que están en tránsito hacia la vida civil. La consolidación de iniciativas productivas requiere de procesos de largo plazoque incluyen programas de acompañamiento para la estabilización socioemocional de los excombatientes, así como procesos de formación académica y técnica.

Estamos en un momento clave, que requiere de un esfuerzo conjunto y articulado respaldado por recursos, y que, a su vez, convoque a distintos actores y sectores locales y nacionales. En medio de la polarización que rodea la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado y las FARC deben trabajar de manera corresponsable en el impulso del proceso de reincorporación, identificando y promoviendo opciones concretas para los excombatientes. Esta es una tarea que nos debe convocar y sobre la cual deberíamos forjar un consenso.

Créditos de la foto: Misión ONU

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La reincorporación económica de los excombatientes de las FARC

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Lun, 08/07/2019 - 12:00

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