Empresas

Guías Colombia lanza estudio de caso sobre cadena de suministro responsable en Casanare

ntorres — Wed, 12 Jun 2024 14:33:05 +0000

Guías Colombia lanza estudio de caso sobre cadena de suministro responsable en Casanare

La debida diligencia en derechos humanos es un requerimiento legal a nivel global, incluida Colombia, con numerosos beneficios. Las empresas que integran estrategias de protección y respeto por los derechos humanos obtienen una ventaja competitiva, al demostrar su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad y la ética.

Está demanda global pone en el centro a las PYMES por cuenta de su incidencia a lo largo de las cadenas de suministro.

Por ello, durante el 2023, una de las apuestas de la iniciativa multiactor Guías Colombia fue ampliar su alcance a través del Proceso Territorial Gradual (PTG), un conjunto de conversaciones en regiones donde se dan operaciones empresariales, las cuales buscan fortalecer el desempeño empresarial en materia de DDHH a partir del diálogo con grupos de interés y considerando las características específicas de cada territorio.

Este proceso lo lidera la FIP como Secretaría Técnica de Guías Colombia en colaboración con las empresas y organizaciones miembros de la iniciativa, quienes acompañan de forma técnica y logística el proceso bajo la figura de Madrinas.

Para el primer PTG se convocó a las PYMES locales que hacen parte de las cadenas de suministro de los miembros de Guías Colombia que operan en Yopal, Casanare. Se convocó a las que hacen parte del sector minero energético, incluyendo empresas de construcción, logística, transporte y comunicaciones, entre otros servicios.

El proceso comenzó en marzo y continuó hasta noviembre, cuando se socializó el estudio de caso que examina los desafíos y aciertos de desarrollar estos espacios de diálogo a nivel territorial. "Los resultados destacan tanto la necesidad de integrar la complejidad de los contextos de las empresas locales en la planeación de procesos de debida diligencia, como el potencial de la cadena de suministro para impulsar la agenda de conducta empresarial responsable en el país", dice el documento.

En Colombia, llevar estas discusiones al ámbito territorial no solo es urgente sino esencial, ya que es en las comunidades locales donde las empresas ejercen su impacto más directo, así como donde se encuentra el grueso de las operaciones empresariales del país.

Competitividad y sostenibilidad a largo plazo

Durante la asamblea anual de Guías Colombia se socializó el estudio de caso que muestra el avance en el fortalecimiento de capacidades empresariales, particularmente de PYMES y otras empresas en Casanare. "Incorporar los estándares internacionales a nivel local es crucial para fomentar un entorno empresarial que contribuya al desarrollo de las regiones en nuestro país", explica María Alejandra Castillo, investigadora del área de Conducta Empresarial Responsable de la FIP.

Formación sobre tendencias globales

Guías Colombia, en alianza con Pacto Global Red Colombia, también llevó a cabo durante el 2023 un ciclo de ocho sesiones de formación, dirigido a las organizaciones miembro de estas iniciativas. El ciclo abordó temáticas como el marco de la Conducta Empresarial Responsable, medio ambiente, integridad y anticorrupción, empleo y relaciones laborales, reporte y divulgación no financiera, entre otros.

En las sesiones participaron más de 15 expertos nacionales e internacionales como Fernanda Hopenhaym del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH; Germán Zarama del Punto focal para América Latina y el Caribe; Ingrid Koch, gerente de operaciones del Centro Vincular; Humberto Cantú, director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, y Guillermo Tejeiro, director de medio ambiente y negocios sostenibles de Brigard Urrutia.

Estos ciclos permitieron fortalecer capacidades y conocimientos sobre las tendencias globales y avances de la agenda de empresas, DDHH y Conducta Empresarial Responsable.

ntorres Mié, 12/06/2024 - 14:33

Tipo

Articulo

Portada

Yopa Guías

Sección

Guías Colombia

Destacado slide

Especial

Desactivado

Vuelve el diplomado "Habilidades gerenciales para la reactivación, la sostenibilidad y la paz"

ntorres — Thu, 18 Aug 2022 20:20:24 +0000

Vuelve el diplomado "Habilidades gerenciales para la reactivación, la sostenibilidad y la paz"

Aplicar a la convocatoria AQUÍ

El objetivo es fortalecer capacidades en empresas del Putumayo con el fin de generar condiciones para una reactivación económica que aporte a la transformación territorial, la equidad de género y la sostenibilidad en regiones de alta afectación por el conflicto armado. El Externado y la FIP certificarán la participación de los y las empresarias en el diplomado.

Más información del diplomado AQUÍ

Inicio: Septiembre

Duración: 80 horas

Lugar: Putumayo

Cierre de la convocatoria: 7 de septiembre de 2022

Modalidad: Virtual y presencial

Cronograma: Sesiones a lo largo de cuatro meses. Las fechas finales serán publicadas al finalizar el proceso de selección.

Periodicidad de los encuentros: Sesiones virtuales los martes y jueves de 5:30 pm a 7:30 pm. Una sesión presencial en septiembre, en octubre y en noviembre.

Becas: Completas, equivalentes al costo total del programa (incluye inscripción, desarrollo del programa, alimentación en espacios presenciales, materiales y subsidio de conectividad a internet).

Becas dirigidas a:

Empresarias y empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas y/o representantes de gremios, interesados en trabajar en la sostenibilidad del negocio y del entorno donde operan.
Personas en cargos directivos de empresas y fundaciones empresariales interesadas en trabajar en una recuperación económica que le aporte a la construcción de paz y a la sostenibilidad.
Personas que han trabajado desde y con el sector empresarial.

Conocimientos teóricos y herramientas prácticas para que las empresas fortalezcan capacidades en materia de:

Análisis de contexto y economía regional: Fortalece los conocimientos de las y los participantes en la comprensión del contexto regional para identificar oportunidades latentes y reconocer los impactos de su actividad en el entorno.
Fortalecimiento del rol de las y los empresarios para transformar el territorio en clave de paz y sostenibilidad: Profundiza los conocimientos de los participantes para mejorar las relaciones de las empresas con sus grupos de interés y potenciar su aporte a la construcción de paz y a la sostenibilidad de los entornos donde operan, basados en el papel del sector privado como dinamizador del desarrollo territorial.
Fortalecimiento del negocio en clave de reactivación económica: Brinda conocimientos y herramientas claves para la sostenibilidad de los negocios aprovechando las oportunidades que ofrece la coyuntura de reactivación económica para superar la crisis por la pandemia del covid-19.

¿Para qué participar?

De la mano de profesionales expertos en la materia, los participantes podrán desarrollar y fortalecer a lo largo del programa capacidades como:

Diálogo, toma de decisiones y cooperación: Una empresa que participa activamente en los procesos de diálogo y coopera con sus grupos de interés, tiene mayores posibilidades de tomar decisiones informadas, innovadoras y atentas a los impactos en su entorno.
Liderazgo y comunicación asertiva: Para que los empresarios puedan ejercer efectivamente el liderazgo natural que les caracteriza, requieren habilidades en comunicación asertiva con el fin de transmitir ideas claras, evitar nuevos conflictos y el resquebrajamiento de las relaciones.
Creatividad: A partir de la imaginación, la información y las oportunidades del contexto, los empresarios pueden encontrar nuevos mercados, fortalecer sus estrategias comerciales y profundizar el impacto en las regiones.

¿Cómo participar?

Para aplicar, haga clic en este enlace y complete el formulario de inscripción. La FIP y la Universidad Externado adelantarán el proceso de selección.

Aprendizajes previos

Este diplomado ya ha recorrido la Sierra Nevada-Perijá, Alto Patía y Norte del Cauca, Montes de María-Bolívar, y su fase reciente fue implementada en sur de Córdoba y Urabá Antioqueño. Los temas centrales fueron el fortalecimiento de capacidades empresariales como el liderazgo, el diálogo, la toma de decisiones y la negociación. Conozca en este video algunos aprendizajes desde las voces de las personas que participaron y le apostaron a la reactivación, la sostenibilidad y la paz.

ntorres Jue, 18/08/2022 - 20:20

Tipo

Articulo

Portada

Diplomado 2021

Sección

Actualidad

Destacado slide

Especial

Desactivado

La confianza: una herramienta de cooperación e inclusión en zonas donde operan empresas

ntorres — Wed, 01 Jun 2022 19:25:41 +0000

La confianza: una herramienta de cooperación e inclusión en zonas donde operan empresas

Con la participación de más de 100 personas provenientes de los 12 municipios del área de influencia de Hidroituango, autoridades locales y empresarios de Antioquia; así como académicos, expertos en medición de confianza y líderes en temas empresariales, la Ruta de la Confianza dio a conocer los resultados de su primer año de implementación. El encuentro profundizó en la importancia del diálogo como elemento fundamental para generar confianza y transformar las relaciones.

María Victoria Llorente, directora de la FIP, manifestó que la confianza es el “pegamento de la construcción de paz”, que une esfuerzos en pro de la transformación de las relaciones para cambiar las condiciones de aquellos territorios más golpeados por el conflicto y la violencia.

Nuestra directora, María Victoria Llorente, hizo parte del panel "La Confianza como herramienta para mejorar relaciones en entornos empresariales" junto a Claudia Restrepo Montoya, de la Universidad EAFIT, Camilo Arango Osorno, de Comfama y Juanita Barrios Azconas de Edelman Colombia

“Hasta ahora, los resultados de la Ruta han sido muy esperanzadores para las comunidades, las autoridades locales de los 12 municipios, la misma empresa y, sobre todo, para nosotros en la FIP, que creemos realmente que el camino de construir confianza es el camino que tenemos que recorrer en Colombia”, añadió Llorente.

Para la FIP, la experiencia de la Ruta de la mano con EPM, valida nuestra apuesta por entender la confianza y el diálogo como herramientas efectivas y sostenibles para la creación de nuevas soluciones que promuevan el bienestar, la generación de oportunidades, la articulación de esfuerzos y agendas de manera corresponsables.

En el encuentro también participó Robinson Miranda, director Social, Ambiental y de Sostenibilidad del PHI, quien aseguró que “la FIP nos abrió los ojos y nos ayudó a mejorar la situación por la que veníamos atravesando, a transformar esas relaciones a partir del diálogo, a fortalecer la presencia de EPM y del Proyecto Ituango en un territorio con muchas complejidades y generar mayor cercanía tanto con las autoridades locales como con la comunidad, pues nosotros, aparte de generar energía, queremos generar desarrollo y lo estamos logrando a través de esta apuesta”.

Las cuatro paradas de la Ruta

La primera fase de La Ruta de la Confianza tuvo cuatro paradas o momentos: la primera de ellas, “diagnóstico”, permitió medir los niveles de confianza entre las comunidades, las autoridades locales de los 12 municipios y la empresa. En esta primera parada, el proyecto logró vincular a más de 400 participantes.

En su segundo momento, denominado “formación para el diálogo”, la Ruta capacitó a 500 personas en 97 espacios de trabajo. Luego vinieron los “encuentros de diálogo”, 49 en total, que contaron con la presencia de 350 dialogantes entre autoridades locales, empresa y comunidades. Como paso final y producto de los diálogos realizados, se llegó a la “materialización de acciones de cooperación”, actividades que beneficiaron a 552 personas del área de influencia de la futura central Hidroituango y que giraron en torno a temas como la productividad, la participación ciudadana, la salud mental, entre otros.

Se demostró que a partir de la medición y la transformación de la confianza se pueden mejorar las relaciones e impulsar el crecimiento empresarial.
“Fue un aprendizaje que se debe implementar en todos los territorios. Al principio no confiábamos en el proceso, pero a medida que comenzó, empezamos a transformarnos desde el interior. A través de estrategias y la conversación, generamos confianza y entendimos lo que había pasado y sanamos las heridas que teníamos. El diálogo lo puede todo”. afirmó la alcaldesa de Toledo, Astrid Elena Echavarría, dialogante de la Ruta.

“Nos pusimos de acuerdo porque aprendimos a dialogar y a escucharnos. Pensamos en las necesidades prioritarias y el capital con el que se contaba, construimos confianza y capacidad de entendernos”, dijo Dairo Antonio Agudelo, presidente JAC de Buenos Aires, Valdivia.

La Ruta no finaliza aquí, es un proceso de largo aliento que se seguirá impulsando en una segunda fase que ya está en curso. Allí, la FIP continuará trabajando por el fortalecimiento de los espacios de diálogo para la incidencia pública, la formación, la generación de conocimiento y la vinculación de nuevos actores.

ntorres Mié, 01/06/2022 - 19:25

Tipo

Articulo

Portada

Ruta de la confianza evento etapa 1

Sección

Actualidad

Destacado slide

Especial

Desactivado

Obras por Impuestos: de transformación territorial a un mecanismo tributario más

mfranco — Tue, 24 May 2022 18:42:20 +0000

Obras por Impuestos: de transformación territorial a un mecanismo tributario más mfranco Mar, 24/05/2022 - 18:42

Hace cinco años, con la creación del mecanismo Obras por Impuestos, se buscaba apalancar recursos para financiar la implementación de la paz y llegar a las regiones más vulnerables a saldar las deudas históricas en educación, infraestructura y servicios públicos. Eso se haría mediante la optimización de los recursos de la Nación en obras priorizadas por las mismas comunidades y ejecutadas por las empresas como parte de su impuesto de renta.

Desde el 2016 hasta la fecha, son múltiples las leyes y decretos que lo reglamentan. Sin embargo, el más reciente de ellos, publicado por el Ministerio de Hacienda a comienzos de mayo, podría erosionar el objetivo inicial del mecanismo: llegar a los municipios con más precariedades, reducir las barreras que generan inequidad y transformar esos territorios.

Es importante recordar que, en un inicio, en la Ley 1819 de 2016 se contemplaba la creación de una fiducia en la que el contribuyente aportaba unos recursos para uso exclusivo de la ejecución del proyecto, y estos podían ser usados como descuento, hasta en un 50%, en el impuesto de renta (opción fiducia). Más adelante, con la Ley 2010 de 2019, se dispuso que el contribuyente y el ministerio competente (dependiendo del sector del proyecto), firmaran un convenio para la ejecución de la obra, y una vez entregada, el Gobierno pagaría con Títulos de Renovación del Territorio, que podrían ser utilizados para pagar un porcentaje del impuesto de renta (opción convenio).

Luego, la Ley 2155 de 2021 (la última reforma tributaria), modificó el tipo de proyectos que pueden ser susceptibles de ejecutarse con el mecanismo; amplía las zonas donde se pueden llevar a cabo las obras y establece un porcentaje del cupo CONFIS de uso exclusivo para la modalidad convenio.

Antes, los proyectos que se podían llevar a cabo mediante Obras por Impuestos eran en temas de construcción o mejoramiento de acueductos, energía, educación y salud pública e infraestructura vial. En el 2019 se añadieron otros sectores para la opción convenio, como tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura de transporte, cultural y deportiva, entre otros. Si bien con la opción convenio se abrió la posibilidad para obras en nuevos sectores, la evidencia muestra que la mayoría de las obras se hacen en los sectores iniciales, que son aquellos estipulados para ser ejecutados mediante la opción fiducia. El 90% de las obras se han hecho bajo esta modalidad.

Una menor incidencia en los territorios más vulnerables

Ahora, con la nueva reforma, se busca extender el mecanismo a iniciativas que sean catalogados como de interés nacional y aquellas que promuevan las industrias creativas en las denominadas Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). Si bien esto podría significar más alternativas para la ejecución de nuevas obras, el hecho de aumentar el espectro de proyectos que ya no incluyen únicamente aquellos que propenden por el acceso efectivo de derechos de las poblaciones más vulnerables, puede hacer que se pierda la focalización estratégica en zonas donde ya se había adelantado una priorización según las necesidades de las comunidades.

Esto significa que la ampliación a zonas geográficas del país que no están catalogadas como PDET, ZOMAC o con altos índices de pobreza o violencia, como las ADN, limita la capacidad de incidir realmente en los territorios con más vulnerabilidades y brechas de inequidad. De las 95 ADN, al menos 15 están ubicadas en capitales de departamento como Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras. Muchas de estas áreas se encuentran en cabeceras municipales y demás áreas urbanas, donde indudablemente pueden presentarse necesidades, pero allí es más fácil tener acceso a otras fuentes para financiar proyectos que propendan por el desarrollo de las industrias creativas.

Vale la pena aclarar que estas modificaciones se presentan para la opción convenio; es decir, la menos atractiva de las modalidades del mecanismo por cuenta de los riesgos y la disposición anticipada de recursos propios que deben tener las empresas; y que representa el 10% de los proyectos ejecutados.

Sin embargo, el proyecto de decreto que reglamenta lo enunciado en la reforma tributaria, ata el 25% del cupo CONFIS para esta modalidad, dejando así unos recursos limitados para obras que podrían ser más estratégicas en las regiones con más precariedades. Si el objetivo de separar este porcentaje para la modalidad convenio es incentivar su uso, se podría generar el efecto contrario: que las empresas desistan de usar el mecanismo para pagar sus obligaciones por las complejidades ya mencionadas, o que haya una proliferación de proyectos con menos riesgos de estructuración y ejecución, pero poco ambiciosos y con impactos menos estratégicos para lograr el bienestar de las comunidades. Todo ello sumado a que, a la fecha, no hay una ampliación del cupo CONFIS y es poco probable que suceda.

Lo anterior conduce a un escenario donde los recursos son limitados e insuficientes para atender la intención de contribuyentes, lo que a su vez agravaría la tendencia de distribución del número de proyectos y los montos invertidos en los PDET, que han disminuido en las últimas vigencias.

Las modificaciones y ajustes a Obras por Impuestos son deseables y bienvenidas, siempre y cuando apunten al objetivo inicial del mecanismo de cerrar las brechas de inequidad, impactar las zonas más vulnerables del país e incentivar a más empresas a involucrarse para transformar los territorios donde históricamente el Estado no ha llegado. Se trata de un ejercicio gana-gana.

No obstante, la ampliación del tipo de proyectos elegibles, el aumento de zonas no estratégicas para ejecutar las obras y el establecimiento del 25% del cupo CONFIS para desarrollar dichos proyectos, hace que la efectiva transformación territorial se vea cada vez más lejana.

Así las cosas, el mecanismo, que nació como un apoyo a la construcción de paz en el país, se convierte simplemente en un canal más para pagar las obligaciones tributarias de las empresas.

Tag

Empresas

Obras por impuesto

Autor

ldelacuesta

Portada

oxi II

Destacado slide

Aborto más allá de la frontera

ntorres — Tue, 12 Apr 2022 19:23:12 +0000

Aborto más allá de la frontera ntorres Mar, 12/04/2022 - 19:23

Esta columna de opinión se publicó en la Silla Vacía el 12 de abril de 2022

Más allá de los debates que suscita la despenalización de la IVE hasta la semana 24 de gestación, el Ministerio de Salud y Protección Social calcula que en Colombia se practican alrededor de 400.000 procedimientos de aborto al año. Las barreras para el acceso a la IVE legal desembocan en procedimientos ilegales que ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas, al punto que se estima que una tercera parte de aquellas que optan por abortos clandestinos desarrolla algún tipo de complicación.

Para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social, las dificultades de acceder a procedimientos legales de IVE son aún más profundas, lo que es particularmente cierto para la población proveniente de Venezuela. Las personas que transitan hacia Colombia son más propensas a ser víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG) —incluyendo violencia sexual— y de tráfico de personas, así como a decidirse por realizar actividades sexuales pagas como método de subsistencia. El desafío es, entonces, garantizar que esta población cuente con acceso pleno a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo la IVE bajo el marco determinado por la Corte Constitucional a finales de febrero.

Desconocimiento del marco legal

Uno de los principales factores que inhiben el acceso de personas migrantes venezolanas a servicios de IVE está relacionado con el temor a infringir la ley colombiana y ser criminalizadas o verse en la obligación de regresar a Venezuela. Así lo relata un informe presentado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame.

Tal carencia de información está especialmente relacionada con el desconocimiento de la Sentencia C-355 de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la IVE como derecho fundamental de niñas y mujeres bajo tres causales: peligro para la vida o salud de la mujer, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte no se limita a la salud física; existencia de una malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero; y cuando el embarazo sea resultado de un acto sexual no consentido o incesto (conductas que deben ser denunciadas para poder acceder al IVE).

En el marco de la nueva sentencia de la Corte, es fundamental ahondar en procesos pedagógicos que permitan garantizar que todas las personas que deseen acceder al servicio de IVE tengan claridad sobre la existencia del sistema mixto.

Para las personas migrantes que sí conocen la reglamentación, en ocasiones tampoco es claro si este derecho se extiende a ellas por su país de origen. Frente a esto, la Corte ya se ha pronunciado, al explicar que los servicios de salud relacionados con el embarazo requieren de atención urgente y prioritaria, lo que incluye la prestación de IVE. La negativa a hacerlo —incluyendo alegatos de carencia de regularización de la situación migratoria o de afiliación al Sistema de Salud por parte de personas migrantes— ha sido catalogada por la Corte como violencia obstétrica.

Fallas en la atención

A pesar de la claridad de las providencias de la Corte, las brechas de atención en servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva (SSSR) —y específicamente de IVE— a personas migrantes siguen siendo muy amplias. Como sucede con la prestación de otros servicios a población migrante, la capacidad instalada en las entidades locales no es suficiente para dar respuesta a la demanda. Así lo señalan dos informes de Profamilia que retratan que, aunque ha mejorado la prestación del servicio y los equipos médicos destinados para tales fines, aún queda mucho por avanzar.

Una evaluación realizada por esta organización sobre la capacidad instalada en cuatro ciudades con alto flujo migratorio (Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar) reveló que en tres de ellas la capacidad de atención a servicios de IVE es muy limitada, y solo en Riohacha es moderada. Otros servicios relacionados con SSSR que recibieron preocupantes evaluaciones fueron la atención en materia de salud materna-infantil, así como la atención y prevención del VIH.

Sumado a la discriminación y la xenofobia, otro obstáculo que se extiende más allá de la IVE y acoge a gran parte de las personas migrantes que desean acceder a servicios de salud en Colombia, está la negativa de las entidades prestadoras, por no contar con los papeles que regularizan su situación migratoria. Esto refleja que la formación que los y las funcionarias reciben en materia migratoria es también limitada.

La regularización es clave. Si bien la Corte ha determinado que las personas migrantes tienen derecho a acceder a servicios de salud de atención prioritaria sin necesidad de presentar documentos, en el día a día esta es una de las principales barreras de acceso a dichos servicios. De acuerdo con Proyecto Migración Venezuela, en 2021 el 66,1 % de los y las migrantes no había podido acceder a servicios de salud, especialmente por carecer de documentos (64,4 %). En contraste, quienes en ese entonces contaban con un Permiso Especial de Permanencia (PEP) relataron que este documento facilitó su acceso al mercado laboral (52,3 %) y a servicios de salud (49 %).

Por ello, la puesta en marcha del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv) y la agilidad en la expedición de los Permisos de Protección Temporal (PPT) son claves para facilitar el acceso a diferentes servicios —incluyendo el de salud— por parte de esta población. Para que esto sea posible hay que generar espacios de capacitación sobre el Etpv tanto para las personas migrantes como para los y las funcionarias públicas que les atienden.

Otro obstáculo relacionado con la situación migratoria, pero específico para el caso de la IVE, apunta a las dificultades para acceder a este servicio de forma legal bajo la causal 3 (acto sexual no consentido o incesto), la cual, en la nueva Sentencia, podrá ser invocada una vez se superen las 24 semanas de gestación. Como se mencionó, la aplicabilidad de esta causal está condicionada a la existencia de una denuncia. Sin embargo, los informes de La Mesa, Oriéntame y Profamilia relatan dificultades a la hora de entablar dicha denuncia bajo dos argumentos recurrentes: la carencia de documentos (lo que reitera la importancia de la regularización y la formación) o que el delito fue cometido en territorio extranjero.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, sin embargo, este segundo argumento, sobre el lugar donde se cometió el delito, no invalida la denuncia ni limita el acceso al servicio. Al respecto, la entidad explica que: “sin importar que su calidad sea la de nacional o extranjera, o que el hecho de violencia sexual haya ocurrido en territorio nacional o extranjero, toda persona víctima de violencia sexual tiene derecho a que se le garanticen las atenciones de salud que tengan la connotación de urgencia médica, dentro de las que se encuentran las indicadas en la Resolución 459 de 2012, y como lo sería para el caso en concreto la Interrupción Voluntaria del Embarazo, siempre y cuando así lo decida la mujer”.

Finalmente, los aspectos culturales de ambos países frente a procedimientos IVE siguen cargando de estigma a quienes consideran acceder a este servicio, lo que dificulta su capacidad de decisión y resulta, en ocasiones, en embarazos no deseados. Los prejuicios sobre la educación sexual plena y el limitado acceso a métodos de planificación —especialmente en zonas rurales y a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad— repercute en los índices de embarazos adolescentes y complicaciones gestacionales. Estos son temas que trascienden la frontera.

¿Qué podemos hacer?

Como sucede con otros servicios de salud, la SSSR tanto de personas migrantes como nacionales debe ser garantizada plenamente. Esto incluye, como lo ha determinado la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud, la prestación de procedimientos de IVE.

Para que la garantía de este derecho sea una realidad para los y las migrantes, es fundamental hacer énfasis en la relevancia de continuar con el proceso de regularización. Por ello, es importante hacer seguimiento a los avances en la implementación del Etpv y promover la agilidad en la expedición de Permisos de Protección Temporal. Esto debe estar acompañado de procesos de formación para funcionarios públicos, la población migrante y la ciudadanía en general, sobre lo que significa el Etpv en cada uno de estos sectores.

En lo que respecta a la capacidad instalada en los centros de atención de salud, es fundamental facilitar el acceso a recursos, especialmente a zonas fronterizas, de alto flujo migratorio o con particulares condiciones de vulnerabilidad, con el fin de garantizar el acceso a los servicios médicos a todas las personas que habitan estos territorios. Esto incluye la disponibilidad de diferentes métodos anticonceptivos, acompañados de la asesoría médica que facilite escoger el que mejor se adecúe a las necesidades de las personas. Además, es necesario establecer rutas de atención en IVE que sean claras para la población migrante teniendo en cuenta las complejidades que representa navegar el sistema de salud colombiano.

No se puede olvidar que parte integral de la plenitud en salud sexual y salud reproductiva es la educación completa y verídica. Por ello, hay que insistir en la importancia de generar procesos de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, pero también a sus familias y círculos cercanos, que permitan impactar y reducir el estigma frente a estos temas y faciliten las decisiones informadas sobre su proyecto de vida.

La migración llegó a Colombia para quedarse. Una sociedad que le apuesta a la paz debe estar comprometida con garantizar los derechos de todas aquellas personas que se encuentran en su territorio. En este sentido, la integración social, económica y cultural de la población migrante es un aporte a la transformación de los territorios y, en esa medida, un avance en la construcción de paz.

Las personas migrantes, al igual que cualquier otro nacional, tienen derecho al acceso pleno a servicios de salud, incluyendo las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. La determinación que la Corte Constitucional ha tomado en materia de IVE impactará no solo a las personas colombianas que decidan acceder a este servicio, sino a todas aquellas de otras naciones que habitan el territorio. Por ello, es fundamental preparar el camino para la atención de este servicio, fortalecer a las entidades con dificultades para hacerlo y profundizar los procesos educativos y culturales que permean de estigma este procedimiento médico.

La garantía del acceso a servicios de salud no puede seguir delimitada a una frontera.

Tag

Empresas

Autor

lcortes

Portada

Frontera, Venezuela. Foto: Colprensa

Destacado slide

Ruta de la Confianza: Del diálogo a la cooperación en los municipios de influencia de Hidroituango

ntorres — Wed, 16 Mar 2022 19:37:01 +0000

Ruta de la Confianza: Del diálogo a la cooperación en los municipios de influencia de Hidroituango

La Ruta de la Confianza completa un año de recorrido. Esta iniciativa de la FIP en alianza con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), le ha apostado al diálogo para transformar las relaciones en pro de la promoción del desarrollo en los 12 municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI). Y ya empieza a recoger frutos.

La Ruta se ha venido materializando en varios encuentros de diálogo donde han participado comunidades, autoridades locales y la empresa en los 12 municipios. Estos espacios no sólo han permitido el reconocimiento de la diversidad, la multiplicidad de posiciones e intereses y pensar sobre el presente y el futuro de los municipios, sino que apalancaron la concertación de 12 iniciativas colectivas que estarán al servicio de los municipios del PHI. (Ver galería de fotos)

La directora del área de Construcción de Paz de la FIP, María Lucía Méndez, explica que la Ruta le ha apostado a una fórmula sencilla y prometedora. “Se trata de dialogar para generar confianza, tener mayor confianza para transformar las relaciones, y que estas relaciones renovadas impulsen la cooperación y el desarrollo”. María Lucía aclara que, aunque la iniciativa no busca transformar los conflictos históricos de la región, sí apunta a mejores formas para abordarlos a través del diálogo.

Los espacios de diálogo, 48 en total, se enfocaron en generar reconocimiento e integración entre los representantes de los tres sectores de la iniciativa. En la mayoría de los municipios, distintos sentimientos afloraron a la hora de describir las conexiones con el PHI. Los participantes manifestaron sentir inseguridad, felicidad, rabia, orgullo, esperanza, incertidumbre, tristeza, sorpresa, por mencionar algunas de las emociones.

Para Flor María Moreno, líder del corregimiento La Honda del municipio de Liborina, la Ruta de la Confianza ha representado promover la integración desde la diferencia: “La Ruta es un espacio en el que las diferencias nos unieron, porque todos tuvimos una actitud abierta al aprendizaje, a recibir del otro su riqueza. Además, aprendimos que es necesario tener una actitud de escucha permanente y dejar que el otro hable desde su sentir, su vivir y su ser”, dice.

Si es posible trabajar en equipo

La cooperación que ha impulsado la Ruta ha permitido fortalecer el relacionamiento y la confianza, convirtiéndose en una oportunidad novedosa de trabajo colaborativo que combina recursos, habilidades y capacidades de los tres sectores para contribuir al desarrollo del departamento.

“Esta estrategia ha permitido armonizar relaciones y mejorar la confianza entre los tres actores del territorio: administraciones municipales, EPM y la comunidad. Como actores activos están en plena disposición en su participación, que también apuestan a este proyecto”, expresó Robinson Miranda, director Ambiental, Social y de Sostenibilidad EPM.

Los 12 acuerdos de cooperación que se lograron concertar gracias a la etapa de diálogo entre las autoridades locales, las comunidades y la empresa, para el desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de su participación, se estarán implementando durante todo el mes de marzo del 2022.

Estas iniciativas colaborativas demuestran que, a pesar de las diferencias, trabajar en equipo es posible. “Más allá de la naturaleza de las iniciativas, que son diversas, nuestro propósito es demostrar que tanto la empresa, como los funcionarios públicos y la comunidad son capaces de llegar a acuerdos y construir soluciones de manera horizontal y participativa, donde la concertación y toma de decisiones incluyentes son la premisa fundamental”, agrega María Lucía de la FIP.

Daniel Chavarría, concejal del municipio de Yarumal expresa que la cooperación es el camino para fortalecer las relaciones entre los diferentes actores: “lo que más me gustó fue la disposición de todos para cooperar y la posibilidad de transferir la metodología a las comunidades, es preciso que se dé continuidad a la estrategia por cuanto fortalece lazos comunitarios e institucionales”, asegura.

Las iniciativas de cooperación incluyen desde intercambios de experiencias y saberes para producción y comercialización, fortalecimiento del liderazgo juvenil y de las mujeres, feria de ecoturismo y campañas ambientales, profundización en la participación ciudadana, procesos formativos en emprendimiento, gestión de proyectos y turismo, e importancia de la salud mental.

Conozca más de la primera parada de la Ruta

ntorres Mié, 16/03/2022 - 19:37

Tipo

Articulo

Portada

Ruta de la Confianza, fase de diálogo

Sección

Actualidad

Destacado slide

Especial

Desactivado

Ondas del territorio: la serie radial sobre construcción de paz en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba

ntorres — Mon, 14 Mar 2022 13:29:35 +0000

Ondas del territorio: la serie radial sobre construcción de paz en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba

Explore este especial AQUÍ

Durante dos meses, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) reflexionaron con líderes del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba sobre el significado de la trasformación territorial como una apuesta central para la construcción de paz.

Las dos organizaciones reunieron en varios espacios de diálogo a líderes empresariales, del sector público y social de estas regiones. Producto de estos encuentros surgió Ondas del Territorio, una serie radial que recoge las voces de estos líderes y sus reflexiones en torno a cinco temas centrales para entender la transformación territorial en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba, en el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los pilares del Acuerdo de Paz.

Para María Lucía Méndez, directora de Construcción de paz de la FIP, la serie radial “cuenta desde las voces mismas de las personas que habitan un territorio, cuál es su visión de la transformación territorial y qué liderazgos se necesitan para alcanzarla. (...) Al final, esta discusión sobre transformación y territorio debe llevar a eso, a que las personas de carne y hueso vean que su vida mejora de alguna manera”.

La FIP ha venido proponiendo que la transformación territorial sea entendida como una apuesta a tres bandas. La primera implica transformar las condiciones materiales —por ejemplo, cerrar las brechas de bienes y servicios—. La segunda pasa por cambiar las relaciones de los habitantes de un territorio, generando confianza y propiciando la acción colectiva. Y, por último, también requiere de cambiar los imaginarios, tejiendo nuevas narrativas sobre el territorio y sus habitantes.

¿Por qué Urabá y el sur de Córdoba? Son regiones PDET, que tienen tanto desafíos como oportunidades de transformación territorial, pero además cuentan con un tejido empresarial importante que está llamado a participar de este diálogo.

La transformación territorial resumida en cinco capítulos

Las voces de los líderes del Urabá antioqueño y del sur de Córdoba son las protagonistas de Ondas del territorio, allí, en cinco capítulos, explican el papel que cumplen en la transformación territorial para la construcción de paz en sus regiones.

1. Identidad

El primer capítulo de Ondas del territorio aborda la identidad como el punto de partida para hablar de transformación territorial. Este episodio narra algunos rasgos de las identidades política, económica, social y cultural de ambas regiones, dado que la construcción de identidad tiene relevancia en las decisiones y las dinámicas territoriales, asuntos que conciernen a las empresas, las autoridades y las comunidades.

La identidad también es protagonista en la construcción de paz porque estuvo en el centro del conflicto armado, que la permeó dejando muchas cicatrices, marcas, estigmas y prejuicios. En palabras de Enilda Jimenez, Gerente de Surikí Nature, una empresa familiar del Urabá antioqueño, “una de las causas de nuestra guerra es que no nos podemos reconocer, no podemos vernos y mirarnos en el otro”.

2. Desarrollo económico inclusivo

La trasformación territorial será exitosa si se logra garantizar el acceso a derechos de las poblaciones que habitan en la ruralidad, o como lo sostiene Carlos Palacio de la Red Urabá Joven: “El desarrollo rural es también el acceso a derechos”.

La construcción de paz está íntimamente relacionada con alcanzar desarrollo económico inclusivo, que es una apuesta por el bienestar económico y social de todos los habitantes de un territorio y, en particular, para los más vulnerables, quienes históricamente han estado excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Córdoba y Urabá son dos regiones integradas en la economía nacional, pero con bajos indicadores sociales. Este episodio de Ondas del territorio explora algunas de las deudas pendientes.

3. Confianza

El tercer capítulo de la serie radial explora la importancia de cambiar las relaciones de quienes habitan los territorios generando confianza y propiciando la acción colectiva. El conflicto armado, el deterioro del capital social, la ausencia de espacios de interacción entre las personas y los sectores, y los obstáculos para la participación ciudadana, entre otros fenómenos, han incidido en la forma como nos relacionamos los colombianos y en nuestra capacidad de confiar en los otros, sobre todo en zonas que han sufrido el conflicto armado de forma directa.

Miguel Suarez, investigador senior de empresas y construcción de paz de la FIP, sostiene que “la confianza al ser un comportamiento puede ser modificada, pero eso no ocurre de la noche a la mañana, requiere de hechos”.

Liuber Bravo, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (ASDEMIM) en Montería, agrega que la construcción de confianza es central para emprender una acción colectiva como la asociatividad empresarial: “Hay que cambiar el chip (…) yo puedo confiar en el otro para que el otro confíe en mí y entre los dos, los cuatro o los cinco, podemos hacer algo con mayor capacidad de negociación”.

4. Nuevas narrativas

En este capítulo se aborda la importancia de transformar los imaginarios, que exige la construcción de nuevas narrativas. La transformación territorial de las zonas más afectadas por la violencia reclama nuevas formas de contar el territorio que ayuden a romper estigmas y a cambiar los imaginarios que dejó el paso de la violencia.

Las voces del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba reclaman nuevas formas de contar, describir e imaginar estos territorios. Unas narrativas que no reproduzcan las marcas y estigmas que dejó la violencia, sino los atributos de estos lugares. Enilda Jiménez, empresaria del Urabá, dice: “Yo quiero que la gente sepa que esta región es muy importante porque aquí viven los jaguares, porque aquí viven los manatíes o porque aquí estaban los canales prehispánicos (…) que narran la historia de la ingeniera hidráulica de los pueblos precolombinos”.

5. Liderazgo

Para lograr los cambios descritos en los cuatro episodios ya descritos, se necesita de líderes renovados y fortalecidos, además de fomentar espacios donde voces nuevas y empoderadas puedan madurar y avanzar en la construcción de paz en estas regiones.

Por eso, el último capítulo de Ondas del territorio explora los rasgos de los liderazgos que se requieren para construir la paz territorial.

Este es tan sólo el abrebocas del nutrido contenido que Ondas del Territorio presentará el próximo 9 de marzo y que estará disponible en el canal de Spotify de FIPCast, en la web oficial de la FIP y en las redes sociales de la KAS. Allí no sólo estarán expuestos los cinco capítulos de la serie, sino las historias de cada uno de los protagonistas que narraron esta historia. A su vez, una amplia y majestuosa galería fotográfica de los paisajes del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba.

La invitación es conectarse con Ondas del Territorio para entender el significado de la trasformación territorial como una apuesta central para la construcción de paz.

ntorres Lun, 14/03/2022 - 13:29

Tipo

Articulo

Portada

OdT

Sección

Actualidad

Destacado slide

Especial

Activado

Enlace al especial

Ondas del territorio: la serie radial sobre construcción de paz en el Urabá ant…

Mi empresa, tu casa: tejiendo lazos con refugiados y migrantes

ntorres — Fri, 18 Feb 2022 14:24:02 +0000

Mi empresa, tu casa: tejiendo lazos con refugiados y migrantes

Para que esto sea posible, le apostamos a dos caminos. El primero, le apunta a fortalecer el acceso de la población migrante a condiciones materiales tales como la garantía de sus derechos, la construcción de marcos legales claros y la generación de oportunidades económicas para quienes han transitado hacia Colombia. El segundo, enfatiza la necesidad de propiciar condiciones relacionales que promuevan el diálogo como herramienta transformadora, al tiempo que buscan derribar prejuicios y estereotipos que inhiben la confianza.

Por ello, hemos construido y acompañado iniciativas que le apuntan a transformar las relaciones entre diferentes sectores de la sociedad, como base para la integración de quienes han decidido transitar hacia nuestro país. Entre ellos, trabajamos de la mano con el sector empresarial para entender cuáles son las barreras que perciben frente a la integración y cómo propiciar el cierre de estas brechas.

Un reciente estudio realizado por la FIP y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung – KAS (2021) con más de 1.200 empresas a nivel nacional reveló que 7 de cada 10 empresarios no ha contratado migrantes en los últimos dos años. Entre los obstáculos identificados por los participantes para que se propicien condiciones de inclusión laboral, se encuentran la carencia de documentos que regulan la situación migratoria (47%), la dificultad para acreditar experiencia (35%) u homologar títulos (26%), así como la insuficiente información recibida sobre procesos de contratación migrante (14%).

Empresas: espacios para la inclusión

Con el propósito de ayudar a solventar estos vacíos, creamos, en alianza con ACNUR, “Mi empresa, tu casa”, un proyecto que busca que las empresas sean lugares cada vez más propicios para la inclusión. Barranquilla fue la cuidad seleccionada para llevar a cabo esta iniciativa en donde contamos con el compromiso y participación activa de tres empresas: Promigas, Monómeros Colombo-Venezolanos y Contacta.(Escuche a los protagonistas)

"Nosotros somos una comunidad que nos gusta trabajar y contribuir al desarrollo", señaló Viczuly Mejías, de la Fundación Monómeros Colombo - Venezolanos. Mejías, migrante venezolana, cree que la migración es una oportunidad para el intercambio cultural y para acelerar positivamente los negocios de las empresas colombianas.

Con las empresas participantes y sus equipos, trabajamos en fortalecer los conocimientos en materia migratoria y reflexionamos sobre las acciones que podemos tomar en el día a día para hacer los entornos empresariales, espacios más incluyentes. Hoy, después de recorrer este camino, las tres empresas cuentan con más herramientas y han reafirmado su compromiso por la inclusión haciendo de mi empresa, tu casa. (Ver galería de fotos: cierre de proyecto 2021)

Para Virna Campanella, CEO de Contacta, la participación de su empresa en este proyecto fue un gran aprendizaje. "Cuando se presentó la oportunidad de trabajar con venezolanos, descubrimos que fue un beneficio. Logramos incluirlos dentro de la operación y alinearnos a la cultura", explica.

ntorres Vie, 18/02/2022 - 14:24

Tipo

Articulo

Portada

Relatoria

Sección

Actualidad

Destacado slide

Especial

Desactivado

Anita Ramasastry participó en la plenaria de Guías Colombia

mfranco — Wed, 12 Jan 2022 21:39:24 +0000

Anita Ramasastry participó en la plenaria de Guías Colombia

En la plenaria de cierre del 2021 de Guías Colombia, iniciativa multiactor comprometida con promover conductas empresariales responsables en el país, participó Anita Ramasastry, miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (GTEDH) de Naciones Unidas desde 2016 y directora del programa de posgrado sobre Desarrollo Internacional Sostenible de la Universidad de Washington en Seattle.

La intervención de Anita se basó en el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones de la lucha contra la corrupción, las empresas y los derechos humanos, que ofrece recomendaciones sobre la materia dirigidas a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Se trata de un asunto especialmente relevante en países donde las empresas o sus socios comerciales hayan incurrido en prácticas de corrupción, sobornos o fraudes, o cuando no han surtido un proceso legal o gubernamental en su entorno de operación, lo que puede conducir a abusos en los derechos humanos.

El mensaje principal del informe es que las empresas acepten que la corrupción debe evitarse no solo porque es un riesgo para ellas, sino también para las personas. Lo mismo pasa con las violaciones de los derechos humanos.

Anita empezó su intervención mencionando que, por lo general, muchas empresas tienen un programa anticorrupción a cargo del área legal o jurídica. Sin embargo, es necesario que el área jurídica desarrolle procedimientos para prevenir la corrupción e incorpore métodos para analizar el riesgo de corrupción y su impacto sobre los derechos humanos. En la práctica, eso implica que el área jurídica y aquella donde recae la gestión de los derechos humanos (de RSE u oficina de sostenibilidad) se articulen y trabajen conjuntamente en estos análisis.

Recomendaciones a las empresas, el Estado y la sociedad civil

Como recomendación a las empresas, Naciones Unidas ha solicitado que dediquen más tiempo a pensar en cómo sus diferentes áreas pueden trabajar juntas. Si existe un alto riesgo de corrupción en un país o mercado en particular, habrá un mayor riesgo de abusos a los derechos humanos. En consecuencia, deben reforzar su debida diligencia en derechos humanos y priorizar el riesgo de corrupción. Esto supone pensar en formas de articular el proceso de debida diligencia en DDHH con los esfuerzos de anticorrupción. Además, deben incluir preguntas sobre la corrupción en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, especialmente con las comunidades y titulares de derechos.

En cuanto a las recomendaciones para los gobiernos, Anita indicó que deben asegurar que existan regulaciones estrictas, no solo para prevenir la corrupción sino las violaciones a los derechos humanos. También, se recomienda el desarrollo de políticas que le den mayor importancia a la prevención de la corrupción y los abusos a los derechos humanos.

La experta referenció la Cumbre de Democracia de la Administración del presidente Joe Biden, en la cual se discutió el riesgo de las “empresas fantasmas anónimas” en todo el mundo. Los contratos con estas entidades anónimas pueden exponer a las empresas a un mayor riesgo de fraude y a un mayor daño reputacional. Por eso, actualmente, hay un gran movimiento para hacer transparente el beneficiario efectivo de esas empresas fantasma.

Para luchar contra la corrupción y saber dónde está el dinero, es necesario saber quién es el verdadero propietario de una cuenta bancaria en el extranjero o incluso una cuenta local. Anita explicó que las comunidades tienen el mismo desafío. Por ejemplo, cuando hay un proyecto de infraestructura o de energía, la comunidad puede sufrir vulneraciones a los DDHH asociadas a la tierra, el acceso al agua o los servicios de seguridad; sin embargo, encontrar el propietario real de la empresa que se encarga de proporcionar la solución puede ser difícil. Es por esto que, en materia de políticas contra la corrupción, el informe ofrece ciertas recomendaciones para los gobiernos que se relacionan con la transparencia.

En cuanto a las medidas de reparación por actos de corrupción, la sociedad civil debe jugar un papel activo y relevante porque los problemas de corrupción están asociados a la vulneración de los derechos humanos. El principal mensaje a la sociedad civil, el Estado y las empresas es que trabajen juntos para garantizar una debida diligencia empresarial en DDHH. No es suficiente el enjuiciamiento por corrupción; se requieren soluciones sólidas, un enjuiciamiento enérgico desde las empresas a la corrupción y mecanismos de denuncia.

Desde Guías Colombia se puso en evidencia la necesidad de que el sector empresarial, así como el Estado y la sociedad civil en Colombia, asuman un rol activo en el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

mfranco Mié, 12/01/2022 - 21:39

Tipo

Articulo

Portada

Guías Colombia Anita Ramasastry2

Sección

Guías Colombia

Destacado slide

Especial

Desactivado

Primer año del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos: una apuesta por el cambio

mfranco — Tue, 04 Jan 2022 19:08:46 +0000

Primer año del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos: una apuesta por el cambio

Para cerrar el 2021, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia y la Universidad Externado, invitaron a las organizaciones integrantes del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos a un desayuno para celebrar el primer año de esta iniciativa y debatir sobre los pasos a seguir del 2022.

Al evento asistieron organizaciones de manera presencial y virtual, las cuales representan a diferentes sectores de la sociedad: entidades estatales del orden nacional y local, gremios, organizaciones de la sociedad civil, universidades, ONG, sindicatos, centros de pensamiento y organizaciones internacionales.

Durante el evento, María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP, exaltó que “coliderar el primer año de este grupo ha sido muy enriquecedor para la FIP (…) La entrada en funcionamiento del grupo se dio un año después de que en nuestro país iniciáramos un confinamiento estricto producto de la pandemia, que generó una crisis que modificó la vida de todos y afectó especialmente a las mujeres, tanto en sus hogares como en el trabajo. Con la pandemia se profundizaron las inequidades de género, aumentaron las brechas en el acceso al trabajo, se incrementó la carga de labores de cuidado no remuneradas y las violencias contra las mujeres”. En ese sentido, resaltó que “el primer año de funcionamiento de esta iniciativa ha permitido consolidar un grupo comprometido con el avance de la agenda de género en el país y el fortalecimiento de los desarrollos actuales en materia de derechos humanos y la conducta empresarial responsable”.

Juan Carlos Monge, representante adjunto de OACNUDH, señaló que “al conmemorar este primer aniversario del grupo temático, queremos reiterar nuestra invitación a que todas las personas y organizaciones que hemos estado en este proceso reasumamos el compromiso de reanudar esfuerzos para el siguiente ciclo de trabajo y estemos comprometidos de manera permanente con la equidad”.

De cara al trabajo que se realizará en 2022, Mónica Trujillo, investigadora de la FIP, rescató que el compromiso de las organizaciones participantes es pasar de un espacio de formación interno, como el que se tuvo en 2021, a la identificación de 10 prioridades para construir una línea base en materia de género para el próximo Plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH.

Por último, OACNUDH y la FIP agradecieron la participación de todas las organizaciones en este primer año de trabajo mancomunado y celebraron la llegada de la Universidad Externado de Colombia a la Secretaría Técnica del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos.

mfranco Mar, 04/01/2022 - 19:08

Tipo

Articulo

Portada

Cierre evento

Destacado slide

Especial

Desactivado