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2020: un año decisivo para la implementación del Acuerdo de Paz

ntorres — Tue, 07 Jan 2020 14:16:23 +0000

2020: un año decisivo para la implementación del Acuerdo de Paz ntorres Mar, 07/01/2020 - 14:16

Esta columna de opinión se publicó el 6 de enero de 2020 en Razón Pública

Un año decisivo

El 2020 marca los primeros cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Este año será decisivo para consolidar el Acuerdo, considerado como uno de los más ambiciosos y más robustos que se hayan firmado en las últimas décadas.

Hasta ahora, entre otras cosas, el Acuerdo:

Ha permitido que cerca de 13.000 hombres y mujeres dejaran las armas y estén adelantando sus procesos de reincorporación.
Ha permitido crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), que se encuentra en etapa de consolidación.
Ha abierto la puerta, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que las políticas públicas se orienten a los territorios que históricamente han estado más excluidos de la oferta estatal.

No obstante, persisten algunos retos ya que se buscan transformaciones de largo plazo y, además, porque el desarrollo de cualquier Acuerdo de Paz trae imprevistos. Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hemos hecho un seguimiento riguroso al cumplimento de los puntos neurálgicos del Acuerdo. En este artículo destacaremos los que consideramos serán los cuatro retos más importantes de 2020.

Integralidad del Acuerdo

El primero tiene que ver con la comprensión del Acuerdo como una apuesta integral. El espíritu de la negociación incluyó siempre la idea de crear las condiciones para una transformación profunda de los territorios, lo cual implica que los seis puntos definidos son interdependientes y su ejecución, en vez de fragmentada, debe ser integral.

Esto es un reto que demanda voluntad política para abordar todos los temas con la misma intensidad. El Gobierno ha avanzado, sobre todo, en la reincorporación de los excombatientes a través de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y en el diseño e implementación de los PDET, liderados desde la Consejería para la Estabilización. En estos dos temas existen resultados significativos pero no necesariamente están articulados, a pesar de que, en la mayoría de los casos, se encuentran en los mismos territorios.

No hay grandes avances en la sustitución, lo que puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

Se deben intensificar los esfuerzos alrededor de otros componentes como la solución al problema de drogas ilícitas dado que, según Naciones Unidas, el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ha avanzado significativamente en la erradicación voluntaria y asistida con un 95% de hectáreas. Sin embargo, no hay grandes avances en la sustitución, y eso puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

Es importante que el PNIS reduzca las hectáreas sembradas de coca y, además, que ofrezca oportunidades efectivas de desarrollo alternativo para los cultivadores. En la práctica, se han presentado demoras en los subsidios y la asistencia técnica para los nuevos cultivos, lo que ha llevado a desconfiar del Programa.

La ejecución integral del Acuerdo debe generar condiciones de desarrollo que permitan superar la violencia como método de dominación. Esto quiere decir que se coordinen los Planes de Acción de los PDET, el PNIS, los Planes Sectoriales y la Hoja de Ruta para la reincorporación de excombatientes definida en diciembre de 2019, entre otros instrumentos de planeación, para cumplir con la apuesta integral del Acuerdo de Paz.

Compromiso de las nuevas administraciones locales

No es posible pensar en una exitosa ejecución del Acuerdo sin pasar por una efectiva coordinación entre las políticas nacionales y las territoriales. Durante el primer semestre del nuevo año se establecerán los planes de desarrollo municipales y departamentales, los cuales deben incorporar programas que contribuyan al cumplimento del Acuerdo.

Esto no es un tema menor, sobre todo si se tiene en cuenta que, tan solo por citar algunos casos:

Los excombatientes están adelantando su proceso de reincorporación en cerca de 430 municipios.
Los PDET se han concentrado en los 170 municipios prioritarios.
Existen víctimas registradas en la totalidad de los municipios del país.
El catastro multipropósito será actualizado para 2022 en el 60% del territorio nacional.
El PNIS señaló cinco departamentos prioritarios en su tercera etapa.

Si bien no toda la responsabilidad de la ejecución debe recaer sobre las administraciones locales, sí son actores estratégicos para robustecer el enfoque territorial que contempla el Acuerdo.

Garantías de seguridad

Crear condiciones de seguridad en todo el territorio es un requisito básico para la ejecución integral del Acuerdo. La existencia de economías ilegales, el crecimiento de las llamadas disidencias de las FARC, así como las amenazas y el asesinato de casi 90 líderes sociales en 2019 —solo en diciembre fueron asesinados 23 en distintas regiones—, y cerca de 77 exguerrilleros, han puesto en evidencia el deterioro de los niveles de seguridad, sobre todo en las áreas rurales del país.

Un ejemplo claro se encuentra en la ejecución del PNIS, en cuyos territorios han aumentado las amenazas a aquellas personas que han decidido sumarse o continuar en el Programa. Además, la tasa de homicidios en algunos de estos municipios ha aumentado durante el último año y, si bien no se puede afirmar categóricamente que todos están relacionados con la sustitución, no deja de llamar la atención este fenómeno.

El recrudecimiento de la violencia es uno de los principales obstáculos para el cumplimento del Acuerdo

Este recrudecimiento incide directamente sobre la capacidad de participación de las comunidades, el desarrollo de estrategias en la ruralidad, la confianza en el Estado, la posibilidad de generar inversión privada en áreas alejadas y la intención misma del Acuerdo de llevar oferta estatal pertinente y cualificada a los territorios históricamente olvidados.

Consolidación de la justicia transicional

En su componente de justicia, el SIVJRNR cuenta con grandes avances por cuenta de la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, a casi dos años de su puesta en marcha, su labor se ha visto empañada por los casos de “Márquez”, “Santrich” y “El Paisa”, gracias a los cuales la opinión pública ha puesto en entredicho su capacidad de administrar justicia de manera oportuna.

Entre los retos de la JEP se destaca la necesidad de mostrar el trabajo realizado durante este tiempo, que va más allá de los obstáculos presentados por la falta de voluntad de algunos líderes de la exguerrilla de las FARC. A 2019, según esta institución, 12.234 personas han sido sometidas a la JEP, de las cuales el 79.4% son de las FARC; 19.9% de la Fuerza Pública, y el 0.4% agentes del Estado.

También es un desafío importante abordar, de manera conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el flagelo de la desaparición forzada. Se espera que a partir de la investigación y los actos tempranos de reconocimiento de actores involucrados en el conflicto, sumados a la contribución a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición, se logren esclarecer las causas y promover la reconciliación.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, por su parte, debe entregarle al país en menos de dos años un informe que muestre lo ocurrido en el conflicto armado y promueva el reconocimiento de responsabilidades y la convivencia en las comunidades que han sido afectadas por la guerra.

En ese sentido, la Comisión ha avanzado durante su primer año en cinco “Diálogos para la No Repetición”, en la construcción de confianza con actores relevantes y en la recolección de los relatos que permitirán construir los contextos que expliquen lo ocurrido. El reto será conciliar, en un periodo relativamente corto, las verdades de los múltiples actores que estuvieron involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto armado.

Finalmente, se suman situaciones muy particulares que contribuyen o dificultan la implementación del Acuerdo:

El futuro de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
La definición del futuro de las Circunscripciones Especiales para la Paz.
La posibilidad de retomar los acercamientos con el ELN.
La persistente polarización política en el país.
Los fenómenos de movilización ciudadana que comenzaron en 2019.
Los desafíos e implicaciones de la prórroga a la Ley de Víctimas.

Sin lugar a duda, el 2020 marcará pasos fundamentales en la implementación del Acuerdo y su vigencia dentro de la agenda nacional.

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Llegó la hora de ver más allá de la extorsión

webmaster — Tue, 17 Feb 2015 22:46:09 +0000

Llegó la hora de ver más allá de la extorsión webmaster Mar, 17/02/2015 - 22:46

Aunque ya otros medios lo habían mencionado, la noticia de que la Fiscalía investiga a la empresa italo-argentina Sicim por sus pagos al ELN y a las FARC en el marco de la construcción del Oleoducto Bicentenario ganó figuración tras ocupar la portada y el artículo central de la revista SEMANA del 1 de febrero. No es para menos, la información revelada deja ver cómo la empresa entregó millonarias sumas a las dos guerrillas, algo que además de ser ilegal en nuestro país, no es deseable pues le inyecta combustible a un conflicto del que muchos colombianos esperamos salir pronto.

Sin duda, lo ocurrido demanda una sanción contra quienes hicieron tales pagos. Pero no nos digamos mentiras, el anuncio de que una empresa ha pagado extorsión para operar en una zona donde por años la guerrilla ha ejercido control territorial, al final del día no es tan sorprendente. Como lo han señalado muchos, este tipo de pagos no es más que un secreto a voces. Sin embargo, el caso de Sicim además de revivir el debate -no menor- sobre si una empresa extorsionada es víctima o cómplice, da cuenta de que estamos frente a fenómenos de extorsión que en el mejor de los casos deberían ser catalogados como graves. Las especulaciones sobre si habrá sanción o no, o si este es el primero de una cascada de escándalos, o si más bien el revuelo será flor de un día, no se han hecho esperar. Amanecerá y veremos.

Sin desconocer ni la gravedad del flagelo de la extorsión y de los pagos hechos por Sicim, ni la urgencia de buscar sanciones y soluciones efectivas, la noticia no nos puede llevar a engaños. Por un lado, no podemos desconocer que el contexto en el que opera esta compañía, al igual que muchas otras en nuestro país, claramente encaja en la definición de un entorno complejo. Es decir, que está marcado por la presencia de actores armados al margen de la ley, economías ilegales, frágil gobernabilidad y débil institucionalidad. Los fenómenos, riesgos y dilemas que enfrentan las empresas que operan en un entorno como este, no son menores y muestran de manera clara que si bien el pago de una extorsión no está exento de responsabilidad por parte de la empresa, otros actores como el Estado y su capacidad de ofrecer seguridad también deben tenerse en cuenta a la hora de juzgar.

Pero por otro lado, volviendo al caso de Sicim y por terrible que suene, lo más dramático no es el pago de la extorsión. La información revelada muestra cómo directivos de la empresa establecieron relaciones estrechas con personas cercanas a estas organizaciones guerrilleras y se valieron de esta cercanía para pedir “servicios” como amedrentar a sus competidores e incluso sacarlos del mercado. Todos estos son elementos que sin duda complejizan y agravan el panorama. Que la empresa pague a la guerrilla para poder trabajar es muy grave, pero que saque provecho de la presencia de la guerrilla y de las dinámicas de conflicto en su zona de operación para ampliar su negocio, es gravísimo. De ser extorsionado a ser aliado hay bastante trecho. Una cosa es alimentar el conflicto y en alguna medida posibilitar que se comentan actos de violencia al entregar recursos económicos, y otra bien diferente es propiciar y auspiciar estos actos de forma explícita y proactiva. ¿Cuáles son los distintos grados de responsabilidad que caben a la hora de analizar la actuación de las empresas en este y otros casos similares?

Será que esta vez sí aprovechamos la oportunidad para abrir un capitulo hasta ahora negado en nuestra historia de conflicto: las alianzas entre actores armados y empresas. Ojalá que se vaya más allá del escándalo y empecemos a examinar los posibles vínculos entre algunas empresas y actores armados, que como lo muestra la investigación revelada por SEMANA, no se limitan a alianzas con grupos paramilitares. Lo que hasta hace poco se pensaba que era un asunto de actores armados de derecha, hoy queda en entredicho. La relación de algunas empresas con las guerrillas puede, como lo muestra este y otros casos, ir mucho más allá. La posibilidad de firmar la paz con las FARC podría, entre otras cosas, empezar a revelar lo que puede ser un capítulo igualmente aterrador al que se comenzó a escribir tras las versiones libres e investigaciones que siguieron al proceso de negociación con las AUC durante el gobierno Uribe.

Esperemos que la denuncia de casos como el de Sicim no se quede en un asunto de pago o no de extorsión, lo que repito es muy grave y debe ocupar la atención del Gobierno. Pero, ojalá la preocupación trascienda y de manera contextualizada empecemos a escudriñar los laberintos de las operaciones empresariales en medio del conflicto armado y, asimismo, se pueda determinar si se trata de casos aislados -más allá del escándalo Sicim- o si por el contrario estamos ante políticas subrepticias y prácticas sistemáticas y generalizadas de más empresas en otros territorios del país.

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Autor

Ángela Rivas Gamboa

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