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2020: un año decisivo para la implementación del Acuerdo de Paz

ntorres — Tue, 07 Jan 2020 14:16:23 +0000

2020: un año decisivo para la implementación del Acuerdo de Paz ntorres Mar, 07/01/2020 - 14:16

Esta columna de opinión se publicó el 6 de enero de 2020 en Razón Pública

Un año decisivo

El 2020 marca los primeros cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Este año será decisivo para consolidar el Acuerdo, considerado como uno de los más ambiciosos y más robustos que se hayan firmado en las últimas décadas.

Hasta ahora, entre otras cosas, el Acuerdo:

Ha permitido que cerca de 13.000 hombres y mujeres dejaran las armas y estén adelantando sus procesos de reincorporación.
Ha permitido crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), que se encuentra en etapa de consolidación.
Ha abierto la puerta, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que las políticas públicas se orienten a los territorios que históricamente han estado más excluidos de la oferta estatal.

No obstante, persisten algunos retos ya que se buscan transformaciones de largo plazo y, además, porque el desarrollo de cualquier Acuerdo de Paz trae imprevistos. Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hemos hecho un seguimiento riguroso al cumplimento de los puntos neurálgicos del Acuerdo. En este artículo destacaremos los que consideramos serán los cuatro retos más importantes de 2020.

Integralidad del Acuerdo

El primero tiene que ver con la comprensión del Acuerdo como una apuesta integral. El espíritu de la negociación incluyó siempre la idea de crear las condiciones para una transformación profunda de los territorios, lo cual implica que los seis puntos definidos son interdependientes y su ejecución, en vez de fragmentada, debe ser integral.

Esto es un reto que demanda voluntad política para abordar todos los temas con la misma intensidad. El Gobierno ha avanzado, sobre todo, en la reincorporación de los excombatientes a través de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y en el diseño e implementación de los PDET, liderados desde la Consejería para la Estabilización. En estos dos temas existen resultados significativos pero no necesariamente están articulados, a pesar de que, en la mayoría de los casos, se encuentran en los mismos territorios.

No hay grandes avances en la sustitución, lo que puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

Se deben intensificar los esfuerzos alrededor de otros componentes como la solución al problema de drogas ilícitas dado que, según Naciones Unidas, el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ha avanzado significativamente en la erradicación voluntaria y asistida con un 95% de hectáreas. Sin embargo, no hay grandes avances en la sustitución, y eso puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

Es importante que el PNIS reduzca las hectáreas sembradas de coca y, además, que ofrezca oportunidades efectivas de desarrollo alternativo para los cultivadores. En la práctica, se han presentado demoras en los subsidios y la asistencia técnica para los nuevos cultivos, lo que ha llevado a desconfiar del Programa.

La ejecución integral del Acuerdo debe generar condiciones de desarrollo que permitan superar la violencia como método de dominación. Esto quiere decir que se coordinen los Planes de Acción de los PDET, el PNIS, los Planes Sectoriales y la Hoja de Ruta para la reincorporación de excombatientes definida en diciembre de 2019, entre otros instrumentos de planeación, para cumplir con la apuesta integral del Acuerdo de Paz.

Compromiso de las nuevas administraciones locales

No es posible pensar en una exitosa ejecución del Acuerdo sin pasar por una efectiva coordinación entre las políticas nacionales y las territoriales. Durante el primer semestre del nuevo año se establecerán los planes de desarrollo municipales y departamentales, los cuales deben incorporar programas que contribuyan al cumplimento del Acuerdo.

Esto no es un tema menor, sobre todo si se tiene en cuenta que, tan solo por citar algunos casos:

Los excombatientes están adelantando su proceso de reincorporación en cerca de 430 municipios.
Los PDET se han concentrado en los 170 municipios prioritarios.
Existen víctimas registradas en la totalidad de los municipios del país.
El catastro multipropósito será actualizado para 2022 en el 60% del territorio nacional.
El PNIS señaló cinco departamentos prioritarios en su tercera etapa.

Si bien no toda la responsabilidad de la ejecución debe recaer sobre las administraciones locales, sí son actores estratégicos para robustecer el enfoque territorial que contempla el Acuerdo.

Garantías de seguridad

Crear condiciones de seguridad en todo el territorio es un requisito básico para la ejecución integral del Acuerdo. La existencia de economías ilegales, el crecimiento de las llamadas disidencias de las FARC, así como las amenazas y el asesinato de casi 90 líderes sociales en 2019 —solo en diciembre fueron asesinados 23 en distintas regiones—, y cerca de 77 exguerrilleros, han puesto en evidencia el deterioro de los niveles de seguridad, sobre todo en las áreas rurales del país.

Un ejemplo claro se encuentra en la ejecución del PNIS, en cuyos territorios han aumentado las amenazas a aquellas personas que han decidido sumarse o continuar en el Programa. Además, la tasa de homicidios en algunos de estos municipios ha aumentado durante el último año y, si bien no se puede afirmar categóricamente que todos están relacionados con la sustitución, no deja de llamar la atención este fenómeno.

El recrudecimiento de la violencia es uno de los principales obstáculos para el cumplimento del Acuerdo

Este recrudecimiento incide directamente sobre la capacidad de participación de las comunidades, el desarrollo de estrategias en la ruralidad, la confianza en el Estado, la posibilidad de generar inversión privada en áreas alejadas y la intención misma del Acuerdo de llevar oferta estatal pertinente y cualificada a los territorios históricamente olvidados.

Consolidación de la justicia transicional

En su componente de justicia, el SIVJRNR cuenta con grandes avances por cuenta de la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, a casi dos años de su puesta en marcha, su labor se ha visto empañada por los casos de “Márquez”, “Santrich” y “El Paisa”, gracias a los cuales la opinión pública ha puesto en entredicho su capacidad de administrar justicia de manera oportuna.

Entre los retos de la JEP se destaca la necesidad de mostrar el trabajo realizado durante este tiempo, que va más allá de los obstáculos presentados por la falta de voluntad de algunos líderes de la exguerrilla de las FARC. A 2019, según esta institución, 12.234 personas han sido sometidas a la JEP, de las cuales el 79.4% son de las FARC; 19.9% de la Fuerza Pública, y el 0.4% agentes del Estado.

También es un desafío importante abordar, de manera conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el flagelo de la desaparición forzada. Se espera que a partir de la investigación y los actos tempranos de reconocimiento de actores involucrados en el conflicto, sumados a la contribución a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición, se logren esclarecer las causas y promover la reconciliación.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, por su parte, debe entregarle al país en menos de dos años un informe que muestre lo ocurrido en el conflicto armado y promueva el reconocimiento de responsabilidades y la convivencia en las comunidades que han sido afectadas por la guerra.

En ese sentido, la Comisión ha avanzado durante su primer año en cinco “Diálogos para la No Repetición”, en la construcción de confianza con actores relevantes y en la recolección de los relatos que permitirán construir los contextos que expliquen lo ocurrido. El reto será conciliar, en un periodo relativamente corto, las verdades de los múltiples actores que estuvieron involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto armado.

Finalmente, se suman situaciones muy particulares que contribuyen o dificultan la implementación del Acuerdo:

El futuro de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
La definición del futuro de las Circunscripciones Especiales para la Paz.
La posibilidad de retomar los acercamientos con el ELN.
La persistente polarización política en el país.
Los fenómenos de movilización ciudadana que comenzaron en 2019.
Los desafíos e implicaciones de la prórroga a la Ley de Víctimas.

Sin lugar a duda, el 2020 marcará pasos fundamentales en la implementación del Acuerdo y su vigencia dentro de la agenda nacional.

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La reincorporación de las FARC tres años después: Desafíos y propuestas

ntorres — Fri, 06 Dec 2019 12:11:11 +0000

La reincorporación de las FARC tres años después: Desafíos y propuestas ntorres Vie, 06/12/2019 - 12:11

El primero de diciembre se cumplieron tres años del inicio del desarme de las FARC y de su proceso de reincorporación a la vida civil, que, aunque ideado por los líderes de esa guerrilla como colectivo, en la práctica ha tenido un giro hacia lo individual y presentado grandes obstáculos en materia de opciones estables en lo político, económico y social.

Eso ha planteado una serie de preguntas: ¿Esta realidad representa una derrota para el proyecto político de las FARC? ¿Qué implica para el país una reincorporación más individual que colectiva? ¿Cómo aprovechar los aprendizajes del pasado en materia de reintegración? ¿Cómo medir el éxito de la reincorporación a largo plazo?

Seis grandes desafíos

La reincorporación enfrenta actualmenteseis grandes retos: uno, la estabilidad territorial de los excombatientes, que se ve incierta; dos, su dispersión en más de 400 municipios; tres, las dificultades para desarrollar proyectos productivos de manera colectiva frente al avance de proyectos individuales; cuatro, el deterioro de la seguridad; cinco, la estigmatización y la tímida responsabilidad compartida ente el Gobierno y las FARC (el primero ha hecho esfuerzos en política pública que deben ser desarrollados y evaluados, y las FARC se enfrentan a una fragmentación interna que puede generar tensiones y desgaste institucional); y seis, la necesidad de diseñar la ruta de reincorporación a largo plazo,indispensable para condicionar y hacer seguimiento a los beneficios económicos y sociales entregados a los excombatientes.

Enfrentarlos implica creatividad, aprender del pasado, capacidad técnica, voluntad política y corresponsabilidad para construir soluciones oportunas y sostenibles.

Dos propuestas

La FIP plantea dos apuestas indispensables para avanzar en el tema de la reincorporación: la primera, que la reincorporación económica de los excombatientes requiere de la participación activa del sector empresarial. Para ello, el Gobierno debe definir una estrategia que aborde sectorial y territorialmente a las empresas, para conectarlas con las necesidades y potencialidades de la reincorporación.

La segunda, la necesidad de conectar la reincorporación con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos dos procesos se complementan, no solo porque se cruzan geográficamente, sino porque pueden retroalimentarse: la reincorporación por su potencial de ampliar sus beneficios a las comunidades donde se ubican los excombatientes, y los PDET por propiciar transformaciones territoriales que le den mayor viabilidad y alcance a la reincorporación.

Cifras clave

¿Cuántos son?

13.202 personas acreditas como excombatientes a octubre de 2019, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Se desconoce el paradero de 765 (lo que no quiere decir que estén en la delincuencia). Eso significa que hay 12.956 personas adelantando su proceso de reincorporación.

¿Dónde están?

Apenas 2.969 excombatientes residen en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), según la ARN. Los 9.222 excombatientes que no están en los ETCR se encuentran distribuidos en cerca de 430 municipios del país. Se destaca la existencia, según las FARC, de 70 nuevas áreas de reincorporación colectiva distintas a los ETCR.

Reincorporación política

En agosto de 2017 lanzaron la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Debutaron en las elecciones del Congreso de 2018, con una cifra muy baja, cercana a los 85.000 votos para Senado y Cámara. En las elecciones regionales del 27 de octubre, presentaron 308 candidatos (111 excombatientes) en 23 departamentos. El partido obtuvo 75.000 votos en todo el país, sin incluir los votos de las coaliciones en las que participó.

Reincorporación económica

Tres pilares: uno, la Renta Básica, que es la entrega mensual del 90% de un salario mínimo para cada excombatiente y que el Gobierno prolongó por tiempo indefinido; dos, la inclusión laboral, con más de 800 excombatientes se han incorporado a programas oficiales; y tres, los proyectos productivos: a la fecha, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha aprobado 35 proyectos colectivos y 785 individuales.

Seguridad

Desde la firma del Acuerdo hasta octubre de 2019 fueron asesinados 147 excombatientes, que representan el 1.1% de los acreditados.

Disidencias

Desde la desmovilización de las FARC se han conformado entre 20 y 28 grupos llamados disidentes que, según información obtenida por la FIP de diversas fuentes oficiales, cuentan con cerca de 2.630 integrantes en armas y 1.760 en sus redes de apoyo.

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La reincorporación de las FARC tres años después

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Tres años de la reincorporación de las FARC: desafíos y propuestas

ntorres — Fri, 06 Dec 2019 12:05:42 +0000

Tres años de la reincorporación de las FARC: desafíos y propuestas

Por: Maria Victora Llorente y María Lucía Méndez

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Seis grandes desafíos

Enfrentarlos implica creatividad, aprender del pasado, capacidad técnica, voluntad política y corresponsabilidad para construir soluciones oportunas y sostenibles.

Dos propuestas

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Desde la firma del Acuerdo hasta octubre de 2019 fueron asesinados 147 excombatientes, que representan el 1.1% de los acreditados.

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Desde la firma del Acuerdo hasta octubre de 2019 fueron asesinados 147 excombatientes, que representan el 1.1% de los acreditados.

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Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes de las FARC

mchavarro — Wed, 31 Jul 2019 21:55:40 +0000

Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes de las FARC mchavarro Mié, 31/07/2019 - 21:55

En agosto cumplirá dos años el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, justo en la misma fecha en que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) perderán vigencia jurídica, al menos en su esquema actual. Más allá de las preguntas que esta situación suscita frente al futuro de los excombatientes, lo cierto es que este proceso ha sido, desde el inicio, uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Estado colombiano y las FARC, en noviembre de 2016.

De su éxito dependerá, en gran medida, que el país avance en la consolidación de la paz y que los excombatientes tengan opciones reales para que su tránsito a la vida civil sea sostenible, mitigando así el riesgo de reincidencia y contribuyendo al cierre de ciclos de violencia.

La FIP presenta un balance de la reincorporación desde dos dimensiones: la económica y la que aborda las trayectorias de los excombatientes y sus condiciones de seguridad.

En esta primera entrega abordamos la reincorporación económica, identificando las oportunidades para fortalecerla y dinamizarla. Hasta ahora, este proceso ha privilegiado la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, por encima de la inclusión laboral en el mercado formal. Esto en consonancia con las aspiraciones de los excombatientes, quienes, en un 96%, reportan que prefieren un proyecto productivo.

Dada esta realidad, es necesario tener en cuenta los aprendizajes del Estado colombiano en procesos de generación de ingresos para personas que están en tránsito hacia la vida civil. La consolidación de iniciativas productivas requiere de procesos de largo plazoque incluyen programas de acompañamiento para la estabilización socioemocional de los excombatientes, así como procesos de formación académica y técnica.

El reto es mayor cuando se trata de desarrollar proyectos productivos en zonas rurales, por las brechas en materia de infraestructura, tecnificación y acceso a servicios y mercados de comercialización.

Para hacerse a una idea, la ARN reportó hace un año que, de las 16.219 unidades de negocio desembolsadas a excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas, 7.150 se encuentran en funcionamiento (44%), implementadas en su mayoría en áreas urbanas. En materia de empleabilidad, cerca del 70% de los excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas están ocupados, pero tan solo un 25% se encuentra en la formalidad. Estas cifras que reflejan el gran esfuerzo que significa consolidar procesos de generación de ingresos sostenibles.

La FIP reconoce que ha habido avances significativos, particularmente en lo relacionado con la entrega de los beneficios económicos que se pactaron en el Acuerdo Final. Sin embargo, persisten retos notorios. A la fecha, se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos y cerca de 160 individuales, y tan solo 1.242 excombatientes (9.4%) han podido acceder a un proyecto. Adicionalmente, según la ARN, para abril de este año, 701 excombatientes se encontraban trabajando en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 29 más en la misma ARN.

Basados en este análisis, la FIP identifica tres elementos claves para el éxito del proceso de reincorporación económica de las FARC: la voluntad política y la articulación institucional; las opciones de generación de ingresos (especialmente los proyectos productivos); y la articulación con el sector empresarial a nivel nacional y regional. Sobre este último, una de las recomendaciones gira en torno a la promoción de espacios de reconocimiento y acercamiento con las FARC, para transformar los imaginarios que cada parte tiene de la otra y buscar construir una nueva narrativa enfocada en el desarrollo y la inclusión territorial.

Este documento se divide en tres secciones: primero, una revisión histórica de otros procesos de integración a la economía formal de excombatientes en Colombia; luego, el análisis de los principales factores que, a juicio de la FIP, son vitales para el éxito de la reincorporación económica y cómo se encuentra su implementación; y, finalmente, el planteamiento de algunas recomendaciones para dar luces sobre medidas de manejo de las brechas y desafíos identificados.

Estamos en un momento clave, que requiere de un esfuerzo conjunto y articulado respaldado por recursos, y que, a su vez, convoque a distintos actores y sectores locales y nacionales. En medio de la polarización que rodea la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado y las FARC deben trabajar de manera corresponsable en el impulso del proceso de reincorporación, identificando y promoviendo opciones concretas para los excombatientes. Esta es una tarea que nos debe convocar y sobre la cual deberíamos forjar un consenso.

Créditos de la foto: Misión ONU

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Lun, 08/07/2019 - 12:00

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Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes FARC

hmartinez — Mon, 08 Jul 2019 22:17:23 +0000

Retos y riesgos de la reincorporación económica de los excombatientes FARC

En agosto cumple dos años el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, justo en la misma fecha en que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) perderán vigencia jurídica, al menos en su esquema actual. Más allá de las preguntas que esta situación suscita frente al futuro de los excombatientes, lo cierto es que este proceso ha sido, desde el inicio, uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Estado colombiano y las FARC, en noviembre de 2016.

De su éxito dependerá, en gran medida, que el país avance en la consolidación de la paz y que los excombatientes tengan opciones reales para que su tránsito a la vida civil sea sostenible, mitigando así el riesgo de reincidencia y contribuyendo al cierre de ciclos de violencia.

La FIP presenta un balance de la reincorporación desde dos dimensiones: la económica y la que aborda las trayectorias de los excombatientes y sus condiciones de seguridad.

En esta primera entrega abordamos la reincorporación económica, identificando las oportunidades para fortalecerla y dinamizarla. Hasta ahora, este proceso ha privilegiado la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, por encima de la inclusión laboral en el mercado formal. Esto en consonancia con las aspiraciones de los excombatientes, quienes, en un 96%, reportan que prefieren un proyecto productivo.

Dada esta realidad, es necesario tener en cuenta los aprendizajes del Estado colombiano en procesos de generación de ingresos para personas que están en tránsito hacia la vida civil. La consolidación de iniciativas productivas requiere de procesos de largo plazo que incluyen programas de acompañamiento para la estabilización socioemocional de los excombatientes, así como procesos de formación académica y técnica.

Estamos en un momento clave, que requiere de un esfuerzo conjunto y articulado respaldado por recursos, y que, a su vez, convoque a distintos actores y sectores locales y nacionales. En medio de la polarización que rodea la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado y las FARC deben trabajar de manera corresponsable en el impulso del proceso de reincorporación, identificando y promoviendo opciones concretas para los excombatientes. Esta es una tarea que nos debe convocar y sobre la cual deberíamos forjar un consenso.

hmartinez Lun, 08/07/2019 - 22:17

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La FIP presenta un balance de la reincorporación desde dos dimensiones: la económica y la que aborda las trayectorias de los excombatientes y sus condiciones de seguridad.

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Análisis FIP: Los intereses empresariales en el nuevo acuerdo de paz

mchavarro — Mon, 10 Jun 2019 21:01:06 +0000

Análisis FIP: Los intereses empresariales en el nuevo acuerdo de paz mchavarro Lun, 10/06/2019 - 21:01

La renegociación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC implicó poner sobre la mesa propuestas de diversos sectores de la sociedad, mayoritariamente ligadas a los que votaron No en el plebiscito, pero también a otros sectores, como los empresarios, quienes de tiempo atrás venían manifestando sus preocupaciones.

La FIP analiza en este documento, cuáles de esas preocupaciones del sector empresarial fueron tenidas en cuenta en el texto final y las agrupa en tres grandes temas: Justicia Transicional (Jurisdicción Especial para la Paz), financiación del postconflicto y desarrollo rural integral.

Es importante aclarar que, si bien el sector empresarial fijó sus posiciones frente al primer Acuerdo, éstas no fueron de público conocimiento. Sin embargo, la FIP identificó varias de ellas a través de declaraciones de voceros empresariales y de algunas propuestas presentadas por sectores políticos.

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Jue, 01/12/2016 - 12:00

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El sector empresarial debe ir más allá

webmaster — Wed, 22 Apr 2015 22:43:39 +0000

El sector empresarial debe ir más allá webmaster Mié, 22/04/2015 - 22:43

En Colombia el debate sobre la relación entre el trabajo de las empresas, el postconflicto y la construcción de paz está lejos de ser nuevo. Sin embargo, los diálogos del Gobierno colombiano con las FARC han hecho que la agenda de la paz esté a la orden del día. No es gratuito, parecemos estar cada vez más cerca de terminar el conflicto con las FARC. Hacer de este momento una verdadera oportunidad pasa por reconocer que una paz sostenible requiere apuestas creativas y ambiciosas. Para contribuir efectivamente, las empresas deben fortalecer lo que vienen haciendo, y seguramente sumar nuevos frentes de acción; pero sobre todo deben aproximarse a la paz de manera innovadora y audaz.

En este campo, el sector empresarial ha centrado muchos de sus esfuerzos en apoyar iniciativas orientadas a población vulnerables en razón del conflicto. También, aunque más tímidamente, algunas empresas han buscado incorporar los Derechos Humanos en su gestión, lo que sin duda ayuda a generar condiciones propicias para la paz; han aunado esfuerzos con iniciativas locales de paz; o se han unido para apoyar la generación de propuestas que contribuyan efectivamente a la paz. Hoy, a la luz de la estrategia lanzada por el Gobierno, se esperaría que las empresas: 1. Adopten principios de debida diligencia y acción sin daños; 2. Trabajen en alianza público-privadas transformadoras; y 3. Se involucren en iniciativas de reconciliación.

La definición de líneas de trabajo es vital, pero no lo es todo. También son definitivas la manera como la empresa asume la paz en el día a día y la forma en como visualiza su capacidad de transformar realidades marcadas por el conflicto armado.

En este sentido, cobran vigencia conceptos como el de valor compartido. La invitación que hace Porter en las empresas para que reconcilien su competitividad y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades cercanas a sus operaciones puede ser muy útil para pensar cómo pueden contribuir a generar condiciones propicias para la paz. Más aún, de cara a los retos que enfrentará el país tras la firma de un acuerdo con las FARC, puede ser deseable que los empresarios, incluso, se involucren de manera más amplia. Por ejemplo, que, independientemente de su área de influencia, busquen llegar a las zonas que urgentemente reclaman acciones orientadas hacia la paz. En este sentido, se puede echar mano de la filantropía transformadora o incluso aludir a deberes éticos y morales como colombianos.

Pero para contribuir efectiva y contundentemente a la construcción de paz, el sector empresarial debe ir más allá. Puede, por ejemplo, aceptar la invitación que hace Lederach al hablar de imaginación moral, y entender la construcción de paz como la capacidad de imaginar y generar procesos constructivos enraizados en los retos que a diario impone la violencia, y que al mismo tiempo logren trascender sus patrones destructivos.

Más allá de las diferencias que hay entre imaginación moral y valor compartido, en ambos casos la clave está en buscar responder de manera creativa y sostenible a problemas y retos cotidianos. La hora de la verdad en la construcción de paz está en lo local y en la capacidad que tengamos de superar o no los efectos del conflicto armado en la cotidianidad. Es por esto que una aproximación en la que se combinen las propuestas de Porter y Lederach resulta inspiradora a la hora de pensar en iniciativas que desde el sector empresarial efectivamente ayuden a pasar la página del conflicto armado con las FARC.

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Ángela Rivas Gamboa

María Victoria Llorente

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