Derechos Humanos

El camino hacia la inclusión laboral de migrantes venezolanos

mfranco — Tue, 31 May 2022 18:48:32 +0000

El camino hacia la inclusión laboral de migrantes venezolanos mfranco Mar, 31/05/2022 - 18:48

Según las cifras oficiales de Migración Colombia, con corte a mayo de 2022, en el país hay 2.196.520 migrantes venezolanos que han realizado el prerregistro para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un instrumento legal que les servirá para regularizar su situación migratoria y ejercer su capacidad jurídica en el país. Esto les permitirá, por ejemplo, suscribir contratos o tener la titularidad de posesiones, entre otras garantías normativas que habilitan a los migrantes para realizar su proyecto de vida en Colombia.

Pese a ello, es importante empezar a segmentar la conversación sobre los retos que tiene la sociedad colombiana para la integración de migrantes, en el sentido amplio de la dinámica social y económica. El PEP ha empezado a derribar las principales barreras para el goce efectivo de derechos por parte de la población migrante, pero se deben reconocer los retos que persisten en la gestión migratoria con el fin de priorizar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones materiales y relacionales de los migrantes en el país.

Vale la pena preguntarse por las implicaciones que tiene la integración en un país con tantas dificultades en términos de precarización laboral y desigualdad en los ingresos, y en el que, por ejemplo, se reporta una tasa de informalidad laboral del 44,9% en las 23 ciudades principales. ¿Qué significa entonces la integración laboral de migrantes? ¿Cómo puede hacerse de manera exitosa y sostenible? ¿Cómo evitar su precarización? ¿Cómo focalizar acciones para la inserción laboral de migrantes y, a la par, evitar desequilibrios que puedan malinterpretarse entre los colombianos a quienes también les cuesta mucho conseguir trabajo?

Según datos del DANE en la encuesta “Pulso de la Migración”, el 92% de los migrantes dice haber salido de Venezuela para mejorar sus condiciones económicas, y el 94,4% que su intención es quedarse en Colombia durante el próximo año. Sin embargo, el 85% de los migrantes han tenido problemas para conseguir un trabajo pago, principalmente por la falta de oportunidades laborales y del permiso de trabajo, así como la existencia de oportunidades limitadas o irregulares. Esto hace que, en el comparativo de cifras de desempleo, los migrantes reporten un 5,9% más en comparación con los colombianos, aún cuando en la tasa de ocupación se evidencian valores similares que rondan el 54% para ambos grupos.

En plata blanca, los migrantes están en la misma situación de ocupación laboral que los colombianos, pero tienen más dificultades para emplearse en la formalidad. El 80,8% de los migrantes que están trabajando manifiestan que no tienen un contrato escrito, síntoma de una clara vulnerabilidad ante la precarización de sus condiciones de trabajo. Además, el 77,9% de ellos está trabajando más de 40 horas a la semana (es decir, más que las consideradas como una jornada laboral legal), y solo un tercio de ellos ganan el salario mínimo o más.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo de la Fundación Konrad-Adenauer, realizó la primera investigación en el país sobre las percepciones que tiene el sector empresarial frente al fenómeno migratorio. Encontramos que el 47% de los empresarios piensan que la principal dificultad para emplear migrantes está asociada a que, en el momento de la postulación, no cuentan con la documentación requerida para el proceso de contratación. Esto sugiere que el Permiso Especial de Permanencia es el instrumento legal que abre la puerta para contratar a la población venezolana en el país y que la entrega masiva de permisos temporales eliminará ese cuello de botella. En esa misma línea, el 52% de los migrantes encuestados por el DANE que ya tenía el PEP, consideran que esa identificación les ha ayudado a conseguir trabajo, lo que habla de una percepción positiva de los migrantes frente a la efectividad del Estatuto.

Para lograr la inclusión laboral de migrantes en la dinámica productiva se requieren acciones del sector empresarial basadas en un enfoque de integración, un campo en el que aún hay mucho por hacer. En la encuesta desarrollada por la FIP y KAS se evidencia que, del total de empresarios encuestados, solo el 7% conocía en ese momento el Estatuto Temporal de Protección. Eso da cuenta de las barreras en el acceso a información de los empresarios sobre los procedimientos para contratar migrantes.

Acciones pensadas en el sector empresarial

Una primera ruta de acción puede encaminarse a promover el Estatuto entre empresarios y tomadores de decisión sobre las políticas de contratación en las compañías para que los procedimientos internos estén alineados con esta normativa, y se asuma la flexibilización de requisitos para la contratación como parte de una cultura organizacional activamente antidiscriminatoria. Lo anterior puede incluir asuntos como el diseño de protocolos para la contratación de migrantes; la desmitificación de imaginarios sobre las condiciones para la contratación; y el desmonte de requisitos de documentación con sesgo de selección hacia los colombianos, como la solicitud de la libreta militar o el pasaporte venezolano vigente.

Otro punto clave tiene que ver con las percepciones de las personas en las organizaciones sobre la migración y que pueden incidir en la contratación de un migrante. Ante la pregunta sobre si confían o no en la población migrante, el 48% los encuestados manifiestan no hacerlo. Esto abre la discusión sobre las condiciones relacionales que deben promoverse dentro de las organizaciones para garantizar espacios laborales propicios para la inclusión laboral, y pone sobre la mesa la necesidad de doblar esfuerzos en procesos para generar confianza entre los migrantes y sus contextos de acogida, dentro de los cuales se encuentra el sector empresarial.

Al final de cuentas, las decisiones empresariales de contratación se basan en la maximización de beneficios. En ese sentido, la integración de migrantes puede significar un beneficio corporativo que aumente las ventajas competitivas de las compañías. El diseño de protocolos para la contratación de migrantes puede facilitar la satisfacción de mano de obra temporal y suplir vacantes de difícil colocación. Además, se ha comprobado que los empleados migrantes reportan menores niveles de rotación, lo que termina significando mayores beneficios en el largo plazo para las empresas que deciden aportar a la integración laboral de los migrantes. La difusión de los beneficios de la contratación de migrantes también puede aportar al involucramiento del sector empresarial y ambientar de manera favorable la integración productiva de venezolanos en el país.

Las tasas de ocupación laboral en el país señalan que cerca de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Este contexto condiciona la integración laboral de migrantes de la misma manera que afecta al resto de la sociedad colombiana. En ese sentido, una vez superado el escollo de la regularización, los migrantes se seguirán topando con problemas para acceder a empleos formales porque las fallas del mercado laboral condicionan la contratación de migrantes y colombianos por igual.

Los alcances de la regulación masiva

Lo anterior no significa que no haya nada por hacer para incentivar la contratación de migrantes, sino que es la oportunidad de complejizar el análisis sobre los alcances de la regularización masiva como política que promueva su inclusión laboral y, de esa manera, delimitar las expectativas de lo que puede suceder tras la puesta en marcha del Estatuto. Esto permite tener una definición más clara de los roles que deben asumir los diferentes sectores de la sociedad que se involucran en la integración sociolaboral de la población, y facilita el diálogo para la concertación de acciones desde lo que sí es posible.

El gobierno de Iván Duque deja la Casa de Nariño con la tarea cumplida de masificar el Permiso Especial de Protección, y con ello se asume que desaparecerá el factor que hoy impide, en mayor medida, la contratación de migrantes. También se avanzó en la integración de datos para el seguimiento de la dinámica migratoria en el país con la reciente puesta en marcha del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP, lo que permitirá avanzar en la identificación de necesidades frente a la situación laboral de migrantes a partir del uso de datos públicos; pero, de nuevo, esto no significa que inmediatamente se vayan a contratar más migrantes en la formalidad. Será tarea del próximo Gobierno avanzar en políticas activas para la inserción laboral de migrantes, tema que no ha ocupado menciones relevantes por parte de los candidatos, más allá de las urgencias humanitarias de corto plazo.

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jrangel

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Guías Colombia realizó taller sobre empresas, DDHH y desarrollo sostenible

mfranco — Thu, 17 Mar 2022 14:47:44 +0000

Guías Colombia realizó taller sobre empresas, DDHH y desarrollo sostenible

La temática es relevante por los desafíos estructurales que enfrenta América Latina, asociados a desigualdades extremas, desempleo, alta informalidad, brechas entre hombres y mujeres, ausencia de oportunidades para los jóvenes, vulnerabilidad de comunidades étnicas, migrantes y fuertes impactos del cambio climático.

Por ello en el taller, que se realizó el 9 de marzo, se abordó el rol del sector empresarial frente a la interacción de las agendas de empresas, DDHH y desarrollo sostenible. Contó con la participación de Laura Belfiore, especialista de Sostenibilidad Corporativa en la Red Argentina del Pacto Global, quien coordina las agendas de Derechos Humanos, Reporting y la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los contextos de negocios.

Derechos humanos, la clave

Belfiore hizo énfasis en la idea de que el desarrollo sostenible no se centra solo en cambiar las condiciones materiales que le impiden a una persona alcanzar el bienestar, sino que implica empoderarla con voz y acción. "Cuando pueden ejercer sus derechos, también logran defenderse a sí mismas y a los demás, pues están empoderadas para dar forma a las decisiones que afectan sus vidas", afirmó. De esta manera, los derechos humanos no son solo la forma correcta, sino la más inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

También destacó que la Agenda 2030 es la agenda de la dignidad, que contempla las cinco dimensiones sobre las cuales se construyen los ODS —paz, prosperidad, personas, planeta y alianzas— íntimamente relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales que moldean el bienestar de las personas.

La experta señaló la importancia de diferenciar entre promoción y respeto por los DDHH, ya que las empresas suelen inclinarse por la primera. No obstante, desde 2015, con el desarrollo de la Agenda 2030, se busca incentivar prácticas empresariales responsables enfocadas al compromiso público, la debida diligencia, la reclamación y la reparación, con el fin de respetar los derechos humanos.

Belfiore llamó la atención sobre el “SDG Washing” (término utilizado cuando las empresas reconocen la existencia de los ODS y señalan las formas en que se alinean con ellos), especialmente frente a la importancia de realizar un seguimiento asistido a las empresas para ejecutar análisis profundos e interdepartamentales que logren evidenciar las responsabilidades y oportunidades de la Agenda 2030 a partir del sector económico, la geografía y el contexto de negocio de las empresas. Para ello, insistió en la importancia de fortalecer la medición de los ODS con indicadores específicos y de calidad frente a las metas y objetivos priorizados por las empresas.

Según la experta, la mejor forma que tiene una empresa de contribuir a la agenda de desarrollo sostenible es a través de prácticas sostenibles y de transparentar y documentar la información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes sobre la materia.

Hacia adelante

Belfiore apuntó, finalmente, que aunque la Agenda 2030 encuentra un gran nivel de apoyo entre empresas y gobiernos, los avances en la implementación de los Principios Rectores no son muy alentadores por cuenta de la deficiencia en el desarrollo de políticas y prácticas de DDHH. Por ejemplo, Pacto Global ha establecido que, si bien el 92% de las empresas poseen políticas en DDHH, solo el 17% realizan evaluaciones de impactos en DDHH. Asimismo, solo el 14% de los Estados miembro de Naciones Unidas ha desarrollado un Plan Nacional de Acción en Empresas y DDHH.

Las dificultades para abordar esta temática ponen en evidencia la necesidad de que el sector empresarial, los Estados y la sociedad civil en Colombia asuman un rol activo en el respeto de las tres agendas: empresas, DDHH y desarrollo sostenible. Como lo establece Shift, “cuando las empresas persiguen iniciativas “verdes” o “sociales” pero no abordan los impactos sobre los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de valor, terminan contribuyendo a la sociedad con una mano y perjudicando con la otra. Por el contrario, cuando asumen un enfoque coherente frente a sus estrategias asociadas a los ODS; es decir, cuando se enfocan tanto en los derechos de las personas como en la sostenibilidad, pueden contribuir al progreso sostenible para beneficio del mundo y de su propio negocio".

En el taller, los integrantes de Guías Colombia tuvieron la oportunidad de analizar un caso de estudio donde relacionaron el respeto de los DDHH con la contribución a ODS específicos. Asimismo, reflexionaron sobre la importancia de hacer alianzas para fortalecer la gestión de las empresas hacia el respeto de los derechos humanos y la contribución positiva al desarrollo sostenible.

Guías Colombia es, precisamente, un ejemplo de cómo convergen distintos tipos de actores (entidades del Estado, sector privado, sociedad civil, organismos internacionales y otras entidades interesadas) para alcanzar un propósito común, orientado a la generación y adopción de conductas empresariales responsables.

mfranco Jue, 17/03/2022 - 14:47

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Anita Ramasastry participó en la plenaria de Guías Colombia

mfranco — Wed, 12 Jan 2022 21:39:24 +0000

Anita Ramasastry participó en la plenaria de Guías Colombia

En la plenaria de cierre del 2021 de Guías Colombia, iniciativa multiactor comprometida con promover conductas empresariales responsables en el país, participó Anita Ramasastry, miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (GTEDH) de Naciones Unidas desde 2016 y directora del programa de posgrado sobre Desarrollo Internacional Sostenible de la Universidad de Washington en Seattle.

La intervención de Anita se basó en el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones de la lucha contra la corrupción, las empresas y los derechos humanos, que ofrece recomendaciones sobre la materia dirigidas a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Se trata de un asunto especialmente relevante en países donde las empresas o sus socios comerciales hayan incurrido en prácticas de corrupción, sobornos o fraudes, o cuando no han surtido un proceso legal o gubernamental en su entorno de operación, lo que puede conducir a abusos en los derechos humanos.

El mensaje principal del informe es que las empresas acepten que la corrupción debe evitarse no solo porque es un riesgo para ellas, sino también para las personas. Lo mismo pasa con las violaciones de los derechos humanos.

Anita empezó su intervención mencionando que, por lo general, muchas empresas tienen un programa anticorrupción a cargo del área legal o jurídica. Sin embargo, es necesario que el área jurídica desarrolle procedimientos para prevenir la corrupción e incorpore métodos para analizar el riesgo de corrupción y su impacto sobre los derechos humanos. En la práctica, eso implica que el área jurídica y aquella donde recae la gestión de los derechos humanos (de RSE u oficina de sostenibilidad) se articulen y trabajen conjuntamente en estos análisis.

Recomendaciones a las empresas, el Estado y la sociedad civil

Como recomendación a las empresas, Naciones Unidas ha solicitado que dediquen más tiempo a pensar en cómo sus diferentes áreas pueden trabajar juntas. Si existe un alto riesgo de corrupción en un país o mercado en particular, habrá un mayor riesgo de abusos a los derechos humanos. En consecuencia, deben reforzar su debida diligencia en derechos humanos y priorizar el riesgo de corrupción. Esto supone pensar en formas de articular el proceso de debida diligencia en DDHH con los esfuerzos de anticorrupción. Además, deben incluir preguntas sobre la corrupción en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, especialmente con las comunidades y titulares de derechos.

En cuanto a las recomendaciones para los gobiernos, Anita indicó que deben asegurar que existan regulaciones estrictas, no solo para prevenir la corrupción sino las violaciones a los derechos humanos. También, se recomienda el desarrollo de políticas que le den mayor importancia a la prevención de la corrupción y los abusos a los derechos humanos.

La experta referenció la Cumbre de Democracia de la Administración del presidente Joe Biden, en la cual se discutió el riesgo de las “empresas fantasmas anónimas” en todo el mundo. Los contratos con estas entidades anónimas pueden exponer a las empresas a un mayor riesgo de fraude y a un mayor daño reputacional. Por eso, actualmente, hay un gran movimiento para hacer transparente el beneficiario efectivo de esas empresas fantasma.

Para luchar contra la corrupción y saber dónde está el dinero, es necesario saber quién es el verdadero propietario de una cuenta bancaria en el extranjero o incluso una cuenta local. Anita explicó que las comunidades tienen el mismo desafío. Por ejemplo, cuando hay un proyecto de infraestructura o de energía, la comunidad puede sufrir vulneraciones a los DDHH asociadas a la tierra, el acceso al agua o los servicios de seguridad; sin embargo, encontrar el propietario real de la empresa que se encarga de proporcionar la solución puede ser difícil. Es por esto que, en materia de políticas contra la corrupción, el informe ofrece ciertas recomendaciones para los gobiernos que se relacionan con la transparencia.

En cuanto a las medidas de reparación por actos de corrupción, la sociedad civil debe jugar un papel activo y relevante porque los problemas de corrupción están asociados a la vulneración de los derechos humanos. El principal mensaje a la sociedad civil, el Estado y las empresas es que trabajen juntos para garantizar una debida diligencia empresarial en DDHH. No es suficiente el enjuiciamiento por corrupción; se requieren soluciones sólidas, un enjuiciamiento enérgico desde las empresas a la corrupción y mecanismos de denuncia.

Desde Guías Colombia se puso en evidencia la necesidad de que el sector empresarial, así como el Estado y la sociedad civil en Colombia, asuman un rol activo en el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

mfranco Mié, 12/01/2022 - 21:39

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Primer año del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos: una apuesta por el cambio

mfranco — Tue, 04 Jan 2022 19:08:46 +0000

Primer año del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos: una apuesta por el cambio

Para cerrar el 2021, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia y la Universidad Externado, invitaron a las organizaciones integrantes del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos a un desayuno para celebrar el primer año de esta iniciativa y debatir sobre los pasos a seguir del 2022.

Al evento asistieron organizaciones de manera presencial y virtual, las cuales representan a diferentes sectores de la sociedad: entidades estatales del orden nacional y local, gremios, organizaciones de la sociedad civil, universidades, ONG, sindicatos, centros de pensamiento y organizaciones internacionales.

Durante el evento, María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP, exaltó que “coliderar el primer año de este grupo ha sido muy enriquecedor para la FIP (…) La entrada en funcionamiento del grupo se dio un año después de que en nuestro país iniciáramos un confinamiento estricto producto de la pandemia, que generó una crisis que modificó la vida de todos y afectó especialmente a las mujeres, tanto en sus hogares como en el trabajo. Con la pandemia se profundizaron las inequidades de género, aumentaron las brechas en el acceso al trabajo, se incrementó la carga de labores de cuidado no remuneradas y las violencias contra las mujeres”. En ese sentido, resaltó que “el primer año de funcionamiento de esta iniciativa ha permitido consolidar un grupo comprometido con el avance de la agenda de género en el país y el fortalecimiento de los desarrollos actuales en materia de derechos humanos y la conducta empresarial responsable”.

Juan Carlos Monge, representante adjunto de OACNUDH, señaló que “al conmemorar este primer aniversario del grupo temático, queremos reiterar nuestra invitación a que todas las personas y organizaciones que hemos estado en este proceso reasumamos el compromiso de reanudar esfuerzos para el siguiente ciclo de trabajo y estemos comprometidos de manera permanente con la equidad”.

De cara al trabajo que se realizará en 2022, Mónica Trujillo, investigadora de la FIP, rescató que el compromiso de las organizaciones participantes es pasar de un espacio de formación interno, como el que se tuvo en 2021, a la identificación de 10 prioridades para construir una línea base en materia de género para el próximo Plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH.

Por último, OACNUDH y la FIP agradecieron la participación de todas las organizaciones en este primer año de trabajo mancomunado y celebraron la llegada de la Universidad Externado de Colombia a la Secretaría Técnica del grupo temático de Género, Empresas y Derechos Humanos.

mfranco Mar, 04/01/2022 - 19:08

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Guías Colombia elaborará su octavo lineamiento sobre cambio climático y transición justa en el 2022

mfranco — Mon, 29 Nov 2021 15:15:25 +0000

Guías Colombia elaborará su octavo lineamiento sobre cambio climático y transición justa en el 2022

El cambio climático tiene profundas implicaciones negativas sobre los derechos humanos: amenaza el derecho a la vida y genera impactos adversos sobre el derecho al trabajo, a la alimentación, la salud y la vivienda. Estos impactos se volverán más severos a medida que aumenten las temperaturas en la tierra, particularmente para los más vulnerables y las personas que viven en la pobreza.

Transitar a una economía ambientalmente sostenible y justa, supone para las empresas adoptar —como mínimo— medidas activas para gestionar los impactos sobre los derechos humanos cuando diseñen e implementen acciones con el fin de mitigar los efectos del cambio climático. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU), y las expectativas globales de Conducta Empresarial Responsable (CER), proporcionan un marco de acción para que las empresas eviten causar o contribuir a generar daños sobre los derechos humanos a través de sus actividades o relaciones comerciales. Además, brindan la oportunidad de que hagan su proceso de adaptación y de transición de manera justa y promoviendo los derechos humanos. Actuar de manera responsable es, para las empresas, la mejor manera de contribuir al cumplimiento de acuerdos de cambio climático y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el COP26, Colombia se comprometió a alcanzar la neutralidad en carbono en el 2050, y el 20% de energías renovables no convencionales en el 2023. Este compromiso requerirá de la acción articulada del Estado, la sociedad civil y el sector empresarial. En este contexto, las empresas están llamadas a transformarse y fortalecerse para cumplir con las expectativas más altas en materia de derechos humanos y de sostenibilidad.

Ante la creciente conciencia mundial sobre la necesidad de una acción inmediata para mitigar los efectos del cambio climático, Guías Colombia iniciará la elaboración de una nueva Guía Colombia de Debida Diligencia en Derechos humanos y DIH sobre cambio climático y transición justa en 2022. Esperamos que este lineamiento ofrezca orientación sobre cómo las empresas y sus cadenas de suministro pueden gestionar sus impactos en derechos humanos, a la vez que adoptan energías limpias, fomentan el uso eficiente de los recursos naturales, generan ingresos y empleos decentes, y contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad.

Esta Guía —la primera en su naturaleza desarrollada en Colombia— será el resultado de un diálogo y trabajo colaborativo entre empresas, sociedad civil, Estado y organismos internacionales. Su proceso de elaboración contará con la participación de expertos temáticos de carácter nacional e internacional. También, ofrecerá herramientas para que las empresas respondan a los cambios necesarios que supone transitar al cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos y DIH en el país.

mfranco Lun, 29/11/2021 - 15:15

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Cinco decisiones judiciales en Colombia relacionadas con la debida diligencia empresarial en DDHH

mfranco — Thu, 28 Oct 2021 19:42:16 +0000

Cinco decisiones judiciales en Colombia relacionadas con la debida diligencia empresarial en DDHH mfranco Jue, 28/10/2021 - 19:42

Con el fin de visibilizar ejemplos sobre cómo la debida diligencia empresarial en derechos humanos (DDEDH) se está incorporando progresivamente en el marco jurídico colombiano, la FIP y Zuleta Abogados identificaron y analizaron cinco fallos judiciales recientes. Estas decisiones ilustran cómo, de manera parcial y progresiva, algunos tribunales están aplicando el estándar de la DDEDH como parámetro de referencia e interpretación implícito o explícito.

Dentro de los fallos analizados se encuentran algunos en el contexto de la Ley de Restitución de Tierras y otros de la Corte Constitucional, e involucran a empresas de distintos sectores de la economía. Para cada decisión analizada se describen los hechos, pretensiones y su parte resolutiva. Además, se resaltan los argumentos jurisprudenciales esbozados por algunos jueces en relación con los principios relativos a la DDEDH.

Una conclusión esencial del análisis adelantado por la FIP y Zuleta Abogados es que la DDEDH en Colombia no solo se está regulando mediante contratos entre privados o políticas públicas del ejecutivo, sino también mediante la jurisprudencia.

Este informe hace parte del esfuerzo conjunto que desde agosto del 2020, la FIP y Zuleta Abogados han hecho para conocer el estado de la regulación de la DDEDH en Colombia (conozca las razones para unir esfuerzos).

El primer resultado de esta alianza se publicó en agosto del 2021 bajo el título: Avances y retos en la regulación de la debida diligencia empresarial en derechos humanos en Colombia. También se socializó un balance de la regulación al respecto en el país (conozca en esta infografía cómo lo hicieron y qué encontraron).

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Las decisiones judiciales en Colombia y la debida diligencia empresarial en derechos humanos: cinco estudios de caso

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Jue, 28/10/2021 - 12:00

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La FIP participó en el VI Foro Regional de Empresa y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe en asuntos de género

mfranco — Thu, 21 Oct 2021 16:35:42 +0000

La FIP participó en el VI Foro Regional de Empresa y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe en asuntos de género

Las mujeres y niñas enfrentan situaciones cotidianas que vulneran sus derechos y les impiden su goce efectivo. Aunque ha habido avances, todavía persisten brechas importantes en la sociedad que también involucran al sector empresarial. Ejemplo de ello son las inequidades laborales que se evidencian en la falta de un pago equitativo por el mismo trabajo que realizan los hombres (lo que a su vez se refleja en una brecha salarial que para Colombia alcanza el 12,9%) o los prejuicios de género que sostienen la discriminación en la contratación.

De acuerdo con cifras del DANE, en Colombia las mujeres representan el 51% de la población, pero esta proporción no es la misma cuando se trata de Población en Edad de Trabajar (PET). Antes de la pandemia, las mujeres constituían el 41,4% de la PET y en 2020 esta cifra se redujo a 39,3%.

Ante esta apremiante realidad —y la necesidad de fomentar conductas empresariales responsables con enfoque de género— en marzo del 2021 la FIP y OACNUDH Colombia impulsaron la creación del Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos (GTGEDH). El Grupo es una iniciativa multiactor en la que organizaciones sociales, entidades estatales, academia, representantes del sector empresarial, sindicatos, organismos internacionales y de cooperación internacional y centros de pensamiento, suman esfuerzos para hacer visibles las inequidades que afectan a las mujeres y a la población LGBTIQ en el ámbito empresarial, y definen acciones que contribuyan a superarlas (conozca las apuestas del Grupo Temático aquí).

El Grupo se presentó en la sesión del VI Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos “Iniciativa multiactor con perspectiva de género en Colombia”, que contó con la moderación de Monserrat Solano-Carboni, Representante Adjunta de OACNUDH Colombia, y con las intervenciones de Nataly Sarmiento, Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP; María Adelaida Palacio, Subdirectora de la Corporación Sisma Mujer; y Diana Parra, Subsecretaria de Políticas de igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

Importancia del Grupo de Género, Empresas y DDHH

Monserrat Solano-Carboni dio inicio al panel recordando que “las inequidades de género son una barrera para el desarrollo sostenible” y que “los escenarios cambiantes que enfrenta la región, evidencian la urgente necesidad de dar un paso decisivo hacia modelos de desarrollo que incluyan la equidad de género y la autonomía de las mujeres como eje central”. Esto supone que el sector empresarial tome acciones para eliminar las inequidades de género en las actividades económicas.

Además, como lo señaló María Adelaida Palacio, “no hay una debida diligencia empresarial en derechos humanos a medias” sino se requiere que sea total; para ello, es preciso incorporar un enfoque de género que permita a las organizaciones empresariales entender los efectos diferenciales que sus acciones y decisiones tienen sobre las mujeres, niñas y población LGBTIQ.

Desde su creación, el GTGEDH ha buscado aportar a este entendimiento, contribuir al diálogo e impulsar acciones de equidad de género en el sector empresarial a través de la confluencia de diversos actores. Las transformaciones positivas impulsadas por este grupo, además de tener efectos positivos para las mujeres y la población LGBTIQ, también son una contribución a la paz en Colombia. Al respecto, Nataly Sarmiento comentó que “Colombia no puede superar el conflicto interno si persisten los niveles de inequidad de género que están presentes en la sociedad”.

Apuesta para el futuro

Entendiendo que se requiere la confluencia de múltiples actores en la búsqueda de la igualdad de género, y que el sector empresarial tiene un enorme potencial de liderar y jalonar cambios, el GTEGDH buscará potenciar su actividad en 2022 a través de diversas iniciativas.

De una parte, el grupo continuará fortaleciendo su agenda para, como lo mencionó María Adelaida Palacios, “producir conocimiento, discutir y visibilizar la deuda histórica con las mujeres”. Además, teniendo en cuenta la finalización de la vigencia del actual Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos de Colombia (PNA 2020-2022), se trabajará para generar insumos que permitan incorporar el enfoque de género en la formulación de un nuevo PNA. Así lo mencionó Nataly Sarmiento: “el reto es generar contenidos e influir para contribuir a la calidad de esta política con insumos que apoyen una incorporación coherente de los asuntos de género en el ámbito empresarial”.

Reviva la sesión: Iniciativa multiactor con perspectiva de género en Colombia

mfranco Jue, 21/10/2021 - 16:35

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¿Cómo deben actuar las empresas frente al derecho a la protesta social?

mfranco — Fri, 06 Aug 2021 21:23:20 +0000

¿Cómo deben actuar las empresas frente al derecho a la protesta social?

Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario —una iniciativa comprometida con promover conductas empresariales responsables en el país— realizó el pasado miércoles 4 de agosto un webinar para dialogar sobre el llamado a la acción empresarial desde un enfoque de DDHH en el contexto de la protesta social.

Se trata de un asunto especialmente relevante debido a los más recientes episodios de protesta social, que estuvieron precedidos por movilizaciones en noviembre de 2019 y septiembre de 2020, y que han puesto en evidencia la necesidad de que las empresas garanticen que sus acciones, o la omisión de actuar en ciertas circunstancias, no contribuyan a afectar los derechos humanos.

Con el ánimo de abordar las particularidades de la debida diligencia empresarial en derechos humanos en contextos de protesta social, el webinar contó con las intervenciones de Ana María Fergusson, Vicepresidenta de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB); Humberto Correa, Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT); Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH Colombia); el moderador del webinar, Jaime Prieto, experto en empresas y DDHH; y Nataly Sarmiento, Directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP y Secretaria Técnica de Guías Colombia.

Relación de la protesta social con la actividad empresarial en el Paro Nacional

Jaime Prieto introdujo el webinar destacando algunos elementos de contexto. Por un lado, el desarrollo de las protestas en medio de la pandemia del covid-19, lo cual no solo ha causado un deterioro de las condiciones de vida de la población, sino que inhibe o altera el ritmo de la reactivación económica y pone al empresariado ante múltiples dilemas sobre cómo deben actuar en medio de condiciones de fragilidad. Por otro, el hecho de que los más recientes episodios de protesta social se han caracterizado por darse en entornos urbanos y/o cabeceras municipales. Esto ha generado que el sector empresarial se vea en la necesidad de involucrarse como parte de la solución a las causas que aceleran o agudizan la protesta, y no sólo frente a los síntomas asociados con ella.

Prieto añadió que la conexión empresas-protesta social no es reciente, especialmente para algunos sectores económicos, como industrias que operan en zonas rurales y bajo distintos acuerdos con la Fuerza Pública y con empresas de vigilancia privada en países en conflicto como Colombia. Aun así, siguen siendo comunes preguntas asociadas a si la protesta social es un derecho, o si es válido o aceptable que esta limite otros derechos, entre otras.

Juan Carlos Monge, Representante Adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, recordó que la manifestación pacífica es un derecho, que no solo debe ser respetado por las empresas, sino garantizado por el Estado. Invitó a las empresas a “involucrarse en espacios de concertación, a tener una voz que construya absteniéndose de estigmatizar, y anticiparse a los hechos a partir de una conducta empresarial responsable y la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, como lo establece el ODS 16”.

También, profundizó en la perspectiva de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los DDHH, que establece que las empresas son órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones específicas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los DDHH. En esa medida, deben gestionar los derechos humanos de acuerdo a los PRNU y adoptar una cultura de diálogo y participación en espacios de concertación, entendiendo esto como una inversión en el corto mediano y largo plazo.

Por su parte, Humberto Correa, Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), expuso las principales reclamaciones que motivan el Paro Nacional, como el retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación; la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual; la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina); los subsidios a las Mipymes y empleo decente, así como una política de defensa de la soberanía y seguridad alimentaria; la matrícula cero y no a la alternancia educativa; y la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica.

Destacó además las grandes brechas que hay en el país, asociadas a tasas de desempleo, género y desigualdades en la educación y consideró que “aunque ha habido intentos de concertación y muchas empresas han respaldado el diálogo social, una parte del empresariado colombiano dio un respaldo innecesario y errático al Gobierno para que disolviera el derecho a la protesta social”. Hizo énfasis en la importancia de los mecanismos de concertación, el diálogo efectivo, la generación de empleo digno y el respeto a la libertad sindical.

Finalmente, Ana María Fergusson, Vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, referenció la Encuesta de la CCB sobre el “Efecto en las Empresas de la Coyuntura Social y el Orden Público” donde se evidencia que “el 93% de las empresas de la región son microempresas, conformadas con menos de 10 empleados en su mayoría, que no superan una antigüedad de 3 años y que alrededor de la mitad de éstas son empresas familiares”.

Además, el 22,2% de los empresarios encuestados afirmó que tuvo que suspender su operación, mientras que el 53,4% operó entre el 1% y 50% de su capacidad. El 94,3% indicó que sus ventas han disminuido desde el inicio de la situación de orden público en el país. Todo ello ha evidenciado el impacto del Paro Nacional —especialmente de los bloqueos— para las microempresas y para el empleo de muchas personas, afectando a unos sectores económicos más que otros, como los sectores de comercio, transporte, turismo y manufactura. Resaltó que frente a las expectativas a futuro, el empresariado es optimista, lo que demuestra su capacidad de resiliencia.

Jaime Prieto destacó que todo este panorama ha tenido grandes repercusiones en la sociedad colombiana que amenazan con profundizar la polarización social, y ha puesto en el debate público la necesidad de precisar los alcances y los límites del derecho a la protesta social. Si bien las empresas han de respetar la protesta social en su versión pacífica, cuando se torna violenta es importante que estén informadas y mejor dispuestas para saber cómo actuar velando por el cumplimiento de sus responsabilidades en DDHH.

Desde Guías Colombia se puso en evidencia la necesidad de que el sector empresarial en Colombia asuma un rol activo en el respeto del derecho a la protesta social.

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mfranco Vie, 06/08/2021 - 21:23

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Guías Colombia adopta esquema de aportes diferenciados para MIPYMES y grupos empresariales

mfranco — Mon, 19 Apr 2021 21:59:48 +0000

Guías Colombia adopta esquema de aportes diferenciados para MIPYMES y grupos empresariales

Guías Colombia es una iniciativa multiactor en la que participan voluntariamente empresas que operan en el país, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado, organismos internacionales y otras organizaciones interesadas, para abordar los asuntos de derechos humanos y empresas. Su propósito es generar y promover conductas empresariales responsables y respetuosas de los derechos humanos y el DIH en Colombia.

A partir de 2018, los integrantes de Guías Colombia asumieron la sostenibilidad financiera de este espacio. Es así como, dado el énfasis en el fortalecimiento de las conductas empresariales, las empresas aportan anualmente recursos en dinero, mientras que, tanto las empresas como los demás integrantes, realizan aportes en especie esenciales para el adecuado desarrollo de este espacio.

Hasta 2020, todas las empresas interesadas en ser miembros de Guías Colombia, realizaban el mismo aporte en dinero, sin importar su tamaño. Sin embargo, con el fin de democratizar este espacio y generar condiciones de equidad para la participación, sus integrantes aprobaron un esquema de aportes anuales diferenciados sujeto al tamaño de la compañía, que aumentará cada año según el IPC. Estos son los aportes aprobados para el 2021:

Grupo empresarial: $35.000.000
Gran empresa: $25.000.000
Mediana empresa: $15.000.000
Micro y pequeña empresa: $5.000.000

Este esquema diferenciado permite que tanto grupos empresariales como micro, pequeñas y medianas empresas se adhieran a la iniciativa aportando un monto acorde a su tamaño, y puedan acceder a todos los beneficios de la iniciativa. Es un esfuerzo para que empresas de todos los tamaños y sectores avancen en sus responsabilidades frente a los derechos humanos.

¿Cómo adherirse a Guías Colombia?

Como lo establece el Documento de Gobierno Interno, todas las organizaciones que deseen adherirse a Guías Colombia deben manifestar su interés a través de una carta dirigida a la Fundación Ideas para la Paz en su calidad de Secretaría Técnica. Dicha manifestación debe cumplir con los siguientes criterios:

Estar firmada por el máximo nivel directivo de la organización
Manifestar de manera explícita su compromiso con los DDHH y el DIH
Afirmar que conoce y acepta lo consignado en el Documento de Gobierno Interno
Manifestar su compromiso de realizar los aportes económicos o en especie, según corresponda
Asignar una persona dentro de la organización para que participe en las actividades de la iniciativa

¿Cómo se decide el ingreso?

Una vez recibida la manifestación de interés, la Secretaría Técnica la remite para valoración del Comité Directivo de Guías Colombia. Este debe tomar la decisión en un plazo no mayor a un (1) mes, para los ingresos regulares. La Secretaría Técnica informa por escrito al interesado la decisión sobre el ingreso y los pasos siguientes para su vinculación.

Para mayor información sobre Guías Colombia y el proceso de adhesión a la iniciativa, contacte a la Secretaría Técnica al correo electrónico: guiascolombia@ideaspaz.org

mfranco Lun, 19/04/2021 - 21:59

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Lanzan grupo temático para promover enfoque de género en las empresas con apoyo de FIP y Naciones Unidas

mfranco — Thu, 08 Apr 2021 04:20:13 +0000

Lanzan grupo temático para promover enfoque de género en las empresas con apoyo de FIP y Naciones Unidas

El pasado 8 de abril la FIP y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, instalaron el Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos, un espacio multiactor que busca promover el enfoque de género en la conducta empresarial responsable como estrategia para transformar las desigualdades de género en el ámbito empresarial y promover acciones que contribuyan a la equidad.

Al evento de instalación asistieron 28 representantes de entidades estatales del orden nacional y local, gremios, organizaciones de la sociedad civil, universidades, ONG, sindicatos, centros de pensamiento y organizaciones de cooperación internacional, quienes acogieron la invitación de OACNUDH y la FIP para trabajar de manera conjunta.

Entre ellos estaban ACOPI, AECID, Alcaldía de Cali, Cámara de Comercio de Bogotá, Central Única de Trabajadores, Confederación de Trabajadores de Colombia, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Corporación Sisma Mujer, DANE, Escuela Nacional Sindical, Fenalco Cundinamarca, Instituto Danés de Derechos Humanos, Fokus, Konrad Adenauer, Ministerio del Trabajo, ONU Mujeres, Pacto Global Red Colombia, Red Nacional de Mujeres, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de las Mujeres de Medellín y Universidad Externado de Colombia.

Una amplia brecha

Actualmente, las mujeres enfrentan diversas barreras que impiden el acceso y ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad. Como lo señaló Monserrat Solano-Carboni, representante adjunta de OACNUDH en Colombia, el Foro Económico Mundial estima que, para superar las brechas que afectan negativamente a las mujeres y alcanzar la equidad de género, se necesitarán 99.5 años, plazo que podría extenderse al considerar los desafíos del escenario generado por el covid-19. Solano-Carboni puntualizó que “las desigualdades de género son un obstáculo para el desarrollo sostenible y los escenarios cambiantes que enfrenta la región evidencian la urgente necesidad de dar un paso decisivo hacia modelos de desarrollo que incluyan la igualdad de género y la autonomía de las mujeres como eje central”.

En respuesta a esta situación, la FIP y OACNUDH se sumaron para coliderar este Grupo Temático que, en un trabajo conjunto con las entidades participantes, aunará esfuerzos para visibilizar, transformar e incidir en las desigualdades y los impactos que enfrentan las mujeres durante las actividades empresariales. El accionar de este grupo también hará posible el intercambio de experiencias, fortalecerá el conocimiento y la adopción de los estándares en materia de empresas y género, y promoverá instrumentos para la implementación de la perspectiva de género en el sector empresarial en Colombia.

María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP, exaltó que “necesitamos voluntad política y acciones decididas para dar vuelta a la situación de las mujeres en Colombia, donde confluyan el Estado, las empresas y la sociedad. La conformación de este grupo multiactor es un paso fundamental al respecto”. Para esto, puso a disposición del Grupo Temático los esfuerzos adelantados por la FIP, incluyendo su reciente iniciativa de análisis y visibilización de los impactos a las mujeres trabajadoras domésticas, y de los sectores de comercio minorista y hoteles y restaurantes en Colombia durante la pandemia.

Conozca todos los resultados de esta iniciativa aquí

mfranco Jue, 08/04/2021 - 04:20

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