En este análisis también participó Gabriela Sánchez [*]

En la columna anterior, dijimos que el desempleo juvenil es un fenómeno que desencadena problemáticas sociales tan complejas como el reclutamiento de los grupos armados y el aumento de síntomas de enfermedades mentales. También, que algunos de los principales obstáculos que afrontan los jóvenes a la hora de postularse a una oferta laboral son la falta de experiencia y la brecha entre las competencias que poseen y aquellas que requieren los mercados actuales.

Frente a este panorama, es necesario que el sector público y el privado junten esfuerzos para plantear y ejecutar estrategias conjuntas. Respecto a la falta de experiencia, aunque se han dado avances valiosos como la Ley de Primer Empleo (ley 1429 de 2010) o los incentivos que el Gobierno brinda a las empresas por contratar jóvenes menores de 28 años que estén aspirando a su primer empleo en la Ley de Crecimiento (ley 2010 de 2019), el análisis demuestra que las acciones conjuntas no se pueden limitar a abrir vacantes en el sector formal, pues esto solo le apunta a una pequeña porción del problema.

El sector público puede generar políticas públicas que se enfoquen en el desarrollo de habilidades técnicas, socioemocionales y digitales, y que se basen en estudios de mercado que señalen cuáles son las profesiones más demandadas, para cerrar la brecha entre estas profesiones y la formación elegida por los jóvenes. Esta solución puede complementarse apoyando también los nichos de mercado de las profesiones preferidas por los y las jóvenes, a través del fortalecimiento de sectores, como el cultural. Esto permitiría generar desarrollo desde el conocimiento y fomentarlo como gozo y fuente de realización de los jóvenes.

Sector empresarial: ¡Esta es su oportunidad!

Por su parte, el sector privado puede articularse con esta formación por medio de la inserción temprana de jóvenes a empleos formales, utilizando distintos tipos de contratación que posibiliten estudiar y trabajar al mismo tiempo (Kon & Ruiz, 2020). Este punto resulta crucial para el sector empresarial, pues trasciende la mera incidencia en la oferta de trabajo y hace un llamado a tomar acciones en la relación oferta/demanda, promocionando la movilidad de trabajadores, la regulación contractual y la creación de agencias de empleo (Pedraza, 2008).

De igual forma, las empresas podrían realizar alianzas con instituciones educativas para abrir convocatorias en las que se brinde formación especializada a los aspirantes al cargo, para luego pasar a una etapa de selección donde sean contratados aquellos que cuenten con el mejor rendimiento. Este tipo de prácticas eran utilizadas hace algunas décadas en empresas como Telecom, reconocida por presentar buena retención de talento y puede ser bueno rescatarlas. De hecho, algunas empresas como Gas Natural y Fortinet ya están implementando este tipo de alianzas (SENA, 2013; Prada, 2019).

Ya existen algunas estrategias que involucran al sector público y al privado en la solución del problema. Un ejemplo de este tipo de alianzas es el primer Bono de Impacto Social (BIS) en el país, un instrumento financiero creado por el BID en 2017 para que inversionistas privados y Gobierno se alíen con el fin de llevar a cabo proyectos sociales. El uso del primer BIS tuvo como objetivo lograr que poblaciones vulnerables desempleadas consiguieran un trabajo formal: si los beneficiarios conseguían un empleo, el Gobierno y el BID Lab pagaban el 50% del precio pactado, y el otro 50% se pagaba si los beneficiarios se mantenían en su trabajo por lo menos durante tres meses (Plata, s.f.).

El piloto de este programa se llevó a cabo con 1.855 personas (jóvenes desempleados, en situación de pobreza o víctimas del conflicto armado) que recibieron intermediación laboral: 899 aspirantes lograron acceder a un empleo formal y, de ellos, 677 lograron retener su puesto por al menos tres meses (Plata, s.f.). Este tipo de iniciativas sirven de ejemplo de cómo el sector público, apoyado en entidades internacionales, puede apalancar la empleabilidad por medio de incentivos para las empresas.

El mercado informal y la igualdad de género

Debido a las características de la economía nacional, resulta imprescindible tener en cuenta el papel de la economía informal en la experiencia laboral de los jóvenes. Aunque es bien sabida la dificultad para obtener datos sobre la informalidad, es necesario generar esfuerzos conjuntos para conocer cómo se comporta este sector respecto a los y las jóvenes y comenzar a generar planes con el objetivo de fomentar la transición a la formalidad. Teniendo en cuenta que los negocios informales son el punto de partida de la vida laboral de muchos jóvenes, las empresas podrían comenzar a validar este tipo de experiencia a la hora de seleccionar a un candidato.

Otro punto clave para trabajar desde las empresas tiene que ver con la equidad de género. Aunque se ha avanzado en materia de su inclusión en el mercado laboral, falta aún mucho camino por recorrer, especialmente en materia de mujeres jóvenes. Esfuerzos empresariales como el “Club del 30%” (que busca que el porcentaje de mujeres en juntas directivas en el país llegue al 30%, dado que, según la revista Portafolio, para el 2020 se encontraba en 17%) son funcionales para cerrar la brecha de género, pero no se concentran en los obstáculos que las mujeres jóvenes tienen para acceder al mercado laboral.

Es necesario que las políticas de contratación y empleo de las empresas estén diseñadas con enfoque de género, reconociendo que las mujeres, en los diferentes momentos de su vida laboral, atraviesan por diversos obstáculos que el sector empresarial puede subsanar por medio de acciones que discriminen positivamente a esta población, especialmente a las jóvenes.

En cuanto al reclutamiento forzado, si bien el sector empresarial no posee una responsabilidad jurídica frente a los jóvenes —que es del Estado—, consideramos que es oportuna y valiosa la decisión de involucrarse en tratar este problema. Generar oportunidades laborales para jóvenes en los territorios con altos índices de reclutamiento forzado puede representar una forma de mitigar sus efectos en los proyectos de vida de esta población, garantizando una fuente de sustento y bienestar que esté inscrita en la legalidad y el apoyo del Estado.

El desempleo juvenil no es un tema menor: la cifra de cerca de tres millones de jóvenes sin empleo supera el número de habitantes de la segunda ciudad más poblada de Colombia. Encontrar soluciones que amalgamen el accionar decidido de los sectores privado y público es fundamental en la construcción de confianza y mercados laborales incluyentes. Creemos que los y las jóvenes tenemos mucho que aportar a la sociedad colombiana. Nuestras propuestas, así como las lecturas innovadoras que tenemos de la realidad nacional, nos convierten en una fuerza determinante y clave en el desarrollo del país y, para hacerlo, los invitamos a tener las puertas abiertas.