Esta columna se publicó en el Proyecto Migración Venezuela de la revista Semana el 12 de noviembre

Lo que conocemos como el fenómeno migratorio de población venezolana en Colombia está lejos de ser una situación temporal. La encuesta del Observatorio Proyecto Migración Venezuela, realizada en 2019 a migrantes venezolanos en Colombia[1], reveló que el 55% de los encuestados planea regresar a Venezuela y el 37% no tiene planes de hacerlo. En Bogotá, el 61% manifestó no tener el plan de regresar y el 37% de hacerlo. Eso significa que una buena parte de la población venezolana que vive actualmente en Colombia tiene la intención de reconstruir su proyecto de vida en el país o retornar sólo cuando las condiciones en Venezuela lo permitan, algo que aún se ve muy lejano.

Si bien, el Estado colombiano[2] ha impulsado diferentes estrategias para afrontar la crisis migratoria —desde acciones para la atención humanitaria hasta promover el acceso al mercado laboral[3] de migrantes y retornados—, es importante que la apuesta por la integración de población venezolana articule la institucionalidad en el nivel central y responda a las dinámicas de los municipios y departamentos receptores. Un primer paso para la integración es contar con los documentos de permanencia[4] en Colombia; sin embargo, a julio de 2020, Migración Colombia[5] reportó un poco más de 1.731.000 ciudadanos venezolanos radicados en el país, de los cuales cerca del 56% estaban en condición irregular[6]. La mayoría de los migrantes se encuentran en la informalidad por razones diversas, entre ellas dificultades con el permiso de permanencia, un nivel educativo que no responde a la demanda de las empresas, la desconfianza[7] y la estigmatización.

Un avance importante es la aprobación, en segundo debate en el Senado, del proyecto de Ley sobre Política Migratoria del Estado colombiano[8] que, según una de sus ponentes[9], “busca una integración socioeconómica y productiva que fomente el empleo para migrantes, retornados y comunidades de acogida, así como el desarrollo de estrategias para la protección de los derechos humanos de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad que como migrantes han sido afectados, y que además ayudaría también a fortalecer la prevención, atención, investigación y judicialización en los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”.

Será fundamental que esta apuesta por un marco legal sobre migración sea una política que responda a las dinámicas y necesidades actuales y potenciales de la población migrante venezolana y las comunidades de acogida. Además, que incluya un enfoque de corresponsabilidad en el cual distintos actores sociales participen en las soluciones a largo plazo para superar la crisis migratoria. Es importante involucrar al sector empresarial, que no siempre tiene claro cómo contribuir al proceso de integración de los migrantes, empezando porque desconoce la forma de vinculación laboral. Por eso, es fundamental que el sector público y las organizaciones expertas en el tema generen procesos de pedagogía y sensibilización sobre las acciones que las empresas pueden realizar para aportar en esa integración.

Ante la reflexión de muchos sobre lo fundamental que es emplear o atender primero a la población colombiana, vale la pena resaltar que, como la dinámica de migración continuará creciendo y tiene una vocación de permanecer, para el Estado colombiano se vuelve urgente proteger los derechos humanos de todos los que habitan este país, y para la sociedad civil y el sector privado, un compromiso promover y acompañar el proceso de integración. Este tema debe posicionarse en la agenda pública como un fenómeno social a largo plazo que requiere que las administraciones municipales y departamentales actuales, de la mano del Gobierno Nacional, sienten las bases para una política de integración integral y a largo plazo. Si bien desde la institucionalidad este paso es muy importante, el compromiso por combatir la desconfianza, la discriminación, la indiferencia y la estigmatización es de todos. Esto incluye no solamente al Estado en todos los niveles, sino también a las organizaciones sociales, la academia, la cooperación internacional, el sector empresarial, los medios de comunicación, la ciudadanía, y por supuesto, los mismos migrantes venezolanos.

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[1] La Encuesta recogió la percepción de 1.501 migrantes (Hombres y Mujeres con edades entre los 18 a 60 años, pertenecientes a todos los estratos socioeconómicos, residentes en Colombia mínimo hace tres meses y máximo cinco años) en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Medellín.

[6] Las razones para permanecer en Colombia en situación irregular se debe a diversos factores, entre ellos la superación del tiempo regular de permanencia, el ingreso por pasos no autorizados y la falta de documentos de identificación.

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