Esta columna fue publicada en Semana Sostenible el 17 de junio

Todos los días estamos tomando decisiones alrededor del consumo. Sin embargo, no existe una plena consciencia sobre los impactos que estas decisiones pueden llegar a tener en términos de sostenibilidad ambiental, social y económica, ni en coyunturas particulares como la construcción de paz e, incluso, el reto de la reactivación económica en el contexto del covid-19 y la pospandemia.

Un estudio realizado en el 2015 por Semana Sostenible sobre hábitos de consumo, reveló que el 14% de encuestados creía que la guerra y la ausencia de paz eran problemas urgentes en Colombia; el 44% consideraba que comprar y usar productos que reducen el daño ambiental contribuía a obtener un equilibrio con la naturaleza; y un 33% creía que comprar y usar productos de empresas comprometidas con el bienestar social ayudaba a obtener justicia social[1]. Eso nos lleva a pensar que, en Colombia, la mayoría de las decisiones de consumo no se encuentran mediadas e incentivadas por factores que permitirían tener un impacto en la agenda de sostenibilidad y desarrollo equitativo y social del país.

Consumo y sostenibilidad

Frente al impacto y las consecuencias del consumo de bienes y servicios en materia de sostenibilidad, es importante tener en cuenta tres acciones distintas: una es la decisión de qué adquirir; otra el uso que se le da al bien o servicio; y, la tercera, la forma en la que se desecha.

Cada una de estas acciones genera un incentivo o un voto de confianza para un productor o empresa. Para ejemplificar la complejidad y multiplicidad de las variables asociadas a la decisión de consumir, me centraré es una prenda de vestir.

● La decisión de qué adquirir: ¿Comprar a una empresa nacional o extranjera? ¿De qué material es la prenda? ¿Fibras naturales o sintéticas derivadas del petróleo? ¿Dónde se produce? ¿Qué tipo de prácticas en materia laboral implementa la empresa? ¿Es respetuosa de derechos laborales? ¿Qué tan responsable es en materia ambiental? ¿Respeta los derechos humanos?

● La decisión del uso: ¿Qué tan seguido lavaré mi prenda de vestir? ¿Soy consciente que con cada lavado hay vertimiento de químicos y fibras a las fuentes de agua? ¿Qué tipo de detergentes usaré? ¿Serán amigables con el medioambiente? ¿Tendré el cuidado necesario para no tener que desechar la prenda pronto? ¿Estaré dispuesto a repararla de ser necesario?

● La decisión de desechar:¿Realmente es necesario desechar la prenda o es posible repararla y darle uso? ¿Puede ser donada para que alguien más la use? ¿Es posible reciclar sus materiales?

Cuando sumamos estas variables y recordamos que, aproximadamente, se producen 100.000 millones de prendas en un año, comprendemos la importancia y la verdadera magnitud que pueden llegar a tener las decisiones de consumo en la agenda de sostenibilidad global. Si bien, mi ejemplo se enmarcó en un producto textil, esta reflexión aplica a casi cualquier producto o servicio.

¿Puede aportar a la paz la forma en que consumimos?

En la coyuntura actual, un país como Colombia tiene múltiples particularidades que se ven afectadas por la dinámica de producción y consumo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Un primer ejemplo es el proceso de construcción de paz en el que nos encontramos tras la firma del Acuerdo con las FARC.

La construcción de una paz estable y duradera en el país pasa, necesariamente, por un proceso de transformación de los territorios, lo que implica un gran esfuerzo para llevar bienes y servicios públicos a regiones históricamente aisladas a causa del conflicto, pero también para iniciar un proceso de fortalecimiento de sus mercados, sus vocaciones productivas y su capacidad de agenciamiento del desarrollo.

El Acuerdo es claro en la necesidad de reincorporar a excombatientes a la vida civil, lo cual contempla una dimensión económica que se fundamenta en la capacidad que estos tengan de generar ingresos de manera sostenible a partir de iniciativas productivas. Allí también se examina la necesidad de hacer frente a las economías de los cultivos de uso ilícito a través del proceso de sustitución y la generación de alternativas productivas legales para los campesinos cocaleros.

Existen diferentes frentes para impactar desde el consumo de bienes y servicios: privilegiando el consumo de productos generados por economías campesinas provenientes de territorios afectados por el conflicto armado, o consumiendo productos y servicios que se generen a partir de los proyectos productivos de excombatientes, campesinos vinculados al proceso de sustitución de cultivos ilícitos o personas víctimas del conflicto armado.

Este tipo de decisiones favorecen la sostenibilidad de estos proyectos productivos y contribuyen a fortalecer los mercados y emprendimientos de regiones históricamente aisladas del desarrollo.

Consumir para reactivar la economía

De acuerdo con el Gobierno, se espera que la economía caiga en un 5,5% por efecto de la pandemia por el covid-19, lo que se traduce en la peor contracción económica de la historia del país. En esta misma línea, según cálculos de Fedesarrollo, se espera que el desempleo llegue a un 18,2% durante el 2020, lo que significa que, aproximadamente, 1.9 millones de personas quedarán desocupadas[2].

Como consecuencia del confinamiento y la disminución de la demanda de muchos bienes y servicios, hay también una afectación significativa del aparato productivo y particularmente de las pequeñas y medianas empresas, en las que, de acuerdo con una encuesta de percepción realizada por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), el 29% de los consultados manifestó no contar con flujo de caja; un 24% adicional dijo que su flujo de caja le duraría una semana adicional, y otro 24% que le duraría un par de semanas más[3].

Si tenemos en cuenta que esta variable es la que le permite a la empresa sortear gastos cómo nóminas, arriendos o servicios públicos en un momento de repliegue de la demanda, podemos dimensionar el impacto de la crisis en las Mipymes colombianas.

A esta coyuntura debemos agregar que nuestro aparato productivo está conformado en un 99,5% por Pymes y, particularmente, en un 92,4% por microempresas (que, a su vez, representan el 80% del empleo del país, de acuerdo con datos de Confecamaras y del Dane, respectivamente)[4]

En ese sentido, la protección y reactivación del empleo implica necesariamente tomar medidas contundentes de apoyo, protección y fortalecimiento de las MiPymes, donde confluyen responsabilidades de múltiples actores.

Por eso vale la pena abordar la decisión del consumo como un factor para la protección de las MiPymes, a través de la adquisición de bienes y servicios a empresas locales pequeñas y medianas que están luchando para mantener un flujo de caja que les permita permanecer en el mercado y generar empleo. Así como preferir los productos nacionales o elegir consumir productos o servicios de empresas que hicieron el esfuerzo de mantener sus nóminas durante el confinamiento y actuaron responsable y solidariamente en la crisis.

En ese sentido, la FIP habilitó el buscador Acción CovidCol[5], donde se pueden conocer iniciativas y acciones del sector empresarial durante la crisis sanitaria.

¿Qué podemos hacer?

Aunque la sostenibilidad, la construcción de paz o la reactivación económica en la crisis del covid-19 exceden la responsabilidad exclusiva del consumidor, y son los gobiernos, empresas y organismos internacionales los llamados a su materialización, es posible generar impactos positivos desde la decisión de consumir.

En un país como Colombia aún es necesario cualificar el consumo y hacer de este un acto consciente e informado que genere impactos económicos, sociales y políticos. Cada elección por parte de un consumidor es un voto de confianza con un productor o empresa y tiene consecuencias e incentivos en el sistema que pueden tener impactos positivos.

Son muchas las medidas en materia de política pública que se pueden implementar para jalonar un consumo consciente y sostenible. Por ejemplo, habilitar mecanismos para disponer de información precisa y transparente sobre los productos y servicios disponibles en el mercado. Las empresas y gremios también deben informar transparentemente sobre sus procesos internos, haciendo visibles las prácticas sostenibles y que aportan al desarrollo económico o a la paz en Colombia. Solo así el consumidor podrá contar con mayores elementos para generar impactos positivos a partir de sus decisiones de consumo.

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[1] Dime qué compras y te diré en qué crees: https://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes...

[2] Histórico! La economía colombiana caería este año 5,5%: https://www.dinero.com/economia/articulo/pib-de-c...

[3] ACOPI Bogotá – Cundinamarca. (2020). Boletín 006/2020: Solo una de cada diez empresas continuaría con el personal completo de no subsidiarse la nómina. Tomado de: https://acopibogota.org.co/wp-content/uploads/202...

[4] Demografía de Empresas [Base de datos]. (2019). Confecámaras.

[5] Las empresas en tiempos del Covid-19: http://www.ideaspaz.org/especiales/empresas-covid...