Esta columna se publicó el 18 de agosto de 2020 en el Observatorio de Inversión Privada

Todos jugamos un papel en la construcción de paz, en la recuperación de las condiciones dignas de vida y en la generación de desarrollo en las regiones más afectadas por el conflicto. Esto no solo involucra a las personas, sino a los diversos sectores de la sociedad. Por su actividad y presencia en las regiones, uno de los que tiene mayor relevancia es el sector empresarial, que juega un rol clave en el desarrollo económico, por lo que, participar en la construcción de paz no es solo una responsabilidad ética y moral, sino una oportunidad de negocio^[1].

En la FIP, con el apoyo de la Embajada de Suecia, hemos venido desarrollando un trabajo con empresarios de tres subregiones PDET: Alto Patía - Norte del Cauca, Montes de María y Sierra Nevada - Perijá, que nos ha permitido entablar una relación cercana con alrededor de 120 representantes del sector empresarial, de diversos tamaños y sectores (incluidos líderes gremiales). Las reflexiones que han surgido de esta experiencia pueden servir para desarrollar estrategias cada vez más efectivas de articulación empresarial con las iniciativas de desarrollo territorial y construcción de paz a nivel regional.

La primera de ellas es que una buena estrategia debe partir de reconocer la diversidad empresarial. El sector empresarial en Colombia se caracteriza por su heterogeneidad, tanto en el tamaño de las empresas como en los sectores a los que pertenecen. Según Confecámaras^[2], el 98% de las empresas en Colombia en 2019 eran micro y pequeñas empresas; con respecto a los sectores, aquellos que prevalecen en el país son el comercio, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y las industrias manufactureras^[3]. Eso sin contar con la informalidad empresarial, que para 2018 representaba el 50% de las firmas, el 37% de los trabajadores y el 33% de la producción nacional^[4].

Si bien los mecanismos más relevantes de participación empresarial en materia de paz están formulados para grandes empresas, como es un sector tan diverso, es necesario pensar en estrategias cada vez más amplias y salidas de lo tradicional.

La segunda reflexión —y quizás más obvia— es que las estrategias serán más sostenibles si todos se benefician. En la medida en que las empresas puedan contribuir a la construcción de paz desde el core de su negocio, y no solamente desde los aportes voluntarios o donaciones, se podrán garantizar apuestas a mayor escala, impacto y durabilidad. Se trata de buscar una fórmula gana-gana para que, desde la actividad propia del negocio, se genere valor para el entorno.

Ejemplos puntuales que hemos identificado en las regiones en las que trabajamos son, entre otros, el fortalecimiento de mercados locales o la generación de alternativas para el desarrollo económico en zonas altamente afectadas por el conflicto a través de la inclusión de bienes y servicios locales y de economías campesinas en sus cadenas de valor, manteniendo una política de pagos justos. También, facilitar el acceso de este tipo de productos a nuevos mercados e impulsar agendas de competitividad e innovación en estas zonas.

Sin duda, en estas regiones, las estrategias más efectivas de aporte y vinculación empresarial a la construcción de paz serán las que se realicen a través de los mecanismos que han diseñado los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Y aunque el proceso de construcción no contó con una estrategia enfocada en este sector, aún existen posibilidades de vincularse activamente en los procesos de formulación de hojas de ruta y en los ejercicios de priorización de proyectos dentro de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PART). Por esta vía, será posible identificar proyectos con alta participación comunitaria que resulten en alternativas beneficiosas para todos.

La tercera y última reflexión es que las empresas tienen mucho que aportar, además de las inversiones monetarias. Sobre todo en materia de reconstrucción del tejido social y generación de confianza,. un componente crucial del (re)establecimiento de relaciones cordiales y colaborativas en la fase de transición hacia el posconflicto. Por eso, promover la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, con las mismas empresas y entre individuos, es una contribución que se traduce en mejores relaciones para todos, menores conflictividades y una actividad económica próspera y sostenible.

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